Leticia Núñez (ALN).- Los expertos aplauden la reducción del tamaño del Estado, que se rebajen los privilegios a los funcionarios y se luche contra la corrupción. No obstante, consideran que el Gobierno ecuatoriano avanza a pasos demasiado cortos, por lo que serán necesarios más ajustes. Asimismo, destacan un problema de credibilidad. Recuerdan que Moreno ya anunció otros dos planes de austeridad pero el presupuesto del Gobierno sigue mostrando aumentos del gasto corriente.
Ya lo dijo el secretario de la Presidencia de Ecuador, Eduardo Jurado. Cada ecuatoriano nace con una deuda de 18.000 dólares bajo el brazo. Por eso, el gobierno de Lenín Moreno anunció la semana pasada un plan de austeridad para reducir el gasto público y el déficit fiscal. El objetivo es ahorrar más de 1.000 millones de dólares. Pero la deuda pública del país se sitúa en 60.000 millones de dólares. Por eso, ya empiezan a surgir las voces que califican las medidas como insuficientes.
Según la Corporación de Estudios para el Desarrollo de Ecuador (Cordes), una institución privada sin fines de lucro fundada en 1984 por académicos y profesionales con experiencia en el sector público y privado, el gobierno de Moreno avanza a pasos “demasiado cortos”.
Así lo señala en su último informe, donde asegura que “si bien entre las medidas anunciadas hay algunas que apuntan en la dirección correcta, el paquete también muestra algunas debilidades y enfrenta importantes desafíos”.
Como medidas acertadas apunta la eliminación de algunos ministerios e instituciones que forman parte del Gobierno Central. Cuando Moreno llegó a la Presidencia de Ecuador en mayo de 2017, existían 137 instituciones públicas. El mandatario informó que ya eliminaron 13 y con el nuevo plan suprimirán otras 20, hasta ubicar el total en 104 entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas.
“La ejecución del Presupuesto del Estado ha seguido mostrando aumentos en el gasto corriente, incluido el de sueldos”
Desaparecerán, entre otras carteras, el Ministerio de Justicia, que se integrará en el Ministerio de la Política y Derechos Humanos, y la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Mientras, el Ministerio de Comercio Exterior lo fusionarán con el de Industrias; la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua (Ver más: Las 5 reformas del gobierno de Lenín Moreno para ahorrar 1.000 millones de dólares).
También se eliminarán empresas públicas como el Instituto Espacial Ecuatoriano y habrá reestructuraciones en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Correos. En total, el Ejecutivo estima que la revisión de la estructura estatal le permitirá un ahorro anual de 450 millones de dólares. Asimismo se pondrá fin a las contrataciones a dedo, con lo que se ahorrarán 400 millones de dólares al año.
Algo que aplaude Cordes, al considerar que el Gobierno quiere “dar ejemplo” recortando el gasto público y achicando el tamaño del Estado. El organismo también ve con buenos ojos que se reduzca el gasto en seguridad de los ministros, quienes deberán empezar a pagar por sus líneas de teléfono celular. Asimismo, se venderán 1.000 coches de la flota de vehículos oficiales. Todo ello con el objetivo de ahorrar cada año alrededor de 150 millones de dólares.
Problema de credibilidad
Aunque son medidas “necesarias”, Cordes advierte que el plan de Moreno “enfrenta un importante desafío en cuanto a credibilidad”. En este sentido, el organismo recuerda que en abril de este año -es decir, hace menos de cinco meses- Moreno ya anunció otro paquete de medidas que incluía reducir en 1.000 millones de dólares los presupuestos anuales de las entidades de la Función Ejecutiva, eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios y coordinaciones generales, reducir a la mitad el número de asesores, recortar el gasto en arrendamientos y suprimir empresas públicas.
Antes, en septiembre de 2017, también anunció otro plan de austeridad con el que esperaba recortar el gasto en 500 millones de dólares. “Pese a esos anuncios, la ejecución del Presupuesto del Estado ha seguido mostrando aumentos en el gasto corriente, incluido el de sueldos”, señala Cordes. De ahí el problema de credibilidad.
A su juicio, para tener confianza en las medidas anunciadas la semana pasada, los inversionistas esperarán a que se produzcan avances concretos a medida que se ejecute el presupuesto o cuando se presente el borrador para 2019.
El organismo plantea otro escenario. Aun cuando las medidas produzcan el ahorro esperado -1.000 millones de dólares-, la cifra podría ser insuficiente. Por dos razones. La primera es que a partir de 2019 el Gobierno deberá volver a pagar el aporte de 40% para el fondo de pensiones del Instituto de la Seguridad Social, lo que significa un gasto anual de unos 1.400 millones de dólares. La segunda tiene que ver con la compensación anunciada a los sectores populares. En concreto, el aumento del Bono de Desarrollo Humano. “Esto genera una presión adicional en el gasto”, reza el informe.
Por todo esto, Luis Espinosa Goded, profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito, también asegura que las medidas anunciadas “no son acordes con la gravedad de la situación diagnosticada. Se intenta curar a un enfermo que se desangra a base de banditas”, señala en un análisis remitido a ALnavío.
“Es clamoroso que no es suficiente. Deja el 97% del problema de los subsidios igual”
En su opinión, son medidas que apuntan en la dirección correcta: reducción del gasto público y fomento de la inversión privada, además de comprometerse en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, “en su cuantía no representan un monto suficiente para que se pueda decir que hay un cambio significativo en las cuentas públicas”.
Más factores de debilidad
Otro punto que los expertos ven insuficiente es la subida del precio de la gasolina súper. Con esta medida, el Gobierno espera lograr un ahorro entre 100 y 150 millones de dólares anuales, “lo que es poco frente a un gasto anual en subsidios a los combustibles, según cifras oficiales, de 3.000 millones de dólares”, tal como apunta Cordes.
Sobre esto, Espinosa Goded apunta: “Es clamoroso que no es suficiente. Deja el 97% del problema igual. En el futuro habrá que seguir reduciendo los subsidios”.
Finalmente, el informe apunta un factor de debilidad más. Dice Cordes que si el Gobierno tiene intención en algún momento de acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento barato y de largo plazo debería haberse mostrado más decidido. “Con el antecedente de las condiciones negociadas con Argentina, el FMI seguramente exigirá a Ecuador un ajuste mayor en lo fiscal y también otras reformas en el campo laboral que habría sido bueno que sean propuestas por iniciativa del propio Gobierno”.
