Daniel Gómez (ALN).- Que todos los exmandatarios vivos en Perú estén cercados por algún caso de corrupción también significa que ninguno se libra de la justicia. “Demuestra que a pesar de todos estos problemas que hemos tenido, tenemos instituciones estatales estables”, dice a ALnavío Jorge Bravo, director de Life Abogados en Perú.
En Perú todos los expresidentes vivos están salpicados por algún escándalo de corrupción. Escándalos que han llevado hasta el suicidio. Es el caso de Alán García, quien cayó en desgracia el pasado abril tras dispararse en la cabeza instantes antes de ser detenido.
Quizá acontecimientos de este tipo no sean los mejores para promocionar la imagen de un país que realmente es pujante. Que está en crecimiento. Que cuenta con una de las economías más prósperas de América Latina. Lo que pasa es que, y ahí están los hechos, también cuenta con uno de los sistemas políticos más contaminados de la región.
“Todo esto que nos ocurre es sin duda negativo. Todo acto de corrupción es un delito y es denunciable. Pero en cierto modo es positivo para la imagen de Perú que se esté viendo que se hayan impuesto sanciones a personas que son corruptas. Demuestra que a pesar de todos estos problemas que hemos tenido, tenemos instituciones estatales estables”, declara a ALnavío Jorge Bravo, director en Perú del bufete español Life Abogados.
A Bravo le afecta especialmente el hecho de que Perú sea mundialmente conocido por lo corrupta que es su clase política. “Tenemos un problema real ahí”. Lo dice como peruano, y también como abogado que ayuda a empresas españolas y europeas a expandir sus negocios en Perú.
“Para que haya una entidad corrupta, tiene que haber un corruptor. Creo que algunas empresas, con mucho poder económico, han ido sembrando la semilla maligna de la corrupción. Esta se ha destapado y el Poder Judicial está recuperando un rol perdido: el de ser una institución sólida, que garantice los derechos de un empresario”, apunta el abogado.
En Perú ahora no hay tratos de favor
Recuerda que, en el pasado, para muchas empresas era un impedimento optar a grandes proyectos en los que participaba, por ejemplo, Odebrecht. Esta constructora brasileña, que llegó a ser la más importante de América Latina, protagonizó en 2016 un caso de corrupción que salpicó a 10 gobiernos de la región, haciendo especial daño en Perú.
“Cuando antes venía una empresa a optar por un proyecto y veía que su rival era Odebrecht, pues desistía de competir. Ahora, tras ese escándalo, tras el escándalo con los expresidentes, la información es más transparente y hoy en Perú se puede tener la tranquilidad de que no habrá una triquiñuela de un político para favorecer a un empresario en una licitación”
“Cuando antes venía una empresa a optar por un proyecto y veía que su rival era Odebrecht, pues desistía de competir. Ahora, tras ese escándalo, tras el escándalo con los expresidentes, la información es más transparente y hoy en Perú se puede tener la tranquilidad de que no habrá una triquiñuela de un político para favorecer a un empresario en una licitación”, apunta Bravo.
El resumen que hace este abogado es que “si los presidentes no se salvan de la justicia, los empresarios y las empresas tampoco”. Insiste que en Perú hay las mismas reglas para todos. Que no hay un trato de favor a las empresas que son peruanas, o incluso americanas. Se fomenta la inversión extranjera hasta el punto de que hay una ley que obliga a garantizar a las empresas de otro país los mismos derechos y oportunidades de desarrollo que una local.
Porque hay oportunidades para todos y porque no se tolera la corrupción, Bravo confía tanto en su último proyecto: Smart Investment Portfolio. Una plataforma que lanzará en septiembre en España con Life Abogados para que pymes y startups detecten proyectos en Perú. Proyectos identificados y avalados por el mismo Estado. Ese que, dice, repudia la corrupción.
