Redacción (ALN).- Dos de las cinco preguntas del referendo consultivo en Venezuela sobre su diferendo con Guyana por el Esequibo podrían derivar en la indefensión jurídica de Caracas ante un tribunal internacional clave o hasta en una eventual acción de fuerza para controlar ese territorio, unos 159.000 kilómetros en disputa desde el siglo XIX, advierten especialistas.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la realización, el 3 de diciembre, de un referendo sobre el Esequibo en respuesta a la concreción de licitaciones petroleras en aguas pendientes por delimitar por parte de Guyana, que reprochó la consulta del vecino.
Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se dirime el diferendo, que suspenda el referendo, que, según Georgetown, supone “un plan siniestro de Venezuela de apoderarse de territorio guyanés”.
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¿Por qué 5 preguntas consultadas al pueblo venezolano pueden preocupar tanto a Guyana, otros actores internacionales e incluso a los analistas de asuntos internacionales? Expertos consultados por la Voz de América lo explican.
La primera pregunta consulta a los venezolanos si rechazan el Laudo Arbitral de París de 1899, desfavorable para Venezuela y que Caracas valora como nulo.
La segunda pulsa el respaldo al Acuerdo de Ginebra de 1966 como “el único instrumento jurídico válido” para “una solución práctica y satisfactoria” al diferendo.
Lauren Caballero, especialista en asuntos internacionales y uno de los primeros analistas que advirtió públicamente de las implicaciones jurídicas de la pregunta 3 del consultivo, consideró que justo esa interrogante revela el principal objetivo político del chavismo con el referendo.
Según precisó el Consejo Nacional Electoral, esa pregunta interroga al elector si está de acuerdo “con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia”.
Caballero aseguró a la VOA que, a su entender, el gobierno de Maduro podrá “sustentar en el apoyo popular la decisión (del gobierno) de abstenerse de defender a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia”, a donde Guyana acudió en 2018 de manera unilateral, un caso actualmente en curso.
Venezuela interpuso excepciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia para tratar de detener el caso y participó en una audiencia, recordó el abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.
“Es preocupante que pudiese ser utilizada por el gobierno para argumentar que debe volver a su posición de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia”, comentó en conversación con la VOA.
Según De Alba, el juicio en el máximo tribunal de la ONU “va a continuar” y “la inmensa mayoría de la comunidad internacional” reconocerá su decisión.
La defensa de Maduro y el Esequibo
El gobierno venezolano advirtió esta semana sobre presuntos intentos de “confundir” sobre el contenido de las interrogantes del consultivo de diciembre.
El presidente Nicolás Maduro se expresó en esos términos al defender la pregunta 3, este martes. “Venezuela jamás ha aceptado a la Corte Internacional de Justicia”, aseguró en su cuenta en X/Twitter.
Según Maduro, su nación tiene una “posición histórica blindada” de desconocer ese organismo como vía para resolver la disputa, “desde 1945 a la fecha”.
También, alegó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 “obliga que la opción de la corte debe ser firmada y aprobada por el Estado venezolano” y que “los estatutos de la corte obligan a que los Estados reconozcan la jurisdicción ante cualquier circunstancia o diferencia”.
Caballero, por su parte, advirtió que la decisión de la Corte Internacional de Justicia “será cosa juzgada e incontrovertible”, sin manera de apelarla, al menos no con un pronóstico de éxito.
Un fallo desfavorable para Venezuela puede prevenirse con “una defensa sólida y robusta”, que demande la revocación del Laudo Arbitral de 1899, un acto que el especialista en asuntos internacionales calificó como “una de las sentencias arbitrales más fácilmente desmontables que hay”.
Preguntas “agresivas”
La redacción de las preguntas del referendo es “larga y contradictoria” y las consultas se hacen “incomprensibles y agresivas sin necesidad” por los asuntos que implican, opinó el embajador retirado Milos Alcalay.
A su juicio, elevar la defensa jurídica del Esequibo a una consulta popular es “preocupante” y demuestra la “torpeza” diplomática del gobierno de Maduro.
Alcalay estimó que las preguntas 1 y 2 son «inútiles», argumentando que la Constitución venezolana “responde” de antemano a sus alcances.
A su entender, las interrogantes 3 y 5 son particularmente “peligrosas”.
La duda sobre la competencia o no de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo “es tardía y contraproducente”, indicó. “Está en pleno juicio”, dijo.
La CIJ realizará audiencias públicas el martes 14 de noviembre, en La Haya, para abordar la convocatoria del referendo consultivo por parte de Venezuela.
No acudir ante la Corte pondría “en riesgo” las oportunidades de exponer las razones de presunto vicio de nulidad del Laudo de París y de presentar “una posición jurídica sólida” sobre el Esequibo ante La Haya, opinó Alcalay.
Un nuevo estado, ciudadanía y cedulación
La quinta pregunta del referendo es probablemente la que más preocupa a analistas y a parte de la comunidad internacional.
En ella, se consulta a los venezolanos si están de acuerdo con crear el estado “Guyana Esequiba”, lo cual involucra “un plan acelerado” para atender a su población, incluidas sus ciudadanías y cédulas de identidad de Venezuela.
Esa última interpelación constituye “torpes amenazas” de crear un nuevo estado y “pareciera sugerir” que Venezuela está dispuesta a ocupar una región actualmente en posesión de Guyana, si bien es una zona en reclamación, advirtió Alcalay.
El exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas se preguntó cuál será la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si se aprueba esa idea.
A su entender, “sería grave” que tanto el gobierno como los militares venezolanos no hagan “nada”. La otra alternativa sería aún peor, según Alcalay.
“¿La otra alternativa sería la de cumplir el mandato de la consulta y ocupar el territorio, repitiendo los estilos guerreristas de la invasión de Rusia a Ucrania, o del Hamás a Israel? Eso sería más grave aún”, apuntó el especialista.
Tanto Alcalay como De Alba consideraron que una ocupación de esa índole puede dejar a Venezuela aislada ante la comunidad internacional.
De Alba recordó que Guyana “controla de facto” el territorio en disputa y la creación de un nuevo estado por parte de Venezuela y su atención a la población que vive en esa zona pudiera “abrir la puerta a enfrentamientos» militares.
¿Una vía hacia la “agresión”?
Hugh Todd, canciller de Guyana, dijo el lunes que su nación estaba “unida” para mostrarle al mundo que se encuentra “en el lado correcto del derecho internacional” en el diferendo, antes de acusar a Venezuela de amenazar la paz y la seguridad de la región.
Ante la Asamblea Nacional de Guyana, Todd denunció el “expansionismo venezolano”, argumentando que Venezuela, según sus palabras, ya habría asegurado un territorio cuatro veces del tamaño de Guyana y tachando de “provocador e ilegal” el referendo.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Guyana de tocar «tambores de guerra» con sus negocios en zonas marítimas en disputa.
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