(EFE).- España anunció este jueves que se une al procedimiento abierto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en las operaciones de la ofensiva militar en la Franja palestina de Gaza.
Es una decisión que se enmarca en la apuesta española por lograr la paz en Oriente Medio, según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
El paso dado por el Gobierno español, que preside Pedro Sánchez, plantea una serie de cuestiones sobre el alcance del mismo, sobre el procedimiento abierto por la CIJ y sobre el papel de este órgano judicial de las Naciones Unidas.
1- ¿Por qué se adopta la decisión?
El ministro de Asuntos Exteriores explicó en rueda de prensa hoy que se hace para fortalecer a Naciones Unidas, apoyando el papel de su tribunal y las medidas cautelares dictadas por el mismo. Con ello, quiso dejar claro, España no se pronuncia sobre el delito en sí.
2.- ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
Con sede en La Haya (Países Bajos), la CIJ es el principal órgano judicial de la ONU y se dedica a decidir sobre las controversias jurídicas entre Estados. Está formada por quince magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.
3.- ¿En qué consiste el procedimiento contra Israel?
El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica, cuyo Gobierno ha sido históricamente un firme defensor de la causa palestina, presentó una demanda ante la CIJ contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza.
Tras la demanda de Sudáfrica, la corte de La Haya dictó el 26 de enero medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos «inmediatos y efectivos» que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigió un «alto el fuego», como había solicitado Sudáfrica.
A esta decisión le han seguido otras medidas cautelares que se aplican mientras se resuelve el fondo del procedimiento iniciado contra Israel, aunque las mismas no son una sentencia sobre el caso en sí, algo que tardará años en llegar.
El pasado 24 de mayo, la Corte Internacional dio un paso más al exigir a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah (extremo sur de la Franja), de donde ya han huido más de un millón de gazatíes. El fin era evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos de Gaza como grupo protegido por la Convención contra el Genocidio.
Al mismo tiempo, pidió la liberación inmediata de los rehenes secuestrados durante el ataque cometido por el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron asesinadas unas 1.200 personas.
Las operaciones israelíes han causado en Gaza más de 36.580 muertos y 83.000 heridos hasta ahora, además de unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros, según el ministerio gazatí de Sanidad, controlado por Hamás.
4.- ¿Cómo interviene España en el procedimiento?
Albares explicó que España interviene en aplicación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que permite a los Estados participar en el proceso.
La intervención se sustancia, indicó, con la presentación de un primer documento breve, en el que se anuncia la intención de España de intervenir; le sigue otro más extenso, que se está terminando de preparar por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que contendrá los elementos interpretativos para ayudar a la CIJ a dictar sentencia y tomar medidas cautelares.
5.- ¿Es el mismo procedimiento que se sigue en la Corte Penal Internacional?
No. Son dos procedimientos y órganos distintos. La Corte Penal Internacional -con la que España también colabora- es un tribunal penal que juzga a individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, mientras que los casos que dirime la CIJ afectan a países.
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