María Rodríguez (ALN).- ¿Podrán los Estados mantener vínculos diplomáticos con el nuevo gobierno de Nicolás Maduro no reconociéndolo como legítimo? ¿Dará un paso hacia adelante la Asamblea Nacional de Venezuela y formará un gobierno de transición? ¿Cómo impactará este panorama en las causas judiciales abiertas en el extranjero?
Todas estas preguntas las contesta Torino Capital en un informe sobre las posibilidades e implicaciones legales que se abren con las nuevas relaciones que mantendrán los Estados con el régimen de Nicolás Maduro. Y es que se acerca una fecha clave en el calendario geopolítico mundial. El 10 de enero de 2019 concluye el mandato de Maduro, iniciado el 14 de abril de 2013. La Constitución establece que el presidente elegido para el nuevo mandato (2019-2025) deberá prestar juramento ante la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición. Pero parece improbable que esto ocurra.
La premisa es básica. La oposición venezolana no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018. Tampoco 62 países, que han emitido declaraciones ya sea directa o indirectamente repudiando o rechazando -por ilegalidad- los resultados de esos comicios, que se saldaron con la victoria de Maduro. Sólo 12 países han dicho explícitamente que reconocen los resultados de mayo.
Iniciativas de países que rechazan un nuevo mandato de Maduro han tomado posiciones
Iniciativas de países que rechazan un nuevo mandato de Maduro han tomado posiciones. Por ejemplo, el Grupo de Lima reiteró que después del 10 de enero Maduro ya no será reconocido como el presidente legítimo de Venezuela.
Hay una gran expectativa sobre la posición que tomará la Unión Europea. Preguntado por el diario ALnavío sobre la legitimidad del gobierno de Maduro a partir del 10 de enero, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se remitió a la declaración que próximamente dará Bruselas al respecto.
Según recoge Europa Press, el bloque comunitario descarta la opción de no reconocer al nuevo gobierno de Caracas y de cortar los canales diplomáticos, como sí se plantean países latinoamericanos. No obstante, el bloque ya informó que no se acepta la designación de nuevos embajadores de Caracas. De hecho, en el Vaticano se ha designado un encargado de negocios para Venezuela, rebajando así el nivel de las relaciones. Y eso viniendo del Estado del Papa, que podría haber sido más comprensible.
Expectativa mundial por lo que dirá la UE de la legitimidad del régimen de Maduro
Pero al régimen de Maduro le da igual que la representación diplomática se vaya de Venezuela. “Algunos países dicen que van a retirar a sus embajadores. Aprovechen diciembre y váyanse”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desoyendo las advertencias que análisis como el de Torino Capital hacen sobre la situación política y económica del país.
En todo este marco subyace la Doctrina Betancourt, la tesis del no reconocimiento para presionar a gobiernos no democráticos, tal como recoge en un informe Torino Economics, la unidad de análisis de Torino Capital. Una doctrina que toma el nombre de la decisión del presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1958 de no extender el reconocimiento a todo gobierno que alcance el poder derrocando a otro constitucional.
¿Qué pasará con las relaciones diplomáticas?
Ahora bien, según explica en el informe Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Economics, los gobiernos occidentales mantienen la tradición de reconocer “Estados”, no “Gobiernos”. Un eufemismo que permite mantener vínculos diplomáticos con gobiernos sin necesariamente reconocer su legitimidad.
¿Qué pasará entonces entre Venezuela y el mundo? Rodríguez subraya que es difícil determinar los efectos, aparte del simbólico, del no reconocimiento del nuevo gobierno venezolano. “Dependerá exactamente de cómo otros países decidan aplicar esta medida”, afirma.
Por ejemplo, cuando Venezuela implementó la Doctrina Betancourt a principios de los años 60, esta no se extendió a la economía y a los vínculos culturales. Era exclusivamente diplomática; no obstante, la mayoría de los asuntos del día a día de las delegaciones diplomáticas continuaron funcionando como de costumbre, tal como relatan en el informe.
Cuando Venezuela implementó la Doctrina Betancourt a principios de los años 60, esta no se extendió a la economía y a los vínculos culturales
Para Torino Economics es clave la distinción entre el no reconocimiento y la decisión de tener o no relaciones diplomáticas con un país. Y pone un ejemplo. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán o Corea del Norte, pero no niega que los gobiernos de estos países estén dirigidos efectivamente por sus líderes actuales.
De hecho, la reunión del presidente Donald Trump el 12 de junio con el líder de Corea del Norte, Kim-Jong-un, demostró que incluso se pueden celebrar cumbres de alto nivel con jefes de Estado de países con los que no se tienen relaciones diplomáticas. Por tanto, “es posible que, en lugar de dar un paso formal de no reconocimiento, algunos países simplemente tomen un paso moderado de suspender las relaciones diplomáticas (de forma parcial o total) con Venezuela después del 10 de enero”, puntualizan en el informe.
¿Habrá un gobierno alternativo ‘legítimo’?
Si los países siguen el camino del no reconocimiento formal, esto plantea otra cuestión: si podría surgir un gobierno alternativo al de Maduro y ser reconocido por la comunidad internacional. Según apunta Torino Economics, “el no reconocimiento formal viene asociado con el reconocimiento de otro gobierno legítimo, como se ilustra en el caso de China y Taiwán”.
Ahora bien, en el caso de Venezuela, Maduro no llega a este nuevo mandato derrocando a un gobierno legítimo sino más bien extendiendo su tiempo en el cargo. En este punto, una posible vía de acción que plantea Torino Economics es que la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo en el exilio nombre un nuevo gobierno de transición.
“El artículo 233 de la Constitución venezolana afirma que la ausencia absoluta del presidente antes del comienzo de un nuevo mandato se cubrirá con el presidente de la Asamblea Nacional, y este está encargado de convocar nuevas elecciones”, apunta el informe.
Este matiz hace que las elecciones del 5 de enero para elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional sean particularmente relevantes. “Sin embargo, si se designa o no un gobierno interino sería un tema controvertido. Mientras que algunos grupos de la línea más dura de la oposición ven esta opción como una consecuencia lógica (al no reconocimiento de la comunidad internacional), los más moderados estarían preocupados por la credibilidad que tendría este gobierno de transición”.
Impacto en las causas judiciales
Si la comunidad internacional reconoce un gobierno legítimo en Venezuela al margen de la Administración de Maduro, esto tendría también importantes implicaciones en el plano legal.
El ejemplo lo pone Torino Economics: si el supuesto gobierno interino nombra un nuevo Consejo de administración en PDVSA, estos ejecutivos tendrían la capacidad legal para actuar en representación de esa entidad ante los tribunales de Estados Unidos. Es decir, que dicho gobierno podría tomar el control efectivo de los activos de Venezuela en EEUU, como Citgo.
En este sentido, si EEUU reconoce efectivamente ese gobierno interino como legítimo, este tendría capacidad legal para representar a Venezuela. En otras palabras, “cuando los tribunales deban decidir quién es el representante pertinente de PDVSA o Citgo para fines de acciones legales en Estados Unidos, serían aquellos reconocidos como gobierno legítimo por Estados Unidos”, concluye el informe.
Pero aquí se suma otra cuestión. Y es la capacidad de un gobierno no reconocido para demandar. No la tendría, según subraya Torino Economics, remontándose a casos de los años 20 entre la Rusia soviética y Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el gobierno soviético trató de apropiarse de dos barcos en posesión de Estados Unidos. El Tribunal del Distrito de Nueva York sostuvo que el gobierno soviético, al no ser reconocido por EEUU como legítimo, no podía demandar en los tribunales estadounidenses. Pero al revés sí, es decir, que un gobierno no reconocido sí podría ser demandado.
Sin embargo, el economista jefe de Torino Economics acota que «para que estas consecuencias se den, Estados Unidos tendría que reconocer a un gobierno distinto del que tiene el poder efectivo en el territorio nacional, una medida que, si bien tiene precedentes, es bastante inusual». Añade que, en casos como Corea del Norte, Siria e Irán, Estados Unidos ha optado por reconocer a los gobiernos de esos países a pesar de haberlos condenado e impuesto sanciones en su contra.