Pedro Benítez (ALN).- La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de Perú es motivo de júbilo para el presidente venezolano Nicolás Maduro y su círculo más cercano: cae uno de los más acerbos críticos en el continente. Kuczynski, quien presidió un país que en el tiempo reciente ha tenido uno de los mejores desempeños económicos del mundo, renuncia en medio de un escándalo de corrupción. Maduro ha estado al frente de una de las mayores debacles sociales y económicas conocidas y sigue en el poder. ¿Por qué?
Con 21,7% Perú fue el país de Latinoamérica donde más crecieron las exportaciones en 2017. Más que Brasil, Argentina o Colombia (Leer más: Perú impulsó las exportaciones de América Latina en 2017).
Además cerró ese año con una inflación acumulada de 1,4%, la más baja en ocho años; un modesto crecimiento económico de 2,5%, consecuencia del desastre natural de El Niño Costero, pero con un ritmo ascendente que no ha parado desde 2010, lo que le ha permitido a ese país tener una tasa de desempleo de 6,6% con tendencia a la baja.
Al otro extremo tenemos a Venezuela. Bajo el mandato de Nicolás Maduro el PIB se ha contraído por lo menos 40% en cuatro años, con la única hiperinflación del siglo XXI, con los indicadores de mortalidad infantil disparados y un 10% de la población que ha emigrado.
Vistas así las cosas Pedro Pablo Kuczynski (PPK) parecía tener suficiente autoridad moral para erigirse en uno de los más severos críticos del autoritarismo implantado en Venezuela.
Nicolás Maduro, a diferencia de casi todos sus pares (la otra excepción es Cuba) sí puede hacer con la institucionalidad lo que le plazca
De modo que la pregunta inevitable hoy es: ¿Por qué pese a todo eso Maduro sobrevive en el poder y Kuczynski cae?
La respuesta sencilla es que la imperfecta y criticable institucionalidad democrática peruana así lo ha permitido.
Desde que inició su mandato presidencial el 28 de julio de 2016, sobre la cabeza de PPK pendía la espada de Damocles de los 78 congresistas del bloque fujimorista que hacen una mayoría en el Parlamento peruano de 130 asientos.
Kuczynski ganó la elección de 2016 porque en la segunda vuelta todos los grupos políticos lo apoyaron para derrotar a Keiko Fujimori, lo que dejó a su partido con apenas 18 congresistas. Por lo tanto era un presidente en minoría. Escenario este que, por cierto, se va a repetir en Colombia en el próximo periodo constitucional.
El fujimorismo estaba en espera de la ocasión de la revancha para sacarlo de la Presidencia por medios parlamentarios. Y PPK se la dio muy pronto por el caso Odebrecht. Sus explicaciones sobre los cinco millones de dólares que recibió una empresa de la que era socio por parte de la multinacional brasileña mientras fue ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) nunca fueron convincentes.
Ya había esquivado un primer intento de destitución el 21 de diciembre pasado. Pero con la oposición siendo mayoría en el Congreso y perdiendo el apoyo de los partidos antifujimoristas que le venían apoyando el destino de PPK no era otro que abandonar la Casa de Pizarro.
El hoy expresidente peruano no podía hacer uso de la Corte Suprema de Justicia de Perú para bloquear al Congreso, ni podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente que lo reemplazara, ni las Fuerzas Armadas de ese país lo hubiesen apoyado en la violación de la legalidad vigente, como hizo el expresidente Alberto Fujimori en 1992 y Nicolás Maduro desde que su partido (PSUV) perdió la mayoría en la Asamblea Nacional venezolana en diciembre de 2015.
En Perú sí hay separación de poderes
Y además, es casi seguro que nada de esto siquiera se le ocurriera. De haber sido así hoy tendríamos en el hemisferio otra crisis constitucional como la venezolana donde el presidente Nicolás Maduro, a diferencia de casi todos sus pares (la otra excepción es Cuba) sí puede hacer con la institucionalidad lo que le plazca.
Venezuela fue el segundo país con más sobornos distribuidos por Odebrecht, y no obstante es el único de los países implicados donde no hay investigación judicial alguna
Como por ejemplo bloquear cualquier averiguación institucional sobre el escándalo Odebrecht. Que motivos hay, puesto que la trama develada en Brasil indica que Venezuela fue el segundo país con más sobornos (tres veces más que en Perú) distribuidos por esa empresa, y no obstante es el único de los países implicados donde no hay investigación judicial alguna.
No es casualidad que los dos grandes agentes promotores de la constructora brasileña Odebrecht en toda Latinoamérica fueran los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Hugo Chávez de Venezuela.
En resumen, Maduro celebra porque puede hacer con Venezuela lo que ninguno de sus pares de Suramérica puede hacer en sus respectivos países. Eso es precisamente lo que se le critica.
En Perú la teoría de la separación de poderes de Montesquieu está comprobando su eficacia. La justicia peruana ha demostrado una diligencia sobre el caso Odebrecht muy superior a la de Argentina y el mismo Brasil. Puede ser que a la larga toda esta crisis termine fortaleciendo la institucionalidad de Perú.
Pero por los momentos hay motivos de preocupación. Todos los expresidentes peruanos vivos están presos, condenados, investigados o solicitados por casos de corrupción.
Parece evidente que Kuczynski defraudó la confianza de sus electores. Además, la principal líder opositora, Keiko Fujimori, también está señalada por haber recibido dinero de Odebrecht. Por ello hay que preguntarse cuánto más puede resistir la institucionalidad peruana antes que la desconfianza de los ciudadanos se exprese en un cambio político que amenace su exitoso modelo económico.
Más que las reales o supuestas conspiraciones castro-chavistas tejidas desde el Foro de Sao Paulo, y alentadas desde La Habana, son los engaños y el canibalismo político en Latinoamérica la auténtica oportunidad que buscan los proyectos neoautoritarios del siglo XXI.
