Antonio José Chinchetru (ALN).- Ha transcurrido más de una década y media desde el paro petrolero de 2002, pero el chavismo sigue castigando a los trabajadores y directivos que se declararon en huelga. El daño real a PDVSA, condenada a una decadencia absoluta, lo han causado el Gobierno y aquellos a los que ha puesto al frente de la compañía. A las pérdidas económicas se suman numerosas muertes y la degradación de las condiciones laborales.
PDVSA ha llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a 132 antiguos trabajadores de la empresa por el paro petrolero de 2002 (Ver más: PDVSA quiere cobrarle a más de 100 extrabajadores los daños del paro petrolero de 2002). El daño a la compañía, sin embargo, ha sido causado en la década y media transcurrida desde aquellas protestas y la posterior depuración ideológica de la misma, que culminó con el despido de unos 23.000 empleados de la petrolera y sus filiales. En opinión de Eddie Ramírez, quien llegó a presidir la subsidiaria Palmaven y destacó entre los portavoces del paro, los ahora demandados son “daños colaterales” de una guerra interna chavista.
En conversación con ALnavío, Ramírez asegura: “Como han hecho imputaciones a la administración de Rafael Ramírez y hay muchos casos de corrupción, supongo que alguien dijo ‘¿cómo es posible que estén acusando a los que fueron nuestros y no a aquellos que nos adversaron desde un principio?’”. Asimismo, destaca: “No han podido señalar a nadie por hacer algo, una demanda tiene que proceder con una acusación formal. Todos los señalamientos son que asistió a una rueda de prensa, dio unas declaraciones o incluso que estaba presente en una rueda de prensa como público”.
Eddie Ramírez: “No reconocieron las prestaciones legales a todos los que despidieron”
Los ahora demandados por PDVSA hacen frente a una larga historia de depuración ideológica y castigo. Cuando Alí Rodríguez asumió “plenos poderes para manejar la empresa” el 7 de diciembre de 2002 comenzaron los despidos. Estos se produjeron en masa en enero de 2003, recuera el antiguo presidente de Palmaven. Eddie Ramírez explica: “No reconocieron las prestaciones legales a todos los que despidieron. En Venezuela hay que dar a quien se despide las prestaciones y el fondo de ahorros, que parte lo pone la empresa y parte lo ponía el trabajador. Pertenece al trabajador, estaba acumulado, pero eso no se lo dieron a nadie”.
Su caso tiene unas características singulares. Debido a su protagonismo como vocero del paro petrolero, el castigo fue especialmente severo. Accedió a la jubilación en octubre, tras lo que se fue de vacaciones, ya retirado. Sin embargo, Alí Rodríguez le despidió meses después “por inasistencia al trabajo”, según relata, algo imposible porque ya no estaba activo. Debido a las supuestas causas de su despido hasta le negaron la pensión de jubilación. Posteriormente le impusieron una multa de 129 millones de bolívares, “incluso superior a la que pusieron a los que habían estado al frente de la lucha”, por lo que había dejado de producir PDVSA en el paro.
Recuerda que la compañía que presidía, Palmaven, “una empresa de responsabilidad social, donde trabajábamos la parte ambiental, agrícola y social, no tenía nada que ver con las operaciones”. A pesar de eso, también hubo numerosos despidos.
Destaca que, en ningún caso, en el conjunto de PDVSA, quienes participaron en la huelga dañaron las instalaciones. “Las refinerías se entregaron en perfectas condiciones, tanto que PDVSA logró recuperar la producción en pocas semanas. No hubo ningún daño, ningún sabotaje, porque eso no está en la mentalidad de ningún trabajador petrolero”, apunta.
La factura de 15 años de la PDVSA ideologizada
Ramírez indica que tras recuperarse en pocas semanas la producción, PDVSA “estuvo marchando por inercia durante un tiempo”, pero que las cosas cambiaron pronto. “Cuando dejaron de hacer inversiones y el mantenimiento, cuando pusieron gerentes que no tenían la cualificación adecuada e ingresaron muchos activistas políticos, la producción se vino abajo y hoy está en 1.482.000 barriles diarios”. Esta cifra está muy alejada de los más de 3,2 millones de barriles al día anteriores, e incluso más lejos de los objetivos marcados de seis millones de barriles por jornada para 2019.
Uno de los grandes daños ha sido la pérdida de capacidad de refino de petróleo en la propia Venezuela
Uno de los grandes daños ha sido la pérdida de capacidad de refino de petróleo en la propia Venezuela. De todas las refinerías existentes en el país, en la actualidad tan sólo la de Amuay (en el estado Falcón) está en condiciones de funcionar, según denunció hace unos días Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Se da la circunstancia de que en esas instalaciones se produjo en 2012 una de las mayores tragedias de la historia de la industria petrolera venezolana, al producirse una explosión y un incendio que se cobraron la vida de 55 personas y causaron 156 heridos.
Pero no sólo se han perdido las refinerías en territorio venezolano. En 2001, PDVSA había adquirido la propiedad total o parcial de 18 instalaciones de este tipo en Europa y EEUU, lo que le daba una capacidad de procesamiento internacional de casi dos millones de barriles diarios. Posteriormente las vendió, y a cambio abrió una en Cuba, que recientemente fue expropiada por el gobierno de Raúl Castro alegando una deuda pendiente, otra en República Dominicana y una tercera en Jamaica.
En opinión de Ramírez, PDVSA “cambió zapatos por alpargatas”. El antiguo directivo explica que “al adquirir refinerías en EEUU y Europa se compró mercado, era la garantía de que si se aumentaba la producción en Venezuela había dónde colocar el petróleo” y eso ya no es posible.
Cayó la capacidad de refino, pero también la de extracción de petróleo. Campo Furrial, que llegó a producir 453.000 barriles diarios, y otros yacimientos del Oriente de Venezuela se encuentran en decadencia. Dejaron de ser productivos a partir de 2009, en una época en la que el crudo se cotizaba entre 70 y 80 dólares el barril. “El principal declinamiento de El Furrial se debió a un mal manejo del yacimiento”, explica Ramírez. Este yacimiento producía apenas 198.000 barriles diarios en 2015.
“En la Costa Oriental del Lago de Maracaibo al mal manejo se sumó la nacionalización de las empresas que prestaban servicios y eso está abandonado y se vino abajo mucho más fácilmente”, añade. En el Lago de Maracaibo se extraían casi 1,1 millones de barriles al día, pero en 2015 la cifra cayó hasta 706.000 barriles por jornada.
Desde un punto de vista económico, también ha causado un daño muy importante la decisión política de renunciar a la orimulsión. Se trata de una técnica inventada en Venezuela para mezclar petróleo pesado con agua y un agente multiplicante. El resultado no era válido para las refinerías, pero sí para generar electricidad en plantas termoeléctricas. De hecho, se firmaron convenios con Italia, Canadá, China y otros países para vendérselo. Ramírez recuerda que cuando se les dejó de proveer de este combustible, esos países demandaron a PDVSA, y que en algunos casos la petrolera ya ha perdido los juicios.
Ramírez señala que los responsables de PDVSA “decidieron que era mejor mezclar petróleo pesado con liviano y que era mejor negocio. El problema es que como no tenemos petróleo liviano ahora tenemos que importarlo, así que resultó un negocio pésimo y se eliminó una opción interesante”.
Pérdidas humanas por accidentes laborales
En el antes citado desastre de la refinería de Amuay, las pérdidas económicas estimadas son de 1.000 millones de dólares. Eso sin contar con el costo en vidas humanas. Ramírez explica lo que ocurrió: “Fue mal mantenimiento, que generó problemas con una válvula. Cuando se detectó una fuga por esa válvula no se preocuparon en aplicar de inmediato los planes de emergencia y evacuación. Fue un asesinato”.
Y añade: “Eulogio del Pino, que fue presidente de PDVSA y ahora está encarcelado por supuestamente corrupción, declaró que tuvieron que disminuir el mantenimiento en las refinerías para poder dar dinero a las misiones sociales del Gobierno. Es una confesión de parte”.
El fallecimiento de trabajadores es una de las facturas más importante que está dejando el chavismo a PDVSA
El fallecimiento de trabajadores es una de las facturas más importantes que está dejando el chavismo a PDVSA. Se estima que en los últimos años han muerto 1.000 personas en accidentes laborales. El antiguo presidente de Palmaven señala: “En estas empresas de alto riesgo es inevitable que ocurran accidentes, lo que no debería ocurrir es por falta de mantenimiento, entrenamiento del personal y medidas de seguridad. Eso es imperdonable que ocurra”. Explica: “Cuando despides a tanta gente con experiencia y conocimiento, afecta muchísimo. Al obrero capacitado no lo formas de un día para otro”. En el pasado, en PDVSA se producía una media de dos fallecimientos en accidentes laborales por año, muy por debajo de las cifras actuales.
No sólo ha empeorado la seguridad de los trabajadores de la petrolera venezolana. También sus condiciones laborales y su capacidad adquisitiva. Ramírez señala: “A los trabajadores no les alcanza el sueldo, ni a ellos ni a ningún venezolano. Con una inflación como la que hay, es imposible. Los sueldos en PDVSA eran buenos, pero estaban dentro del 75 percentil de las empresas venezolanas, ni tan siquiera comparado con las petroleras que estaban en el país. Hoy en día no están ganando nada”.
Esto afecta incluso a las gasolineras privadas que venden combustible para automóviles. Ramírez cuenta: “La estación de servicio vende la gasolina al precio al que llega y le dan un subsidio. Están cerrando estaciones de servicio porque los subsidios del Gobierno no alcanzan para mantener los costos fijos. Seguirán las estaciones de servicio propias del Gobierno, pero las filas para echar gasolina serán muy grandes”.
Fuga de talentos y pérdida de capacitación
Un problema añadido al que tiene que hacer frente PDVSA es la constante fuga de talento. Durante unos años esto se frenó debido a que no se generaba empleo en el sector en el extranjero, pero ha habido una recuperación y ahora existe la posibilidad de marcharse. Ramírez explica que uno de los motivos es la pérdida de capacidad adquisitiva de los sueldos debido a la hiperinflación, pero no es el único.
Otro es “la obligación de acudir a actos políticos, marchas, etcétera. Llega un momento en que se cansan de ese servilismo y de agachar la cabeza”.
La pérdida de talento es difícil de compensar, puesto que la empresa ha perdido los medios que tenía para capacitar a buenos profesionales
Un tercero es la falta de seguridad. “Quienes trabajan en áreas críticas se dan cuenta de que en cualquier momento puede ocurrir un accidente”, señala. Se le suman “las cuestiones de corrupción. Cuando trabajas en una empresa en la que ves que tu jefe está robando prefieres irte porque en el futuro te puede caer a ti parte de la responsabilidad”. Una quinta razón es “tener gerentes que no están cualificados; no hay cosa más frustrante para un trabajador que estar bajo las órdenes de quien no tiene méritos para ello”.
La pérdida de talento es difícil de compensar, puesto que la empresa ha perdido los medios que tenía para capacitar a buenos profesionales. En palabras de Ramírez: “Una de las marcas de PDVSA era la formación a todos los niveles, para eso se había creado el Centro Internacional de Enseñanza, donde se formaban desde presidentes de empresas hasta obreros artesanales. Esto se eliminó. Se suma que por las restricciones de divisas está limitado el envío de trabajadores a hacer cursos de postgrado al extranjero. Antes sabías que si tenías un buen rendimiento en poco tiempo saldrías a hacer un curso de especialización. Eso se ha ido perdiendo gradualmente”.
