Redacción (ALN).- María Jesús Montero, ministra de Hacienda de España, dice que la aerolínea Plus Ultra “es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda del Fondo de Solvencia”.
Conectar España con Latinoamérica. Ese siempre fue el objetivo de Plus Ultra, una aerolínea golpeada como otras tantas por la crisis del coronavirus.
Esta empresa, con sede fiscal en Madrid, cuenta con 345 personas en plantilla, genera 2.500 empleos indirectos al año, y facturó 100 millones de euros en 2019.
Tiene vuelos desde España con Ecuador, Perú y Venezuela. Con este último país son sus rutas más famosas. Las que conectan Caracas con Santa Cruz de Tenerife, y Caracas con Madrid, han sido la puerta de entrada para muchos venezolanos que ahora han hecho de España su casa.
Lo que ocurre es que en las últimas semanas Plus Ultra ha estado en el ojo del huracán.
El 9 de marzo el gobierno de España concedió una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia, del que también se han beneficiado firmas como Duro Felguera y Air Europa.
Plus Ultra recibió la ayuda luego de que el Ministerio de Hacienda la considerara una empresa “estratégica”. Lo es, explicó, porque su oferta de vuelos va dirigida a migrantes latinoamericanos que no tienen cubierta esa demanda, “a un precio asequible y con un adecuado número de frecuencias, de forma suficiente, por otras aerolíneas convencionales”.
La aerolínea niega la polémica
Hasta aquí todo transcurría con normalidad, hasta que apareció en algunos medios españoles que Plus Ultra era una empresa relacionada con el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro.
Su directiva lo negó de inmediato.
En un comunicado oficial reseñado por el diario español La Razón, se explica que Plus Ultra, “igual que el resto de compañías del sector, su capital social está compuesto por accionistas de diferentes nacionalidades, si bien en todo momento se ha mantenido la mayoría en manos de ciudadanos europeos, y específicamente españoles”.
También se explica que “las decisiones inversoras de nuestros accionistas están únicamente basadas en criterios de rentabilidad y credibilidad en nuestro proyecto”. Esto lo dice porque les acusaron de hacer negocios para favorecer a la cúpula del gobierno venezolano.
Plus Ultra también desmiente “rotundamente” que tanto la aerolínea como sus accionistas y directivos tengan relaciones de influencia o interés con ningún gobierno. “Su único interés es la supervivencia y optimización de la compañía y la recuperación de sus vuelos a distintos destinos latinoamericanos (Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba) y otros países de la región que están en la planificación estratégica de la empresa”, apunta el comunicado.
La polémica con Plus Ultra en el Congreso
A pesar del desmentido de Plus Ultra, la polémica llegó hasta el Congreso a través del Partido Popular y Vox. Este miércoles, diputados de ambos partidos le preguntaron a la ministra de Hacienda por qué el gobierno aprobaba un préstamo para esta empresa.
Primero, María Jesús Montero recordó que el Fondo de Apoyo a la Solvencia se creó para empresas españolas, y Plus Ultra, como empresa afincada en Madrid, opta a esas ayudas, dijo.
En segundo lugar, la ministra recordó que la aerolínea “es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda del Fondo de Solvencia”.
“¿Ustedes qué pretenden? ¿Que a empresas españolas que cumplan con los criterios del decreto ley que se aprueba por este Parlamento no se les dé la ayuda porque según usted son colaboradores de no sé qué régimen?”, le dijo Montero al diputado del PP Mario Cortés Carballo.
En la sesión del Congreso, Víctor Guido González Coello de Portugal, diputado de Vox, llegó a decir que en su partido llamaron a los representantes del opositor venezolano Juan Guaidó, y que estos “no les han dicho nada bueno de esa sociedad y de esos accionistas”, apuntó en referencia a los directivos de Plus Ultra.
“No tengo que preguntarle nada al señor Guaidó, ni al señor Maduro, ni a ningún miembro ni dirigente de ningún país la solvencia de una empresa española. ¿Es que acaso el señor Guaidó es quien va a decidir sobre las empresas españolas?”, sentenció la ministra.
