Redacción (ALN).- Las sanciones personales contra 16 jueces, jefes policiales y militares de Venezuela anunciadas este jueves por Estados Unidos marcan el inicio de una “etapa de garrote” contra los miembros del gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con analistas.
Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica del centro de estudios Wilson Center, enfatiza en las diferencias de sanciones económicas, que “no han producido los resultados esperados” y “han contribuido a agravar la crisis migratoria”, y las individuales, que “evitan impactos sobre la población”.
“Es poco probable que logren cambiar el comportamiento de las autoridades, pero al menos brindan cierto grado de justicia para las víctimas”, dice a la Voz de América.
A su juicio, pueden tener “un efecto disuasorio” para aquellos con vínculos familiares o financieros en Estados Unidos. “Algunos pueden llevar estas sanciones como una insignia de honor, pero para muchos representan una ‘muerte civil’”, apunta.
Gedan, sin embargo, remarca que el paquete de castigos anunciado, “casi sin precedentes”, no esconde el hecho de que el gobierno madurista “está más consolidado que nunca” después de los controvertidos resultados electorales y la represión subsecuente.
¿Medida positiva o negativa?
Las sanciones individuales conocidas este jueves son “algo sumamente positivo” para los venezolanos y “sumamente negativo” para los colaboradores de Maduro, de acuerdo con el politólogo Walter Molina Galdi desde Argentina.
Considera que Washington, imponiendo sanciones individuales y emitiendo prohibiciones a casi 2.000 funcionarios, envía un mensaje al poder político en Caracas sobre las consecuencias de sus acciones electorales y potenciales crímenes de lesa humanidad.
“Ya la etapa donde Lula lideraba las gestiones se acabó y comienza la etapa del garrote”, dice, refiriéndose al mes y medio anterior donde los presidentes de Brasil, Colombia y México hicieron diligencias con Maduro para que presentara evidencias de su triunfo.
Estados Unidos hace notar que se elevan los “costos de permanencia” del chavismo en el poder tras los controvertidos resultados anunciados por el poder comicial venezolano, diagnostica Molina Galdi. Estas sanciones, opina, son parte de “una presión fuerte, efectiva y coordinada” de la comunidad internacional con respecto a la crisis en Venezuela.
María Alexandra Semprún, politóloga y docente universitaria en el país suramericano, cree que las medidas anunciadas por Estados Unidos “ponen en la mira mundial” a los funcionarios señalados, categorizándolos como “delincuentes” con graves cargos.
Al mismo tiempo, valora, hacen que sus decisiones e incluso las negociaciones en las que sus nombres estén mencionados “no tengan validez”.
“Al estar ellos desacreditados, no tienen poder de negociar o formar acuerdos en nombre de Venezuela. Cada acto firmado por uno de ellos es inválido, írrito e legal”, señala.
¿Se allana una negociación?
Piero Trepiccione, también politólogo venezolano, interpreta las sanciones individuales como “movimientos ajedrecísticos” que buscan “forzar la barra” de una negociación entre las partes en conflicto en Venezuela luego de la votación presidencial.
Se abre una etapa donde nuevamente hay posiciones encontradas. Hay un relanzamiento de posiciones de fuerza de ambas partes en función de llegar a un clímax favorable para llegar a una negociación”, comenta el especialista a la VOA.
El hecho de que Estados Unidos no haya apuntado a sanciones contra las operaciones financieras del Estado venezolano refleja “el carácter simbólico” de las medidas de cara a futuros acuerdos, enfocadas de momento en funcionarios del gobierno, concluye Trepiccione.
