Leopoldo Martinez Nucete (ALN).- Para que estas medidas tengan éxito, es necesario que induzcan un cambio político ordenado en el corto plazo, o tendrían que ser parte de una estrategia integral que facilite una transición negociada en Venezuela. Pero si nada de eso sucede y el régimen resiste, la tormenta o toma el control de estos activos en poder de los licenciatarios, la decisión conlleva riesgos importantes para la causa por restablecer la democracia en Venezuela.
El 21 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia general en referencia a las sanciones de Venezuela que limitó en gran medida las operaciones de 5 empresas dedicadas a la industria petrolera. Estas compañías, hasta esta la fecha, estaban exentas de sanciones y tenían permiso para operar en Venezuela. Chevron es la más importante entre ellas. Las otras cuatro son Halliburton, Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc.
En entrevista para IQ Latino, el vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, explicó que “esta nueva ronda de restricciones endurece lo que la administración Trump llama una campaña de máxima presión económica, diseñada para privar al régimen de Maduro de recursos y de la capacidad de mantener su aparato de control popular”.
Farnsworth agregó que la administración había anticipado esta medida durante algún tiempo y que espera que “estos nuevos pasos crearán un shock para el régimen que hará que sea cada vez más difícil mantenerse en el poder”.
El Departamento del Tesoro había liberado a las 5 empresas de la Orden Ejecutiva 13850 (“Bloqueo de propiedad a personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela”) desde enero 2019, autorizándolas a funcionar en conjunto con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) a través de 6 licencias distintas. La más reciente iba a expirar el 22 de abril y debía ser renovada de alguna manera, o terminada.
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El New York Times reportó que la decisión de finalmente implementar estas restricciones ocurrió después de un “debate intenso en la administración”. Unos argumentaban que Estados Unidos debería mantener presencia corporativa en Venezuela en vez de abrir más oportunidades a Rusia y China, mientras otros insistían que extender los permisos a las 5 entidades ayudarían a Maduro a quedarse en el gobierno. Finalmente prevaleció el segundo grupo.
La fecha de expiración de la licencia anterior coincidió con el precio de crudo a futuro más bajo de la historia— menos 38 dólares. Desde entonces, ha subido cerca de 15 dólares. Bajo este contexto, el experto venezolano Francisco Monaldi le dijo a Reuters que “el colapso de los precios hacía prácticamente irrelevante la presencia de Chevron en Venezuela”. Agregó que si los precios de petróleo se recuperan en los próximos 3 o 4 meses, estas medidas pasarían a ser “más relevantes”.
Chevron, que ha operado en Venezuela desde 1921, trabaja con PDVSA en cuatro proyectos. Dos de ellos, Petroboscán y Petropiar, producían casi 25% del petróleo del país. Sin embargo, según Bloomberg News, la producción de Petropiar cayó 58% desde enero a mediados de marzo de 2020.
Ahora Chevron tiene prohibido producir petróleo venezolano (incluyendo la perforación, venta y transporte), invertir en infraestructura (a menos que sea por razones de seguridad) y cualquier transacción financiera con PDVSA.
El portavoz de la compañía, Ray Fohr, dijo que sus “operaciones continúan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables”. Agregando que continúan enfocándose en sus operaciones comerciales básicas y apoyando a las más de 8.800 personas que trabajan con ellos y sus familias.
Estas medidas probablemente disminuirán aún más la producción de petróleo en Venezuela. Según datos de la OPEP, el país produjo 660.000 barriles diarios en marzo de este año; 100.000 menos que en febrero. Además, Fernando Ferreira, director de riesgo geopolítico de Rapidan Energy, estima que la producción diaria cayó a 500.000 barriles desde mediados de marzo.
La licencia vigente expirará a finales de este año, el 1 de diciembre. CNN Business informó que la transnacional petrolera “probablemente solicitará una renovación de la licencia” para después de esta fecha y así conservar una presencia limitada en Venezuela. Si se le otorga, permitiría a la compañía celebrar sus 100 años de presencia en el país y mantener su posición hasta que la relación entre los dos países le permita reanudar su producción.
Esta nueva licencia es diferente a todas las anteriores, y prácticamente apunta, como
analizamos, al cierre de lo que queda de la operaciones petroleras por parte de Chevron, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes (una empresa de GE) y Weatherford International.
Pero también es diferente por su vigencia temporal. Regularmente las renovaciones anteriores eran trimestrales y facilitaban la producción. Esta cubre el resto de 2020 (momento en el cual ya habrán ocurrido las elecciones presidenciales en EEUU), y se inscribe en escalamiento de la estrategia de “extrema presión económica” para inducir un colapso del régimen de Maduro con la expectativa que de allí florezca un cambio político positivo para el país.
Al pensar en la decisión, surgen algunas preguntas en términos del marco temporal de la medida, pero también sobre las consecuencias no deseadas de la misma.
Si los cambios en Venezuela no tienen lugar pronto, y todas las operaciones petroleras de estas compañías se reducen al mínimo esbozado, uno podría anticipar que el régimen también escale con expropiaciones y otras medidas para tomar el control de los negocios entre PDVSA, Chevron y las demás operadoras, abriendo la puerta de esa manera a una oportunidad de mayor influencia para Rusia, China o Irán en el negocio petrolero venezolano.
Por otra parte, nada garantiza, sin una estrategia coherente que depende de importantes acuerdos entre los líderes en conflicto en Venezuela, que el colapso económico abra paso a una nueva realidad política y democrática para el país.
Para que estas medidas tengan éxito, es necesario que induzcan un cambio político ordenado en el corto plazo, o tendría que ser parte de una estrategia integral que facilite una transición negociada en Venezuela.
Pero si nada de eso sucede y el régimen de Nicolás Maduro resiste, la tormenta o toma de control de estos activos en poder de los licenciatarios, la decisión conlleva riesgos importantes para la causa por restablecer la democracia en Venezuela y afectaría las ya precarias dinámicas de resiliencia económica que permiten al sector empresarial privado, y la sociedad en general, resistir la creciente influencia del régimen y la opacidad de las relaciones económicas que este impone.
