(EFE).- En las políticas de Estado de Venezuela tienen «atención prioritaria» aquellas que apuntan a la conservación de los mares y recursos marinos, según afirmó este miércoles la Cancillería.
«Esta atención prioritaria se refleja, por ejemplo, en el hecho de que en el país se han decretado 51 Áreas Protegidas con ecosistemas marino costeros, los cuales representan un 12 % del total de las Áreas Protegidas nacionales y un 4 % de su espacio acuático», detalló la cartera de Exteriores en un comunicado de prensa.
La nota se difundió a propósito de la participación del ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, en la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas, celebrada en Lisboa, que reúne a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno y más de un centenar de ministros hasta el 1 de julio.
Durante su intervención en la plenaria, el funcionario venezolano recalcó la importancia de la protección a los espacios marítimos para el bienestar social.
«Los océanos y los mares albergan hasta el 80% de la vida del planeta y contribuyen al bienestar social y económico de las personas, la erradicación de la pobreza, el transporte marítimo, el comercio y la resiliencia ante el clima, la seguridad alimentaria global, entre otros temas de gran importancia para nuestra humanidad», explicó Maldonado según el escrito.
Bloqueo que atenta contra los mares de Venezuela
El ministro denunció que la «aplicación ilegal» de un «bloqueo comercial, económico y financiero» por parte de Estados Unidos, un «desafío» que -aseguró- dificulta alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
«Venezuela continuará denunciando estas medidas y sus devastadores efectos ante los distintos foros internacionales y seguirá exigiendo su levantamiento en cualquier espacio de la comunidad internacional al tiempo que continúa haciendo frente a los obstáculos que imponen estas medidas», aseveró.
Subrayó, además, que las normas referidas al Derecho del Mar en el ODS 14 (que engloba la protección de los océanos) no son aplicables a Venezuela como «derecho convencional ni como costumbre internacional» y no están reconocidas en la legislación nacional de su país.
