Zenaida Amador (ALN).- Cerca de cinco millones de personas abandonaron Venezuela en los últimos años para escapar de la crisis política, económica y social que azota al país, y algunas proyecciones indican que la cifra puede llegar a ocho millones al cierre de 2020. Una parte de estos emigrantes se marchó sin deprenderse por completo de sus bienes de valor, principalmente sus viviendas, a la espera de un mejor momento ya sea para regresar al país y seguir disponiendo de ellos, o para venderlos. Y aunque no hay cifras oficiales, se estima que por esta razón en Venezuela hay entre 100.000 y 150.000 inmuebles “cerrados”.
La misma realidad económica del país propicia esta situación, pues los precios en el mercado inmobiliario se han desplomado tras la aguda recesión y el empobrecimiento acelerado de la población. Según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, los precios de los inmuebles son hoy 75% inferiores a los de hace dos décadas, razón por la que muchos prefieren esperar antes de “regalar” lo que les costó años de esfuerzo.
Pero el miedo a perder las viviendas cerradas es una sombra al acecho. En muchas zonas, en especial del interior del país, los invasores y saqueadores de inmuebles son el principal peligro. Sin embargo, el riesgo mayor pareciera ser el propio régimen de Nicolás Maduro que decidió adelantar el censo poblacional, que tocaba hacer en 2021, e iniciarlo con un “registro de las unidades inmobiliarias” del país.
En el primer trimestre de 2019, debido a lo que se conoció como el “efecto Guaidó”, el precio del metro cuadrado repuntó en cerca de 5%. Todo respondía a la expectativa de que con el gobierno interino de Juan Guaidó se impulsaría un cambio político en Venezuela con la salida de Nicolás Maduro del poder, lo que abriría camino a la recuperación económica. Pero dada la prolongación de la crisis y la falta de resultados concretos para que el cambio ocurra, la pequeña burbuja terminó y la tendencia sigue siendo hacia la desvalorización de los activos.
En este contexto existen compradores dispuestos a pagar precios de remate, se trata principalmente de una élite local y de algunos inversionistas que conocen el verdadero valor de los inmuebles y que apuestan a que la circunstancia del país cambie favorablemente o se estabilice, con lo cual podrán obtener beneficios de su inversión en un plazo relativamente corto.
Pero no muchos quieren vender. Sólo quienes están desesperados rematan sus viviendas. Algunos lo hacen porque tomaron la decisión de dejar el país y no tienen recursos para costear el viaje, otros para poder cubrir emergencias médicas. Sus viviendas se vuelven así sal y agua.
Sin opciones
Alquilar los inmuebles habría podido ser una vía para los emigrantes, pues así los preservaban y lograban percibir algo por ellos en vez de dejarlos cerrados, pero la inseguridad jurídica que ha forjado el chavismo tras dos décadas en el poder hace que el arrendamiento no sea una opción.
El común de los venezolanos asume que el riesgo de perder un inmueble alquilado es mayor al de perder uno que esté cerrado. Entre otras, la Ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas es una de las principales piezas que juega en este sentido.
También está la fijación de los cánones de arrendamiento por parte del Estado. Sobre esto último, a inicios de octubre el régimen venezolano informó que trabaja en una nueva metodología para la fijación de alquileres tomando como referencia el petro, que es el criptoactivo emitido por Maduro y que ha fracasado en su utilización.
Pero el miedo a perder las viviendas cerradas es una sombra al acecho. En muchas zonas, en especial del interior del país, los invasores y saqueadores de inmuebles son el principal peligro. Sin embargo, el riesgo mayor pareciera ser el propio régimen de Nicolás Maduro que decidió adelantar el censo poblacional, que tocaba hacer en 2021, e iniciarlo con un “registro de las unidades inmobiliarias” del país.
Así lo anunció a inicios de septiembre su ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien demás explicó que en este barrido por hogares, comercios y locales se colocarán etiquetas con un código QR que se identificará con una cédula inmobiliaria. Al escanear este código cualquiera podrá entrar a la plataforma del Estado para pagar servicios públicos, hacer trámites en notarías y obtener los CLAP, que son las bolsas de comida que reparte el régimen.
Indicó también que efectivos de la Milicia Bolivariana, representantes de lo que el chavismo llama “el poder popular” y del Movimiento Somos Venezuela, serían parte del equipo empadronador. Luego de tal anuncio por todo el país corrió la versión de que el régimen estimulaba un plan llamado “Ubica tu casa” que daría paso a la toma de los inmuebles.
El miedo, las dudas, los rumores y las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. Líderes políticos de la oposición, juristas y gremios empresariales alzaron la voz frente a la irregularidad del proceso y al pretendido “control inmobiliario” que buscan los funcionarios de Maduro, tomando en cuenta que el registro de inmuebles ya existe.
Poco después el mismo Menéndez ofreció nuevas declaraciones para indicar que “al censo no le corresponde en lo más mínimo evaluar o no la propiedad” de los inmuebles. Llamó a la calma y aseguró que se procederá contra cualquiera que intente agredir la propiedad de otros, así que si alguien tiene denuncias en este sentido “que las lleve al Ministerio Público”.
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Sin embargo, aseguró que en los censos “siempre se hace primero el levantamiento de lo que corresponde a la unidad inmobiliaria, para poder definir el marco muestral y posteriormente se va a lo que corresponde de la boleta censal”.
Pero sus explicaciones no lograron disipar las dudas debido, entre otras cosas, a que en el proceso participan cuerpos al servicio del régimen, incluso armados, en lugar de empadronadores del Instituto Nacional de Estadísticas, y a que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, al hablar del inicio del censo dejó claro que las viviendas no son para alquilarlas.
“La casa no es para alquilarla, es para la familia (…) y un censo no significa que le vamos a quitar la vivienda. Lo que haremos es chequear si el propietario está ahí”, aseguró.
