Rogelio Núñez (ALN).- Uruguay celebra este domingo 30 de junio elecciones internas: los principales partidos y coaliciones eligen a sus candidatos presidenciales con vistas a los comicios del mes de octubre. Los resultados son importantes porque aclararán el panorama para saber quién seguirá en la carrera electoral. Uruguay vive un bienio 2019-2020 que, sin duda, va a convertirse en un punto y aparte en su historia. Y lo va a ser desde la perspectiva política (acude en octubre a unas elecciones que marcan un final de época) y también desde un perfil socioeconómico.
Uruguay concurre a elecciones con más dudas que certezas: ¿continuará o no la hegemonía del Frente Amplio?, ¿renacerá el antaño predominante Partido Colorado o volverá a ser el Partido Blanco el que capitalice el voto de centro y centroderecha?, ¿surgirá algún candidato novedoso, antiestablishment capaz de desplazar a las fuerzas históricas?
Las etapas de la democracia uruguaya (1985-2020)
El Uruguay democrático, que arranca en 1985 tras el régimen militar (1973-1985), ha pasado, hasta ahora, por dos fases diferentes.
Entre 1985 y 2005 continuó la hegemonía de los partidos históricos (el colorado y el blanco). De forma paralela, una fuerza ajena a ambas formaciones tradicionales, el Frente Amplio, iba aumentando sus apoyos y conquistando posiciones, por ejemplo, en la Alcaldía de Montevideo.
Desde 2005 la dicotomía no es ya la histórica entre colorados y blancos sino entre esos dos partidos tradicionales y el Frente Amplio que fue capaz de ganar las elecciones presidenciales de 2004, 2009 y 2014. Desplazó del poder a colorados y blancos, a quienes se imponía en la segunda vuelta pese a que las fuerzas históricas se unían en el balotaje.
Estos dos periodos se han desarrollado dentro de una marcada estabilidad institucional y del sistema de partidos. La uruguaya es una cultura política civilista e institucionalista que ya cuenta con un siglo de historia y una sociedad homogénea de clases medias. De hecho, Uruguay está considerado como una de las democracias con mayor fortaleza de la región. El índice sobre participación, libertades civiles y democracia que elabora todos los años la revista The Economist ubica a Uruguay como una de las dos democracias plenas de América Latina y el Caribe, junto a Costa Rica.
Gerardo Caetano, historiador y politólogo de la Universidad de la República, de Montevideo, explica como “en Uruguay hay una democracia estable, con reglas de juego que se cumplen, sin hipótesis de violencia, con diálogo y confianza en las reglas institucionales. Esto también es un patrimonio del país frente a una situación de crisis”.
Sin embargo, los tiempos están cambiando. En 2019, el desgaste de tres lustros en el poder del Frente Amplio, unido a los problemas de bajo crecimiento y tensiones de tipo social, así como la ausencia de fuertes liderazgos, ponen en duda la continuidad del actual oficialismo:
1-. Unas elecciones que anuncian el final de una época
Las elecciones presidenciales de octubre suponen un final de época porque en el oficialismo (el Frente Amplio, coalición de izquierdas) no se presentará ninguno de los liderazgos históricos. El Frente Amplio, en el poder desde 2005 bajo las dos presidencias de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y la de José Mujica (2010-2015), afronta dos serios problemas que lastran sus posibilidades de continuar alargando su hegemonía:
– En primer lugar, el desgaste de tres lustros en la presidencia en medio de una economía en ralentización -baja expansión- y problemas de alta inflación y creciente déficit fiscal.
La encuesta de Opción (del mes de mayo) sobre la gestión del gobierno de Tabaré Vázquez muestra que sólo el 4% valora como “muy buena” la gestión del mandatario. Un 24% dijo que es “buena” mientras que “muy mala” obtuvo el 16% y “mala” el 25%.
– Y en segundo lugar, sin Tabaré ni Mujica como candidatos, el Frente Amplio se halla en pleno proceso de encontrar sustituto y un relevo a esos dos grandes liderazgos.
Por lo tanto, los ojos están puestos en las internas que celebrarán todos los partidos y coaliciones el día 30 de junio. En la fuerza del gobierno, lidera la interna de forma clara Daniel Martínez (exintendente de Montevideo, representante del ala moderada del frenteamplismo). Martínez mantiene 14 puntos de ventaja sobre Carolina Cosse (40% a 26%).
Como señala el analista Nelson Fernández en el diario El Observador, “no es lo mismo que en el Frente Amplio gane Martínez, que es el de mayor conocimiento, mayor popularidad y que capta más votos del ‘centro’, que Carolina que en opinión pública presenta algunas debilidades, y aparece más a la izquierda. Pero, si Cosse se quedara con la postulación, de julio a octubre ganaría conocimiento, lograría un apoyo de todo el Frente, más amplio del que tiene ahora… Obviamente no sería lo mismo, pero tampoco el resultado del 30- J estaría condenando al Frente a un resultado diferente al que tuviera con el candidato favorito”.
En la oposición, el Partido Nacional -blanco- va camino de consolidar el liderazgo emergente de Luis Lacalle Pou frente a un liderazgo más tradicional (Jorge Larrañaga) y el rupturista de tintes trumpianos (Juan Sartori). La interna blanca ha sido la más dura con la aparición de campañas negras (ahora conocidas como “fake news”) y altos niveles de tensión entre Lacalle Pou y Sartori.
Según la encuestadora Radar, la interna blanca sigue la misma tendencia que venía mostrando en los meses anteriores. Luis Lacalle Pou tiene un 38% de intención de voto (cae 4 puntos), Juan Sartori 29% (crece 5 puntos), Jorge Larrañaga 22% (se mantiene igual), Enrique Antía 7% (cae 3 puntos) y Carlos Iafigliola 1%.
El Partido Colorado -que fue históricamente el dominante- puede confirmar su definitiva decadencia eligiendo a un hombre de gran prestigio como candidato (Julio María Sanguinetti) pero que más allá de su brillantez intelectual representa otra época (fue presidente en los años 80 y otra vez en los 90 y supera los 80 años de edad). Quizá por eso en las últimas encuestas ha venido creciendo la figura de Ernesto Talvi, quien supera en las últimas mediciones por 10 puntos porcentuales a Sanguinetti: 52% a 42%. José Amorín Batlle alcanza un 5% y Edgardo Martínez Zimarioff 1%.
Así las cosas, Frente Amplio y Partido Nacional se perfilan como los favoritos para disputar la segunda vuelta: van a atrapar, entre ambos y de forma muy igualada, dos tercios de los votos en primera vuelta. De acuerdo a la última encuesta de Equipos Consultores, realizada entre el 23 de abril y el 9 de mayo, si las elecciones fueran hoy el Partido Nacional y el Frente Amplio se mantienen a la cabeza de las preferencias. El Partido Nacional recibiría el 32% del voto y el Frente Amplio el 30%. En un segundo escalón se ubica el Partido Colorado con el 13%, y por debajo aparecen otros cinco partidos: el Partido Independiente, el Partido de la Gente, Unidad Popular, el PERI y Cabildo Abierto, todos con el 1%.
La encuesta de Radar de junio ofrece novedades muy interesantes: el ascenso de Cabildo Abierto hasta el 7% y la fragmentación del voto: por primera vez en la historia habría 9 formaciones en el Legislativo. En ese muestreo el Frente Amplio obtuvo el 36% de intención de voto, el Partido Nacional el 29%, el Partido Colorado el 14% y Cabildo Abierto el 7%.
Las internas de este domingo son pues el primer capítulo de un libro con tres partes claramente diferenciadas, como apunta Nelson Fernández Salvidio en el diario El Observador: “El 24 de noviembre será el balotaje entre dos opciones bastante diferentes entre sí, y muchos creen que la clave está entre la primera y la segunda vuelta, como si el partido se definiera en una serie de penales y cualquiera pudiera ganarlo. No es así: la pelota está en juego, y el balotaje ratificará una mayoría que se construye en varias etapas. El resultado del 24-N estará determinado por el resultado del 27-O y las posibilidades que unos y otros tengan de mostrar acuerdos que den soporte legislativo al Ejecutivo que asuma en 2020”.
2-. El reto económico
El gobierno que salga de esas tres citas va a tener por delante dos grandes retos, uno de carácter económico y otro social, íntimamente relacionados. La economía uruguaya está en pleno periodo de estancamiento: cayó un 0,2% en el primer trimestre de 2019 frente a igual período de 2018 y no tuvo crecimiento (0%) al compararse con el último trimestre del año pasado, según el Banco Central.
La economía completó así cuatro trimestres estancada, lo cual es un fiel reflejo de que el
modelo económico tradicional uruguayo (de tintes estatistas e intervencionistas, lo más parecido en América Latina a un “Estado del bienestar” a la europea) muestra también señales de agotamiento.
El modelo uruguayo, que hunde sus raíces en la historia del país y en el legado del “padre del Uruguay moderno”, el presidente José Batlle y Ordoñez (1903-1907/1911-1915), propició que se conformara una potente clase media y que el país se haya adaptado bien a los retos de la actual economía. Ese modelo ofrece signos de agotamiento y sobre todo de necesidad de emprender profundas reformas para hacerlo sostenible. Uruguay no ha sido capaz de solucionar desde la pasada década varios de los problemas estructurales que padece el país (inflación, déficits…) y que tienen su explicación final en un modelo que no funciona ya como antes.
Por ejemplo, el de la inflación, que convierte a Uruguay en el país con la subida de precios más alta de la región, sólo superado por dos casos extremos: la hiperinflación de Venezuela y la alta inflación de Argentina. Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos con una inflación razonable pero que muestra cifras más elevadas y persistentes (por encima del 8%). Desde 2005, Uruguay se ha mantenido sistemáticamente por encima de la inflación del mundo. Por ejemplo, ha sido 2,5 veces mayor a la de América Latina.
Otro de los síntomas que muestra los problemas estructurales de la economía uruguaya es el déficit fiscal, que se encuentra por encima del 3% desde 2014 y que supera el 4% del PIB desde 2017. Lo preocupante de la situación es que este déficit, el mayor en casi 30 años, va en aumento y aparece luego de que se hayan llevado a cabo sucesivos “ajustes” fiscales, aumentando impuestos e intentando controlar algunos gastos.
Uruguay tiene una de las presiones fiscales mayores de la región, lo que hace que exista menor margen de acción para combatir el déficit: la presión fiscal pasó del 29% del PIB en 2016 al 30,9% en 2017. El promedio de presión tributaria de América Latina y el Caribe se ubicó en 2017 en 22,8% del PIB regional.
El problema fiscal se debe, entre otras cosas, a las presiones que provienen del modelo de jubilación uruguayo que cuenta con cerca de 1,3 millones de afiliados y 450.000 jubilados. La cobertura llega a superar el 80% de la fuerza laboral. A su vez, el gobierno ha destinado en los últimos años entre 8% y 13% del PIB al gasto público jubilatorio, lo que lo convierte en el país de Latinoamérica que más invierte en este rubro, duplicando o triplicando a la mayoría. Las prestaciones de la seguridad social aumentaron un 23% entre 2008 y 2016.
3-. Los problemas sociales
Uruguay es uno de los países de América Latina con mayor homogeneidad y estabilidad social, una nación históricamente de clases medias consolidadas.
Sin embargo, arrastra dos problemas sociales que se situarán en lo más alto de la agenda de los futuros gobiernos: el creciente, acelerado y ya largo envejecimiento poblacional y los obstáculos para mantener el modelo que ha permitido a Uruguay ser un país de clase media pues entre estos sectores ha aumentado la situación de vulnerabilidad.
El estudio “Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI” de la Cepal señala que actualmente Uruguay goza de un “bono demográfico” o “ventana demográfica” que le otorga un margen para actuar hasta el año 2040 ya que ahora un manejable 15% de la población de Uruguay es mayor de 60 años, pero se duplicará en las próximas décadas.
Esto presiona actualmente y presionará de forma creciente sobre las arcas públicas.
Un informe reciente dice que en 2017 se destinaron 6.630 millones de dólares a 900.000 jubilaciones. Los egresos por prestaciones superan los ingresos por aportes personales y patronales en un porcentaje mayor al 4,5% del PIB, que representa 2.800 millones de dólares. Ante este escenario la asistencia desde el Estado se ha hecho inevitable. El año pasado se necesitaron 582 millones de dólares extra y la Caja Militar recibió 550 millones de dólares.
En segundo lugar, Uruguay tiene el mayor porcentaje de población que pertenece a la clase media en América Latina y el Caribe.
Es el país de Latinoamérica con mejor índice de inclusión social, seguido de Brasil y Chile, según el “Índice de Inclusión Social”, que elabora anualmente el Consejo de las Américas. Sin embargo, los hogares en situación de “vulnerabilidad” -es decir que no son pobres pero tienen riesgo de serlo- crecieron de 29,8% a 39,4%; los hogares de clase media “consolidada” aumentaron de 10,2% a 38,6%; y el estrato alto aumentó hasta llegar a 0,7%. Ante ese panorama, las clases medias consideradas vulnerables podrían enfrentar “mayores riesgos” de caer en la pobreza.
Las elecciones uruguayas y el contexto latinoamericano
Las elecciones uruguayas cerrarán junto con las argentinas y bolivianas el gran ciclo electoral que la región iniciara en 2017. El pretendido “giro a la derecha” que está viviendo la región -más bien un voto de castigo a los oficialismos- tiene en Uruguay una de sus pruebas de fuego.
El Frente Amplio lleva 15 años ininterrumpidos en el poder y acude lastrado a estas elecciones en la posición más débil de los últimos tres lustros: sin fuertes y carismáticos liderazgos y con la coalición debilitada, aunque con numerosos resortes aún en su poder.
Sobre todo porque su presumible principal rival, el Partido Nacional (blanco) se halla sumido en un dura pelea interna entre Lacalle Pou y Sartori que puede dañar sus opciones con vistas a las elecciones. El analista Oscar Botinelli señala que “probablemente esta competencia interna en el Partido Nacional resulte la más conflictiva o una de las más conflictivas desde que existen las Elecciones Generales Internas o Primarias Generales. Sin duda, hasta ahora la más confrontativa había sido la de 1999. Además de los elementos propios de las contiendas personalizadas ríspidas, han surgido algunos elementos relacionados con la naturaleza política del Partido Nacional y de la colectividad blanca. Todo gira en torno al surgimiento de un candidato presidencial sin trayectoria anterior en el Partido, residente en el exterior hasta muy cerca de lanzar su candidatura, aunque de raigambre familiar en la colectividad blanca. Durante largas décadas la colectividad blanca se autodefinió como una colectividad de hombres libres, característica que llegó a su clímax durante el liderazgo de Wilson Ferreira Aldunate”.
Una derrota del frenteamplismo en octubre/noviembre tendría múltiples efectos regionales: Mercosur se convertiría en un bloque homogéneo políticamente con gobiernos de centroderecha (Argentina, Uruguay y Paraguay) y derecha (Brasil), lo cual facilitaría convergencias y acercamiento con la Alianza del Pacífico donde sólo el Ejecutivo de México tiende a la izquierda. Además, la posición intermedia que Uruguay tiene ante el problema venezolano cambiaría hacia un posicionamiento más crítico con el régimen de Nicolás Maduro.
De todas formas, en Uruguay los cambios nunca son radicales y el continuismo prevalecerá sobre las transformaciones, gane el Frente Amplio o el Partido Nacional. Los nuevos rumbos, de existir, serán más de matiz que de fondo.