Pedro Benítez (ALN).- Ante la realidad hemos chocado. De todas las “señales” que recientemente Nicolás Maduro está enviando al resto del mundo, la más importante es, probablemente, la referida al manejo de los Derechos Humanos (DD.HH.). No se trata de un cambio gratuito, ni casual, ni producto de una epifanía. Es una cuestión de poder y de miedo. Es una respuesta a la lluvia de denuncias que por violaciones graves a los DD.HH. se han hecho contra su gobierno por años, así como al conjunto de presiones internacionales. Pero en particular a la eventual investigación que pudiera abrir la Corte Penal Internacional.
Este miércoles 19 de mayo, el fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, difundió a través de sus redes sociales una comunicación dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) informando la decisión por parte del Estado venezolano de reestructurar tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dos cuerpos de seguridad que han sido vitales para el gobierno de Nicolás Maduro, y ampliamente señalados por haber incurrido sistemáticamente en graves abusos y delitos contra los Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela.
Según recuerda Saab en esa misiva, esta decisión se toma “como respuesta a todos los requerimientos realizados por la CPI” el pasado 2 de octubre de 2020. Una muestra, continua en su exposición, de la “voluntad de colaboración” con esa instancia y de “compromiso de defender los DD.HH.”.
Esta comunicación se suma a intervenciones recientes del propio fiscal en las cuales modificó públicamente la versión oficial sobre tres crímenes políticos que en su momento sacudieron a la opinión pública nacional e internacional con respecto a la represión en Venezuela. El caso del concejal opositor Fernando Albán, quien falleció en manos de funcionarios del Sebin, pero afirmaron que su muerte se debió a un suicidio en las instalaciones del organismo en octubre de 2018. Del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo, que según todos los indicios murió a causa de terribles torturas por parte del DGCIM en junio de 2019. Y del estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional (GNB) le disparó deliberadamente en el pecho al inicio de las protestas de 2017.
En estos casos la información oficial exculpó de toda responsabilidad, sin que mediara una investigación independiente, a los cuerpos de seguridad. Saab, como fiscal general, respaldó entonces esas versiones que fueron cuestionadas por opositores, periodistas y activistas de DD.HH. dentro y fuera de Venezuela. Hasta que hace pocos días no sólo reconoció la responsabilidad de esos organismos en esos crímenes sino que, además, informó que sus ejecutores materiales, subalternos policiales y militares, estaban arrestados y sometidos a proceso judicial.
Como podrá apreciar todo aquel que sigue la realidad venezolana este es un cambio radical de actitud y de mensaje. Ya Saab se había desvinculado públicamente de las acciones de las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), señaladas de incurrir en miles de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales tanto por la fiscal anterior, Luisa Ortega Díaz, como por los informes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet.
En ocasión de uno de esos señalamientos por parte de Bachelet, la respuesta de Maduro fue de desafío. “Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones”, dijo de las FAES, en un acto que fue transmitido en cadena de radio y televisión, en diciembre de 2019, poco después que Bachelet reclamara por escrito su disolución.
Incluso, en su día (febrero de 2018), los voceros de su gobierno calificaron como “gran farsa” cuando el caso Venezuela fue presentado ante la CPI en La Haya, a raíz de los presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 por las fuerzas de seguridad que dejaron 165 muertos.
¿Cómo se explica este giro?
Pero al parecer, Maduro y sus colaboradores están optando por cambiar esa actitud. Saab no actúa por su cuenta y riesgo. Ha sido un cercano aliado de Maduro desde su llegada al poder en 2013.
¿Cómo se explica este giro? Pues todo indica que por las acciones emprendidas, o que pueden llevar adelante, la CPI les preocupa, y mucho; así como que las presiones y el aislamiento internacional están surtiendo efecto. Hay suficientes señales que muestran que Maduro ha decidido intentar cambiar la imagen de su régimen. Algo que hasta hace unos meses parecía tenerle sin cuidado.
Por supuesto, también desea que el conjunto de sanciones comerciales, financieras y personales, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han impuesto a su gobierno y funcionarios, sean levantadas o flexibilizadas.
Maduro pudiera unirse al exclusivo club de jefes de Estado (y el primero en ejercicio del cargo en América) en ser objeto de una investigación formal por parte de esa instancia por crímenes de lesa humanidad.
De modo que puede que estemos entrando en otro (inesperado) capítulo de la interminable tragedia venezolana. Porque se está descubriendo que hay cosas ante las cuales Maduro sí está dispuesto a retroceder muy a su pesar. No se trata de que antes fuera malo y ahora sea bueno. Que le ha ocurrido una iluminación espiritual. Una epifanía. Se trata de un asunto de poder. Su poder tiene límites. Hay situaciones reales que no controla, antes las cuales tiene que retroceder. Por ejemplo, la CPI.
Retrocede como lo ha hecho ante la economía. Puede, por ejemplo, que no le caigan bien los empresarios privados, pero ahora sabe que los necesita. Por supuesto que no le gustaría darle espacio a opositores en la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero también los necesita. La realidad tarde o temprano se impone.
Sí, Maduro intenta lavarse la imagen internacional. Es obvio. Veremos si lo consigue y si está dispuesto a ir más lejos. Pero ese cambio de actitud tendrá consecuencias directas dentro de Venezuela. De lo contrario las palabras, los cambios gatopardianos de nomenclaturas y los comunicados llenos de buenas intenciones le servirán de poco. Pero que su fiscal admita que el Sebin y la DGCIM serán reestructurados no es gratuito, dice mucho y ya es un cambio mucho mayor de lo que parece hoy.
