Rafael Alba (ALN).- Las patronales se oponen frontalmente a la derogación de la reforma laboral que incluye el pacto programático suscrito entre PSOE y Podemos. Desde el entorno de Nadia Calviño hay contactos discretos con el empresariado para mantener abiertos los canales de diálogo.
Poco antes de que los desesperanzados ciudadanos españoles despidieran 2019, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos socios fundamentales de ese nuevo gobierno de coalición que viene, temido y anhelado casi al 50% por unos y otros, presentaron con detalle los términos de su pacto programático. Y, tal y como se esperaba, la enumeración de los propósitos en materia económica del PSOE y Podemos para la próxima legislatura hizo que los empresarios españoles terminaran 2019 con la certeza de que la peor de sus pesadillas estaba a punto de hacerse realidad. O poco más o menos. Aún sumergidos en el compás de espera al que les había sometido la izquierda independentista catalana antes de anunciar que daría vía libre a la investidura, Sánchez e Iglesias aprovecharon el impasse para revelar las claves de su acuerdo. Un texto, en su opinión, a la medida de esa mayoría de izquierdas que existe en España, a tenor de los resultados de las últimas elecciones. Y también quizá, según la visión de las organizaciones empresariales, una colección de medidas, “más cercana al populismo que a la ortodoxia”, que “impactarán de forma muy negativa en la economía”.
Así están las cosas, donde unos ven un compendio de recetas económicas realistas y efectivas para avanzar hacia el objetivo de mejorar la situación de las capas más desfavorecidas de la sociedad que, en lo que tal vez sea una imposible cuadratura del círculo, se propone también aumentar el gasto y la recaudación sin poner en peligro los objetivos de déficit comprometidos con la Unión Europea (UE), otros encuentran una acumulación de despropósitos que destruirán empleo, desincentivarán la inversión y dejarán sin espacio cualquier posibilidad de diálogo constructivo entre los agentes sociales. Porque este programa tiene muy poco que ver con la generación del clima de moderación y estabilidad que exigían para asegurar el futuro los responsables del tejido productivo español. Como se ve la discrepancia entre las partes es total. Pero más allá de los fuegos de artificio dialécticos de ahora, cuando arranque la legislatura, a unos y otros no les quedará más remedio que buscar puntos de acuerdo.
Por eso, según algunas fuentes consultadas por el diario ALnavío, los emisarios encargados de tender los puentes ya han empezado a intercambiar mensajes. Para que cuando los papeles se transformen en leyes y reglamentos, acaben por resultar más o menos aceptables para todos. Y, en este sentido, la primera gran prueba de fuego está en el futuro que le espera a la reforma del mercado laboral que puso en marcha el PP de Mariano Rajoy como vehículo imprescindible para salir de la crisis. Un texto flexible y moderado, en opinión de las organizaciones empresariales, que hizo posible la supervivencia de muchas pequeñas empresas al abaratar los costes del despido e introducir mejoras sustanciales en las fórmulas de contratación vigentes y que, sin embargo, constituía una afrenta a la clase trabajadora y una imposición por decreto de la pobreza y el trabajo precario, según la visión de la ley de los sindicatos y las organizaciones políticas de izquierdas. Los mismos que ahora buscarían su derogación total y absoluta.
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Los empresarios y las leyes laborales
Algo que intentan impedir a cualquier precio las organizaciones empresariales que sí parecían dispuestas a asumir algunos cambios. Un lavado de cara que limará ciertas aristas que provocaron mucha tensión social en su momento, como la limitación del plazo legal de la ultraactividad de los convenios colectivos a una duración máxima de un año. Una disposición que dejaba a los sindicatos en una pésima posición negociadora, porque en caso de no alcanzarse un nuevo pacto en 365 días, dejaba casi por completo en manos de la empresa toda decisión al respecto, al darle la posibilidad de acogerse al convenio colectivo del sector, aunque este fijara unas condiciones laborales peores para los empleados que las que se incluían en el pacto empresarial vencido. Ese entorno normativo hacía que los sindicatos tuvieran que negociar siempre con un pie en el abismo y propiciaba los recortes salariales a la carta, incluso en empresas cuyos beneficios no se hubieran visto afectados por la crisis.
Era obvio, que un gobierno de izquierdas iba a cambiar esa situación. Los empresarios lo sabían y lo saben. Y lo tienen asumido. Entre otras cosas, porque en los últimos tiempos, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había puesto coto a esta barra libre negociadoras, al dictaminar en varios casos concretos que las condiciones inicialmente asumidas por dos partes en un contrato no pueden ser cambiadas unilateralmente. De modo que, en cualquier caso, la limitación de la ultraactividad ya estaba tocada de muerte. Para la patronal ese cambio, y algún otro que pudiera pactarse con los sindicatos y el nuevo gobierno, no debería afectar al conjunto de las normas incluidas en la reforma laboral de Rajoy, cuya esencia, en lo tocante a la flexibilidad de la contratación, debe mantenerse a toda costa. Porque lo contrario, según su visión, sería volver al viejo entorno de hiperregulación y barreras infranqueables para los autónomos y las pequeñas empresas que habían institucionalizado, antes del puñetazo del PP sobre la mesa, tanto la economía sumergida como la condición estructural de debilidad de un mercado laboral incapaz de generar empleo y combatir el paro.
Y, a pesar de lo expresado en el pacto de gobierno, este deseo empresarial a lo mejor se ve cumplido, al fin al cabo. En realidad, aún está por ver si la ley que regula el mercado laboral español será derogada en su totalidad, reformada en parte, o si las posiciones de la patronal se incorporan, tras una negociación entre partes, a las disposiciones del nuevo Estatuto de los Trabajadores que Sánchez quiere aprobar, tal y como algunos interlocutores moderados del entorno de la ministra de Economía y próxima vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, han explicado a destacados miembros de la clase empresarial hispana, según fuentes consultadas por el diario ALnavío. Lo fundamental es que el pacto y todas las medidas más polémicas incluidas en él, desde la derogación de la reforma laboral, el aumento del salario mínimo, hasta el aumento de los impuestos para las empresas, funcionarían más como una especie de carta a los reyes que como un tratamiento económico de aplicación inmediata.
Pedro Sánchez y el equilibrio presupuestario
Al menos así sería, según esta visión, defendida también por notables expertos y columnistas como Emilio Ontiveros, muy cercanos al núcleo duro de la inteligencia económica del PSOE, que argumentan que todos estos objetivos máximos quedan condicionados en el pacto de gobierno suscrito con Podemos, a dos grandes condicionantes que están por encima de todo: la consolidación del crecimiento y la creación de empleo, por un lado, y la justicia social y el equilibrio presupuestario por el otro. En la actual coyuntura de enfriamiento económico, estos propósitos constituyen un freno evidente y una ralentización obvia para la aplicación de cualquier medida que pudiera amenazarles. Así que nada de esto se hará inmediatamente. Ni se hará, sobre todo, si se agota el margen, ya escaso, de que dispondrá el gobierno para cumplir con las recomendaciones que le han llegado desde la Comisión Europea, que ha exigido a España recortes por valor de unos 10.000 millones de euros en el próximo ejercicio o un aumento similar de la recaudación fiscal para asegurarse de que el déficit sigue bajo control.
Así que, por ahora, alegrías las justas. Porque puede que, al final, esos objetivos de corte social e igualitario anunciados con bombos y platillos por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se queden en unos pocos retoques con los que calmar a los militantes más radicales. Más o menos, como pasó en Grecia cuando Syriza llegó al poder y la dura realidad aplacó el impulso revolucionario de Alexis Tsipras, el espejo en el que, tal vez, deberá mirarse más pronto que tarde el secretario general de Podemos. Puede ser verdad pero, por ahora, los empresarios recelan. En algunas conversaciones privadas, hay altos cargos de la patronal que comprenden la necesidad de ganar tiempo que tiene ahora Pedro Sánchez. Asumen que lo fundamental en este contexto es que el Ejecutivo eche a andar y aceptan que las declaraciones incendiarias de cara a la afición tal vez formen todavía parte de una liturgia inevitable que se irá disipando cuando el gobierno deje de ser provisional y tenga que pasar “de las musas al teatro”, tanto en esta materia que nos ocupa, como en otras igualmente controvertidas, como el futuro de la relación entre el PSOE y Podemos, y los independentistas catalanes de izquierda.
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Pero, por si acaso, desde las organizaciones empresariales se mantendrá la presión. E incluso se incrementará a medio plazo, cuando Sánchez e Iglesias tengan que hallar socios para cerrar los nuevos Presupuestos del Estado. Allí buscarán socios políticos moderados, sin descartar desde luego a los nacionalistas vascos del PNV, que les ayuden a sacar adelante sus pretensiones. En cuanto al mercado laboral, como decíamos antes, pero también en la fijación de un entorno fiscal que propicie la necesaria competitividad de las empresas españolas en el entorno internacional. Es decir, que modere y matice las subidas que parecen anunciarse en el pacto de gobierno. Nada nuevo, por otra parte, ni que no conozca de primera mano el propio Pedro Sánchez, quien se ha entrevistado unas cuantas veces con Antonio Garamendi, el presidente de la patronal española, que nunca le ha ocultado ni estas pretensiones, ni su inquietud por la entrada en el Ejecutivo de Pablo Iglesias. Un político al que la mayoría de los empresarios hispanos siguen viendo como un auténtico lobo, por mucho que ahora intente ocultar sus garras bajo una perfecta piel de cordero.
