Leopoldo Martínez Nucete (ALN).- Hay al menos 150.000 venezolanos indocumentados en la Florida, expuestos a deportación e impedidos de trabajar legalmente en los EEUU. Por otra parte, hay más de 70.000 venezolanos con solicitudes de asilo pendientes, las cuales han crecido a un ritmo de más de 10.000 anuales desde que recrudeció la crisis en Venezuela. Por ello es inexplicable que el Partido Republicano y el gobierno de Donald Trump no se sumen al otorgamiento del TPS (Estatus de Protección Temporal) que de forma consistente vienen proponiendo los demócratas.
La semana pasada Venezuela ocupó, nuevamente, un espacio importante en la agenda legislativa de los EEUU.
En el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad y de forma bipartidista la Ley Verdad (las siglas corresponden al título de la ley en inglés, Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act).
A continuación hacemos un resumen de las provisiones del proyecto de Ley Verdad:
1) Reitera el apoyo al Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el reconocimiento a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo y democráticamente electo, pero indicando que la política de Estados Unidos debe buscar una solución pacífica y diplomática a la crisis de Venezuela. Es decir, el proyecto descarta, afortunadamente, la tan vociferada invasión militar. De hecho, establece que nada en este proyecto de ley puede considerarse como una autorización para el uso de fuerza militar en contra de Venezuela.
2) Aumenta a 400 millones de dólares la suma para nueva ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Principalmente esta ayuda humanitaria complementa los más de 100 millones de dólares que hasta ahora ha recibido y administrado el gobierno de Colombia para atender la crisis migratoria de refugiados venezolanos en la frontera. Por supuesto, de ser posible y aceptado por el régimen (en caso de que hubiese un acuerdo político entre tanto continué el régimen de Nicolás Maduro) o después de cesar este, dicha ayuda podría entrar directamente al país para atender la crisis.
3) La legislación propone acciones en contra de la cleptocracia de Maduro, a saber:
-Prohibición de otorgar y revocación de visas para los familiares de los individuos sancionados, y establece excepciones para levantar restricciones de visas.
-Autoriza la remoción de sanciones para funcionarios sancionados que no estén envueltos en violaciones a los derechos humanos y reconozcan al Presidente Interino Guaidó.
-Requiere que el Departamento de Estado trabaje conjuntamente con gobiernos de América Latina y Europa para que estos países implementen sus propias sanciones.
4) Finalmente el proyecto legislativo propone apoyo para la reconstrucción de Venezuela, entre otras medidas:
-Requiere que los Departamentos de Estado, Tesorería y Justicia realicen esfuerzos internacionales para congelar, recuperar y reutilizar los fondos mal habidos de funcionarios del gobierno.
-Acelera la planificación con instituciones financieras internacionales para la reconstrucción económica de Venezuela una vez que sea recuperada la democracia.
El proyecto de Ley Verdad fue preparado y liderado por el senador demócrata por New Jersey Bob Menéndez, con el apoyo y coautoría del senador republicano por la Florida Marco Rubio. Vale la pena destacar que en su primera versión Menéndez propuso incluir un capítulo dedicado a resolver la situación migratoria de los venezolanos que habían sido desplazados hacia los Estados Unidos por la crisis, y que se encuentran indocumentados o en una situación migratoria vulnerable.
La propuesta de Menéndez consiste en extender por vía legislativa especial el TPS (Estatus de Protección Temporal) a los venezolanos. Dichas provisiones no contaron con el apoyo de los senadores republicanos, que todavía son la mayoría en la Cámara Alta y el Comité de Relaciones Exteriores; y por tanto Menéndez acordó retirar ese contenido y presentarlo o proponerlo en un proyecto de Ley separado, suscrito sólo por los senadores de la bancada demócrata, el cual luego recibió también apoyo de un solo republicano, el senador Marco Rubio.
El futuro de la Ley Verdad depende ahora, exclusivamente, de la mayoría republicana en el Senado. Primero debe llevarlo a la plenaria de la Cámara Alta el líder de los republicanos Mitch McConnell, y luego recibir el voto favorable de la mayoría de los senadores. Esto último parece absolutamente viable, lo que no está claro todavía es la voluntad de McConnell, como líder de los senadores republicanos, de priorizar la discusión de este proyecto en plenaria.
La propuesta del senador Bob Menéndez consiste en extender por vía legislativa especial el TPS a los venezolanos. Pero no contó con el apoyo de los senadores republicanos, que todavía son la mayoría en la Cámara Alta y el Comité de Relaciones Exteriores; y por tanto Menéndez acordó retirar ese contenido y presentarlo o proponerlo en un proyecto de Ley separado, suscrito sólo por los senadores de la bancada demócrata, el cual luego recibió también apoyo de un solo republicano, el senador Marco Rubio.
El proyecto del TPS presentado por el senador Menéndez no ha sido todavía considerado en el Senado o alguno de sus comités con competencia en esta materia; como sí ocurrió la misma semana pasada con la iniciativa legislativa liderizada por el diputado demócrata de la Florida Darren Soto en la Cámara de Representantes.
En esencia y de forma simplificada el TPS es un estatus migratorio provisional y temporal que prohíbe la deportación de los migrantes beneficiados por la medida, facilitándoles un permiso de trabajo.
El proyecto del congresista Soto se introdujo con apoyo bipartidista (al respaldarlo el congresista republicano Mario Díaz Balart, también de la Florida), y tuvo su primera discusión en el Comité de Asuntos Judiciales. Allí lo impulsaron los diputados demócratas, entre quienes destacó la voz y liderazgo de la congresista por la Florida y de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell, quien al promoverlo dijo que los legisladores han tenido que tomar el camino de una ley para atender este aspecto de la crisis humanitaria venezolana, representado por los migrantes desplazados a EEUU, mayormente concentrados en Miami y Houston. Este esfuerzo legislativo, como bien acotó la legisladora demócrata, se ha hecho indispensable debido a la negativa de la Administración Trump de otorgarlo por vía ejecutiva. En la Cámara Baja, donde existe mayoría demócrata, el proyecto del TPS recibió apoyo de todos los congresistas de dicho partido en el Comité (20 en total), pero no obtuvo el apoyo de ningún diputado republicano (9 votaron en contra y los demás miembros no se presentaron a la votación).
El asunto del TPS, según un reportaje de The Washington Post, en el cual se reveló un intercambio de emails entre funcionarios de la Casa Blanca, fue descartado por el equipo de Donald Trump hace un par de meses. El reportaje exponía que los funcionarios contrarios a su adopción, por una parte temían el impacto que dicha decisión tendría en la base política de Trump, que asume con vehemencia su discurso contra la inmigración latina, y que llevó a revocar el TPS a los países de Centroamérica y otros en las primeras ejecutorias de Trump, acompañándolas de su cruel política de deportaciones y separación de familias refugiadas o desplazadas hacia la frontera por la crisis del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador). Por otra parte, la discusión recogida en el reportaje del prestigioso medio, ventilaba que extender el TPS podía debilitar la señal que se quería enviar al régimen de Maduro con la retórica de la “amenaza militar creíble”.
¿Cómo encauzar la crisis de Venezuela hacia una solución electoral?
Una postura cruel y contradictoria
Cuando se piensa en todo lo anterior, caben dos conclusiones:
1) La amenaza de la invasión militar nunca estuvo en realidad bajo consideración, salvo en el plano retórico para inducir un “quiebre” en el respaldo militar que sigue sosteniendo al régimen de Maduro, como hasta hoy se ha hecho evidente.
2) La visión que prevalece en el entorno de Trump, de que podría existir un atajo en la solución de la grave crisis de Venezuela, ha terminado por retardar (y dificultar) la adopción de una medida humanitaria esencial en el contexto actual: la protección migratoria temporal de los venezolanos que se encuentran desplazados o expuestos a deportación en los EEUU, lo cual es irresponsable y de una indiferencia inexcusable, vista la magnitud de la crisis y la opresión que se vive en Venezuela.
La congresista por la Florida de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell dijo que los legisladores han tenido que tomar el camino de una ley para atender este aspecto de la crisis humanitaria venezolana, representado por los migrantes desplazados a EEUU, mayormente concentrados en Miami y Houston. Este esfuerzo legislativo se ha hecho indispensable debido a la negativa de la Administración Trump de otorgarlo por vía ejecutiva.
Son al menos 150.000 los venezolanos indocumentados en la Florida, expuestos a deportación e impedidos de trabajar legalmente en los EEUU, teniendo capacidades sobradas para hacerlo y contribuir no sólo a resolver su situación personal (y la de sus familias con remesas de dinero al país), sino al mismo tiempo hacer un valioso aporte a la economía estadounidense en la que existe pleno empleo y nuevas oportunidades de trabajo o emprendimiento. Por otra parte, están más de 70.000 venezolanos con solicitudes de asilo pendientes (y lejos de ser resueltas a tiempo), las cuales han crecido a un ritmo de más de 10.000 anuales desde que recrudeció la crisis en Venezuela. Finalmente están centenares de familias con un estatus migratorio vulnerable, jóvenes soñadores que llegaron a EEUU siendo menores de edad y han estudiado con éxito en el país, listos para incorporarse al mercado laboral, pero sin posibilidad legal de hacerlo. Muchos de ellos llegaron a los Estados Unidos siendo menores de edad con sus padres en alguno de los primeros hitos migratorios de las últimas dos décadas (2002, 2005, 2014 y desde el 2017).
La postura republicana de no otorgar el TPS a los venezolanos (impulsada desde la Casa Blanca) es además de cruel, contradictoria con el reconocimiento de que existe una crisis humanitaria en Venezuela. Ya en 2017 el entonces senador demócrata por la Florida Bill Nelson dirigió una misiva al Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) solicitando que fuese decretado por vía del Ejecutivo Nacional, como le faculta la ley, el TPS para los venezolanos. La propuesta de Nelson fue respaldada por 22 legisladores demócratas, una buena parte de ellos miembros de la conferencia de legisladores hispanos.
En aquella misiva el senador Nelson y los demócratas destacaban “la cada vez más grave situación en Venezuela, donde las condiciones continúan deteriorándose a manos del dictador Nicolás Maduro”; instando a otorgar “el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a todos los venezolanos elegibles para tal concesión, que residen actualmente en los Estados Unidos”; recordando que ese beneficio fue creado en 1990 “con el fin de proporcionar refugio en los Estados Unidos a personas cuyos países de origen sufrieran conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias que les impidieran un retorno con seguridad”. “La situación en Venezuela”, argumentaban desde entonces los congresistas demócratas en su comunicación, “es grave, por lo que cumple con los estándares del mecanismo”.
Dos cosas llaman la atención de aquella carta, fechada el 29 agosto de 2017. La primera es la claridad con que los tribunos del Partido Demócrata abordan la tragedia de Venezuela. “Maduro”, señalan sin titubeo, “persiste en su deliberada marcha hacia la imposición de una dictadura corrupta, de partido único; y el pueblo venezolano sigue sufriendo de extrema escasez de alimentos, suministros médicos y otros productos básicos. Además, el régimen de Maduro rutinariamente acusa a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos de ‘traidores’ e ‘imperialistas’, lo que plantea preocupación real por su seguridad si decidieran regresar. No es de extrañar que los venezolanos se convirtieran en los principales solicitantes de asilo de los Estados Unidos en 2016”.
Y la otra consideración, que resalta de manera muy positiva en aquella misiva de los demócratas, es la manera como se refieren a la calidad de la migración venezolana. Según los legisladores, la concesión de TPS a venezolanos que ya viven en los Estados Unidos está en línea con el interés nacional. Porque, según afirman, “los venezolanos en los Estados Unidos no sólo se han convertido en una parte vibrante de nuestras comunidades, sino que también han hecho contribuciones importantes como abogados, médicos y propietarios de pequeñas empresas”.
En la situación en que se encuentran las cosas en Venezuela, y mucho más ante la dificultad de visualizar una solución viable y responsable de corto plazo a la grave crisis, se hace imprescindible extender la protección migratoria temporal a los venezolanos. Es inexplicable que el Partido Republicano (y el gobierno de Donald Trump) no se sumen al otorgamiento del TPS o alivio migratorio que de forma consistente vienen proponiendo los demócratas.
(Publicado originalmente el 30 de mayo de 2019)
