Moris Beracha (ALN).- Los private equity no solamente han sido uno de los principales financistas de emprendimientos, pequeñas y medianas industrias, sino que también han permitido aportar recursos a fondos o proyectos que claramente tienen políticas para frenar el cambio climático, el calentamiento global y están a favor de la Declaración de París para la reducción de gases contaminantes.
Resulta que en varios países se han creado empresas dirigidas a promover la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables como la eólica o el uso de celdas fotovoltaicas.
Las cifras que se manejan desde el año 2014 hasta el primer trimestre de 2019 indican que los private equity han sido capaces de levantar recursos por el orden de 485.000 millones de dólares, según registra una de las firmas de monitoreo de este tipo de inversiones como es EPFR Global.
Esto abarca desde industrias, transporte, construcción de inmuebles o edificios inteligentes, agricultura, empresas de consultoría, desarrollo de vehículos eléctricos, o cualquier actividad comercial focalizada o sustentada en temas energéticos y no contaminantes.
Esto abarca desde industrias, transporte, construcción de inmuebles o edificios inteligentes, agricultura, empresas de consultoría en esta área, desarrollo de vehículos eléctricos, o cualquier actividad comercial focalizada o sustentada en temas energéticos y no contaminantes. En algunos casos, como ocurre en Europa, las políticas ambientales de los gobiernos imponen asumir este tipo de inversiones y muchas veces se cuenta con incentivos fiscales, lo que abarata costos y hace atractiva la inversión.
Muchas de estas empresas están cumpliendo lo que se conoce como los principios de inversión responsable -PRI por las siglas en inglés de Principles for Responsible Investment– que surgieron en 2005 como una iniciativa del entonces secretario de la Organización de la Naciones Unidas, Kofi Annan.
Dentro de ese proyecto ha surgido la necesidad de involucrar a los private equity en las distintas modalidades y por eso se presentó una guía que argumenta las razones de por qué este tipo de financiamiento debe incorporar como fundamento la preocupación sobre el cambio climático, y también presenta un marco de actuación para Limited Partners (LPs) and General Partners (GPs).
En el documento se señala que los inversionistas institucionales exigen cada vez más una mayor consideración de las oportunidades y riesgos que representa el cambio climático y asumen como un deber fiduciario integrar este tema en el proceso de inversión, porque les permite tomar decisiones, mejorar el desempeño y reducir el riesgo.
El PRI indica a los private equity -con datos de la Agencia Internacional de Energía– que se requieren inversiones por el orden de 13.500 millones de dólares para 2030 sólo con el fin de lograr la reducción de emisiones que se estableció en la Declaración de París.
La firma consultora McKinsey prevé inversiones por 6.000 millones de dólares en los próximos 15 años para empresas de servicios y cadenas de suministro que respalden el crecimiento empresarial libre de carbono.
Obviamente hay resistencias. Hay frenos. El actual gobierno de Estados Unidos ha marcado una revisión de su antecesor con respecto a la política ambiental y el Acuerdo de París, pero sin lugar a dudas los números evidencian que hay espacios para la innovación y para la capitalización de los private equity en proyectos que sean rentables y estén marcados por el desarrollo sustentable.
