(EFE).- El suicidio de un funcionario por un presunto caso de acoso laboral ha suscitado un profundo debate en Taiwán, cuyo progreso económico no se ha traducido en una mejora sustancial de los derechos de los trabajadores ni en cambios en una cultura que, según los expertos, resulta “opresiva”.
La muerte de este funcionario, un hombre de 39 años de apellido Wu, no sólo ha provocado la dimisión de la ministra de Trabajo y de otros altos cargos del Ministerio, sino que también ha generado acaloradas discusiones sobre la presión que sufren infinidad de profesionales, tanto del sector público como del privado.
En opinión de Roy Ngerng, investigador singapurense radicado en Taiwán, la cultura laboral de la isla todavía opera en un nivel “jerárquico y patriarcal”: los trabajadores “no suelen desafiar a sus superiores ni denunciarlos por mala conducta, y comportamientos como el acoso se acaban convirtiendo en una práctica común porque no se cuestionan”.
“Algunas encuestas sostienen que los trabajadores de Taiwán son más infelices y están menos comprometidos con el trabajo, en comparación con otros países avanzados. Esto se debe a la falta de autonomía que experimentan”, afirma Ngerng a EFE.
Una presión normalizada e institucionalizada
Las circunstancias que rodearon el suicidio de Wu fueron objeto de discusión desde el primer momento: su cuerpo fue hallado el 4 de noviembre en una de las dependencias del Yuan Ejecutivo (Gobierno), y las redes sociales se llenaron rápidamente de especulaciones acerca de que su supervisora, Hsieh Yi-jung, lo sometía a constantes presiones y vejaciones.
Tras una investigación interna, la ahora exministra de Trabajo Ho Pei-shan aseguró que Hsieh no fue la responsable directa de esta muerte, que atribuyó a una combinación de “carga de trabajo excesiva”, “demasiado estrés” y “falta de recursos de apoyo”. Ho dimitió dos días después de proferir estas declaraciones, criticada por su tibieza a la hora de gestionar la situación.
Quizá el caso de Wu sea aislado, pero su fallecimiento revela muchos de los problemas que arrastra la isla desde hace décadas. Si bien su desarrollo económico la ha puesto a la par de Japón y Corea del Sur en términos de PIB per cápita, Taiwán no se ha sacudido los vicios de un sistema laboral organizado en torno al sector manufacturero, en el que la presión, las jornadas maratonianas y la falta de descanso son la norma.
Según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo a finales del año pasado, los taiwaneses trabajaron una media de 2.008 horas en 2022, por delante de Corea del Sur (1.904) y Japón (1.626), lo que convirtió a la isla en el sexto territorio con mayor carga laboral para sus ciudadanos de entre las 39 economías analizadas por el documento.
Por si esto fuera poco, la Ley de Normas Laborales contempla unos descansos ínfimos para los trabajadores: un empleado que lleve entre seis meses y un año en una compañía taiwanesa tiene derecho a sólo tres días de vacaciones, y sólo a partir del quinto año trabajado de forma consecutiva en esa misma empresa puede disfrutar de hasta quince días de vacaciones pagadas.
“El Gobierno y las empresas de Taiwán perciben a los trabajadores y sus derechos desde una lógica propia de la cadena de suministro manufacturera, que busca maximizar sus horas de trabajo, evitar que tomen descansos e incluso pagarles con costos mínimos (…). Taiwán aún no comprende que esta mentalidad anticuada genera numerosos inconvenientes”, denuncia Roy Ngerng.
Un cambio de paradigma necesario
El fallecimiento de Wu ha desencadenado una cascada de críticas contra el Gobierno, hasta el punto de que el presidente, William Lai, tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido. “Debemos trabajar para cambiar muchas de las culturas laborales que anteriormente se consideraban normales, y erradicar todas las formas de acoso en el lugar de trabajo“, escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.
Para Ngerng, el Ejecutivo debería impulsar leyes que impongan sanciones más severas para quienes obliguen a sus empleados a trabajar más allá de lo acordado, flexibilizar los criterios de sindicalización y subir el salario mínimo, fijado en 28.590 dólares taiwaneses (unos 881 dólares) para el próximo año.
“Taiwán se encuentra atrapado en un dilema, mientras el partido gobernante no respalde sus palabras con acciones y comience a alinear los derechos laborales con su defensa de los derechos humanos“, sentencia el investigador.
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