(EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal con sede en La Haya desde su fundación en 2002 y se encarga de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Fue creado por el Estatuto de Roma, ratificado por 125 países, entre los que no están potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
La CPI no es un tribunal de Naciones Unidas, su jurisdicción está definida por el Estatuto. Actúa como tribunal de último recurso, por lo que solo interviene si los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesar crímenes de la jurisdicción de la CPI.
Tiene competencias para juzgar cuatro tipos de crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el crimen de agresión, en el sentido del uso de la fuerza armada por un país contra otro.
No reconoce inmunidad
La CPI juzga a los máximos responsables de estos crímenes, quienes dieron las órdenes o pudieron evitar su comisión, pero no lo hicieron. Es el único tribunal que no reconoce la inmunidad que otorga el cargo a sus sospechosos, como presidentes y primeros ministros.
Pero no celebra juicios en rebeldía, lo que le obliga a esperar al arresto de sus sospechosos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que ejecute esas detenciones, pero sus países miembros están obligados a hacer cumplir las órdenes de arresto, aunque hay precedentes de Estados parte que han optado por no colaborar con el tribunal cuando se trata de aliados geopolíticos.
La investigación
La CPI no es un tribunal tradicional al que cualquier persona puede acudir a “denunciar” un delito. Los ciudadanos y los diferentes organismos y ONG pueden presentar lo que se conoce como “comunicaciones” sobre lo que consideren crímenes de la jurisdicción de la CPI, para que el fiscal los tenga en cuenta, pero eso no le obliga a abrir una investigación automática.
Para abrir una investigación, la Fiscalía generalmente requiere una remisión del caso por un país miembro o por el Consejo de Seguridad de la ONU; y puede abrir investigación por iniciativa propia, siempre que lo autoricen los jueces.
También tendría jurisdicción si los crímenes fueron cometidos por un nacional de un país miembro, o en uno que no sea miembro, pero haya aceptado la jurisdicción de la CPI, como ocurrió con Ucrania tras la agresión rusa.
No fue hasta el año pasado que Ucrania ratificó el Estatuto de Roma, pasando este enero a ser parte del tribunal. Pero, tras la anexión de Crimea en 2014, Kiev ya había aceptado que la CPI abriera una investigación, que seguía en curso cuando Rusia invadió Ucrania en 2022.
Víctima de la geopolítica
Sin embargo, entre sus 125 miembros hay grandes ausencias: Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Siria, Irán, Egipto o Turquía, entre otros. Esto limita, aunque no impide ‘per se’, la jurisdicción de la CPI sobre crímenes graves que nacionales de estos países puedan cometer.
En los últimos años, la CPI se ha visto víctima de la geopolítica y las alianzas internacionales.
La anterior fiscal, Fatou Bensouda, puso en el punto de mira a las tropas estadounidenses, junto a los talibanes y las fuerzas afganas, en una investigación por crímenes de guerra en Afganistán.
Eso le causó sanciones estadounidenses en 2020, en el primer mandato de Donald Trump, una situación que vuelve a repetirse ahora.
Trump firmó ayer una orden ejecutiva para sancionar funcionarios de la CPI tras las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, incluido el uso de hambre como arma de guerra.
Rusia sí, Israel no
Trump argumentó su decisión en que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas” contra un “aliado estrecho” como Israel.
Sin embargo, Estados Unidos sí respaldó al actual fiscal, Karim Khan, cuando emitió en 2023 órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, y su comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia, un crimen de guerra.
Entonces fue Moscú quien amenazó con represalias a la CPI, a la que definió como “una organización miserable”, y declaró en busca y captura a Khan y a jueces vinculados a las órdenes de arresto por la guerra en Ucrania.
Antes de estos polémicos casos cercanos a grandes potencias, la CPI estuvo en el centro de la controversia por centrarse de forma desproporcionada en conflictos en África. Hoy tiene más de una treintena de órdenes de arresto por ejecutar, incluido contra líderes talibanes en Afganistán, y altos cargos en Libia y Sudán. También investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
