Zenaida Amador (ALN).- Desde enero, cuando Juan Guaidó asumió de forma interina las funciones ejecutivas de la República, ha venido adelantando acciones internacionalmente para garantizar la protección de los activos externos de la nación y negociar con los acreedores acuerdos que no lesionen el patrimonio nacional. Sin embargo, la tarea ha sido cuesta arriba.
Ya en mayo pasado se había señalado que Juan Guaidó, en su condición de presidente interino de Venezuela, contactó a Lee Buchheit, experto en reestructuración de deuda, para buscar asesoramiento en esta materia, dada la compleja situación que enfrenta el país, que acumula impagos por más de 60.000 millones de dólares. Desde entonces se han manejado varias opciones, con acercamientos a los acreedores, aunque parte de la apuesta del equipo de Guaidó es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emita una Orden Ejecutiva que le dé protección de los acreedores a los activos de Venezuela en su territorio, algo que aún no ha ocurrido.
Fundada en 1879 por Algernon Sydney Sullivan y William Nelson Cromwel, Sullivan & Cromwell asesoró a John Pierpont Morgan durante la creación de Edison General Electric (1882) y luego guió a los actores clave en la formación de US Steel (1901). Cromwell desarrolló el concepto de una sociedad de cartera, persuadiendo a Nueva Jersey para que lo incluyera en la ley estatal y permitiendo a las empresas que se incorporan allí evitar las leyes antimonopolio. La empresa también trabajó con empresas menos exitosas durante las décadas volátiles antes del establecimiento de las leyes federales modernas de bancarrota; fue pionera en los esfuerzos para reorganizar las empresas insolventes a través de lo que se conoció como el “plan Cromwell”. Cromwell fue llamado “el médico de Wall Street” por su capacidad para rescatar a empresas en quiebra.
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En este contexto, la Procuraduría Especial designada por Guaidó anunció este martes que la firma de abogados Sullivan & Cromwell LLP es el asesor principal para la reestructuración de la deuda externa de la República de Venezuela y otros organismos públicos de la nación. La presión crece para que se logre pactar dicha reestructuración, ya que el tiempo corre en contra.
Hace tan sólo una semana la agencia Reuters conversó con Mike Cornelius, gerente de la administradora de fondos T. Rowe Price, quien dijo haber mantenido conversaciones informales con asesores de Guaidó sobre el financiamiento del pago de 913 millones de dólares del bono 2020 de Petróleos de Venezuela, que debe efectuarse en octubre.
Este pago genera presión en la gestión de Guaidó, que ya en abril de este año tuvo que gestionar la erogación de 71,5 millones de dólares correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, con el fin de proteger Citgo, que es el principal activo de Venezuela en Estados Unidos, ya que 50,1% de sus acciones sirven de garantía a esos papeles.
“T Rowe Price, como parte del Comité de Acreedores de Venezuela, ha expresado la opinión de que los tenedores de bonos considerarían una nueva ayuda monetaria para ayudar con el pago de 2020, pero es imposible mientras haya una prohibición comercial de los bonos existentes”, explicó Cornelius, para quien un acuerdo en este sentido pasa por un cambio en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que ha aplicado Estados Unidos.
Las sanciones limitan las operaciones por las restricciones comerciales sobre los bonos venezolanos.
El equipo de Guaidó le quita una migaja a Conoco Phillips (pero algo es algo)
Ahora la Procuraduría, que encabeza el abogado José Ignacio Hernández, informa que sumó a su causa al centenario bufete Sullivan & Cromwell LLP y pactó con él “una adaptación al costo legal durante un período inicial” en atención a la necesidad que existe de abordar la crisis humanitaria del país. Aunque sin ofrecer mayores detalles, dijo que contará directamente con Sergio Galvis, director de Prácticas de Finanzas Soberanas Latinoamericanas, y Jim Bromley, jefe del equipo de reestructuración de deuda de la firma.
Se espera que Sullivan & Cromwell LLP, que se promociona afirmando que “los resultados que logra la firma la han distinguido por más de 140 años y la han convertido en un modelo para la práctica moderna de la ley”, ayude a hacer frente a la situación. La información del despacho de Hernández dice que “la incorporación de la firma contribuirá al compromiso del gobierno interino de buscar una solución ordenada y consensuada de todos los reclamos comerciales heredados de los regímenes anteriores”.
Aunque Washington ha sido un aliado clave de Guaidó, a la fecha no ha emitido la tan esperada Orden Ejecutiva de protección de activos ni ha modificado la Licencia General 5 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en el marco de las sanciones aplicadas al régimen de Maduro, licencia que permite a los tenedores de bonos PDVSA 2020 acceder al cobro de sus garantías.
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Clientes notables y casos
– Asesoró a Kraft Foods Group en 2015 durante su fusión de $ 55 mil millones con HJ Heinz Holding Corporation, convirtiendo a Kraft Heinz en la tercera compañía combinada de alimentos y bebidas de América del Norte.
– Representó a BP plc en su acuerdo global de $ 18,7 mil millones en el derrame de petróleo de Deepwater Horizon 2010. La firma continúa representando a BP en valores relacionados y demandas colectivas.
– Asesoró a AT&T en su adquisición de DIRECTV en una transacción de $ 67 mil millones en 2014.
– Asesoró a un comité especial de directores de Dole Food Company Inc. durante el esfuerzo del principal accionista David Murdock para tomar la empresa privada en 2013, junto con los litigios de seguimiento relacionados.
– A partir de 2011, asesoró a Kodak durante la reestructuración de bancarrota del Capítulo 11 y el resurgimiento posterior como empresa pública. La transacción fue nombrada Tecnología, Medios, Telecom Deal of the Year (más de $ 1 mil millones) por M&A ADVISOR y Turnaround of the Year: Mega Company, por Turnaround Management Association.
– Se desempeñó como abogado coordinador nacional del fabricante de automóviles alemán Volkswagen Group en relación con la solución de litigios multidistritales derivados de las violaciones de emisiones de la compañía. El acuerdo se basó en la representación anterior de Sullivan & Cromwell de Porsche SE (un accionista mayoritario en Volkswagen), que estableció precedentes en litigios de valores transfronterizos.
– Representó a Ferrari SpA y a su principal accionista en una oferta pública inicial, parte de casi $ 370 mil millones en ofertas de capital y deuda en las que Sullivan & Cromwell representaron a las compañías emisoras durante 2015.
– Representó al copropietario de Los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, en la venta por bancarrota del Capítulo 11 por $ 2,15 mil millones del equipo a Guggenheim Baseball Management.
– Representó a Barclays en investigaciones relacionadas con la manipulación de la tasa de interés interbancaria de Londres (LIBOR) y la manipulación del mercado de divisas.
– Representó a varios bancos comerciales y de inversión, gestores de activos y otras empresas líderes en transacciones durante y después de la crisis financiera de 2008, incluidos Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, American International Group (AIG), Wachovia, National City y Barclays.
– Representó a Cory Maples pro bono en la apelación de su condena por asesinato. La firma no cumplió una fecha límite en la apelación del corredor de la muerte de Maples después de que los dos abogados que manejaban el caso abandonaron la firma sin notificar al tribunal en Alabama. Se envió un fallo sobre una petición de denegación a Sullivan & Cromwell. Sin embargo, la sala de correo devolvió los sobres a la corte. En el caso de la Corte Suprema de 2012, Maples v. Thomas, la juez Ruth Bader Ginsburg escribió: «Abandonado por un abogado, Maples se quedó sin representación en un momento crítico para su petición estatal posterior a la condena, y no tenía idea de la necesidad de protegerse a sí mismo pro se. En estas circunstancias, ningún sistema justo establecería el valor predeterminado en la puerta de la celda de muerte de Maples”.
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