Fernando Muñoz (ALN).- La comunidad internacional está a la espera de la autopsia que defina las causas de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. El régimen de Maduro, que sigue impidiendo que su familia y su abogado accedan al cuerpo, ha incurrido en varias contradicciones a la hora de explicar los hechos, tal y como ocurriera en el caso de Fernando Albán.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo cumple un nuevo capítulo en el camino a esclarecer qué causó la muerte del militar. En esta ocasión ha sido Eligio Rojas, reconocido periodista de la fuente de sucesos, quien ha compartido a través de su cuenta de Twitter un extracto de la autopsia practicada al cuerpo. En las pocas líneas que son visibles se esclarece que la causa de la muerte fue un “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda debido a tromboembolismo pulmonar debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.
De acuerdo con la enciclopedia médica digital MedlinePlus, la rabdomiólisis en la descomposición del tejido muscular que provoca la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Estas sustancias, altamente dañinas para algunos órganos como el riñón, habrían provocado un coágulo en el pulmón de Acosta Arévalo, que acabó derivando en un paro respiratorio y posterior edema cerebral.La rabdomiólisis puede originarse a partir de cualquier lesión que ocasione un daño al músculo esquelético pero, además, otras causas aplicables en el caso del capitán de corbeta pueden causar esta dolencia: desde lesiones por compresión o traumatismos a convulsiones o temblores musculares, pasando por extremos de la temperatura corporal o deshidratación grave. Unas condiciones extremas a las que Acosta Arévalo podría haberse visto expuesto durante su detención y tortura a manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Pero, ¿es posible ser detenido en perfectas condiciones físicas y comparecer ante el juez unos días más tarde al borde de la muerte? Esta misma pregunta fue formulada por Cadena Ser a Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones de España, y en noviembre, jefe de la diplomacia de la Unión Europea. El político fue claro y conciso al respecto: “Si uno entra sano a un cuartel de la policía y siete días después se muere sentado en una silla de ruedas es que algo ha pasado”.
#AlAire #AlPuntoYSeguimos con Gonzalo Himiob (@HimiobSantome): «hemos pedido que se permita la intervención de criminalistas y forenses externos propuestos, incluso por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas»
— César Miguel Rondón (@cmrondon) 3 de julio de 2019
Esta revelación llega sólo un día después de que la esposa del difunto militar, Walewska Pérez, exigiera al régimen de Nicolás Maduro que entregara el cuerpo de su marido para que se le realizara la autopsia de rigor, de manera independiente y con la asistencia de la Organización de Naciones Unidas, para así esclarecer las causas de la muerte. A pesar de las constantes peticiones, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso al cuerpo.La noticia de la muerte del capitán de corbeta provocó el revuelo y rechazo generalizado de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenaron la muerte del oficial. Esta última reconoció estar “profundamente preocupada” y señaló que la detención de Acosta y el hermetismo del gobierno venezolano antes y después del suceso “pueden constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional”.
La posición oficial del régimen de Maduro es la de estar investigando el caso “exhaustivamente”. No obstante, los comunicados emitidos por los diferentes estamentos gubernamentales presentan contradicciones entre sí: mientras que el gobierno y la Fiscalía señalan que el capitán se desmayó cuando estaba siendo presentado ante el juez, el Ministerio de la Defensa en un comunicado afirma que el desvanecimiento se produjo antes de iniciar dicha audiencia. Esto ha espoleado aún más si cabe las conjeturas que involucrarían al Ejecutivo venezolano en la muerte del oficial.
Por desgracia, no es la primera vez que el régimen de Maduro acaba incurriendo en numerosas contradicciones para justificar la muerte de un detenido por sus fuerzas policiales. En octubre del año pasado, sin ir más lejos, la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) dio lugar hasta a tres versiones diferentes con respecto a los hechos.
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Primero, el fiscal del caso afirmó que Albán se había suicidado en el baño, “lanzándose desde el décimo piso del edificio”; posteriormente, el ministro del Interior Néstor Reverol contradijo al fiscal afirmando que no se había suicidado en el baño, sino en una sala de espera. Días más tarde, el propio fiscal dio una vuelta de tuerca más al relato reubicando a la víctima en “una oficina”. Múltiples versiones para un caso con luces y sombras que nunca llegó a esclarecerse por completo.
Igual que entonces, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, se encontró en el ojo del huracán. En esta ocasión, Saab solicitó la detención del teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben José Zarate como “presuntos responsables del hecho” dentro del proceso de investigación oficial. A través de su cuenta de Twitter, Saab condenó estos “lamentables hechos”, que consideró “no forman parte del espíritu democrático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. La versión oficial del fiscal choca frontalmente con la acusación de la oposición venezolana, que le considera partícipe de este y otros crímenes de Estado. Aún está por ver si el fiscal general utilizará esta autopsia en la investigación en marcha.
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Por su parte, el comunicado del Ministerio de la Defensa insta a “iniciar una profunda investigación para determinar las circunstancias en las cuales se produjo el deceso” y afirma preservar el “indefectible respeto a los derechos humanos”. Fue en este mismo comunicado donde se incurrió en la grave contradicción antes mencionada, que pone el interrogante sobre las diversas versiones oficiales de lo sucedido.
