Redacción (ALN).- El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, fue citado este jueves una tercera vez por el Ministerio Público (MP) de Venezuela para que responda por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en una página web, algo que las autoridades venezolanas consideran una “usurpación de funciones”.
“¿Quién es él para desobedecer las leyes? (…) si el CNE fue bueno y fue excelente para que Edmundo González se inscribiera en varias tarjetas, por qué entonces ahora que el CNE da un resultado él prefiere, aparte de desacatar, retar al CNE y ofender a esa autoridad (…) ¿por qué ese CNE ya no sirve?”, dijo el miércoles el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
La nueva boleta advierte que si González Urrutia no comparece ante el despacho fiscal del viernes 30 de agosto, a las 10:00 am hora local, se considerará que existe “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”, por lo que se procedería a tramitar una orden de aprehensión.
González Urrutia, de 75 años, ha limitado sus apariciones públicas a videos en sus redes sociales desde el 30 de julio. El diplomático de carrera ha sido citado en dos ocasiones por el Ministerio Público (MP), pero no ha asistido argumentando que no cuenta con garantías y que se están pre calificando delitos «no cometidos».
González Urrutia ha sido citado en dos ocasiones por la fiscalía, pero no ha asistido argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político” y que “condena por anticipado”.
William Saab agregó que, según la jurisprudencia, una persona puede ser convocada hasta en tres oportunidades y sostuvo que González Urrutia es citado en “calidad de investigado”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), que tras un mes de las elecciones presidenciales no ha publicado los resultados desglosados, dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, asegura que la victoria fue de González Urrutia con el 67 % de los votos.
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«Eso es grave»
Abogados consultados por la Voz de América indican que la citación en calidad de “investigado” no figura en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y resaltan que ninguna de las dos boletas para “rendir entrevista” en relación a hechos que investiga la fiscalía precisaba en qué carácter es citado: testigo o imputado.
«Eso es grave», coinciden.
El MP, cuya independencia ha sido cuestionada por organismos internacionales, investiga la presunta comisión de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
El artículo 126-A del COPP establece que para celebrar un acto de imputación, el MP deberá citar al ciudadano por escrito, indicando la “condición con la cual deberá comparecer”.
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Entonces, ¿a qué se enfrenta González Urrutia en caso de que no acuda a la tercera citación? Por las circunstancias, abogados creen que se ordenará que sea llevado por la «fuerza pública».
Saab adelantó que el MP en su momento “anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley”.
A juicio del abogado penalista, Joel García, es probable que si González Urrutia no concurre a una tercera citación se solicite ante un tribunal de control un “mandato de conducción”, pero alerta que en el país “cualquier cosa puede ocurrir dentro o fuera de la ley”.
El artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, “podrá ordenar que cualquier ciudadano o ciudadana sea conducido o conducida por la fuerza pública de forma inmediata ante el funcionario o funcionaria del MP que solicitó la conducción”, a fin de ser entrevistado sobre los hechos que se investigan.
“Será llevado o llevada en forma inmediata ante el Ministerio Público para dar cumplimiento al objeto de su requerimiento, en un plazo que no excederá de ocho horas contadas a partir de la conducción por la fuerza pública”, continúa el artículo.
La ley precisa que cualquier persona citada como imputada tiene derecho a ser asistida por un abogado de su confianza.
Sin embargo, en los últimos años juristas han denunciado violaciones al debido proceso y, más recientemente, han alertado que a muchos de los detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales se les ha impedido la juramentación de defensa privada.
Qué más dice el marco jurídico
El artículo 212 del COPP establece que, si el “testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública. Si después de comparecer se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público para que se proceda a realizar la investigación”.
El artículo 238 del Código Penal expone que todo individuo llamado por la autoridad judicial “en calidad de testigo (…) se excuse de comparecer sin motivo justificado, será castigado con prisión de quince días a tres meses. El que habiendo comparecido rehuse sin razón legal sus deposiciones o el cumplimiento del oficio que ha motivado su citación, incurrirá en la misma pena”.
“Además de la prisión, se impondrá al culpable la inhabilitación en el ejercicio de su profesión o arte por un tiempo igual al de la prisión, terminada ésta”, continúa.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que, si un ciudadano es citado y no acude por tercera vez, la opción es ponerle “los ganchos” (arrestarlo).
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“No quieren ir a la fiscalía porque van a quedar desnudos y con los ganchos puestos. Tercera opción (…) asisto, presento los documentos falsos y la juez dice, compadre, usted está cometiendo un delito de forjamiento de documentos y usted queda con los ganchos puestos aquí”, manifestó exponiendo un caso hipotético en un mitin.
Maduro dijo que el 83 % de los documentos publicados por la oposición son “forjados” y cuestionó que González Urrutia no haya atendido a las citaciones de la fiscalía.
Venezuela atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia contemporánea, en medio de denuncias de fraude electoral, una escalada en la represión contra la disidencia y cada vez menos esperanzas de hallar una pronta solución a la crisis.
Decenas de países se han pronunciado rechazando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados y solicitando una verificación independiente y confiable, pero el gobierno ha respondido cuestionando la «injerencia» en asuntos internos.
