Pedro Benítez (ALN).- Ni más limpia, ni más barata, ni más competitiva. La reforma de la ley eléctrica por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado una cadena de críticas en la prensa, la oposición y líderes empresariales mexicanos. Es un golpe a la confianza de la inversión privada en ese país que promete generar disputas legales con los empresarios y con su principal socio comercial al otro lado de su frontera norte.
Una semana después del megapagón que dejó durante varias horas sin energía eléctrica a 13 estados del norte de México, la mayoría del partido oficialista Morena en la Cámara de Diputados dio curso a la iniciativa de reforma a la ley de esa industria que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por medio de un procedimiento especial (“iniciativa preferente”) se espera que esta misma semana sea aprobada por el pleno de los diputados.
Con la promesa de no aumentar las tarifas del servicio por encima del índice de inflación, garantizar la continuidad del sistema eléctrico y defender la soberanía nacional, López Obrador pretende con esta reforma fortalecer el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de la iniciativa privada.
Para ello desea desmontar de manera parcial, pero significativa, la reforma de 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto que amplió la generación de energía eléctrica a la inversión privada (si bien ya se permitía desde 1992), aunque manteniendo las redes de transmisión y distribución en manos estatales.
La actual ley obliga a la CFE a comprar la energía más barata. Lo que quiere el principal promotor de esta reforma, Manuel Bartlett (director general de la comisión), es cambiar esa norma para favorecer la generación estatal sobre la privada, aunque sea más cara o menos limpia.
Como ocurre en el resto de América Latina las empresas estatales se caracterizan por un retraso tecnológico ante las privadas por la recurrente falta de rentabilidad e inversión. Eso es lo que sucede en el sector eléctrico de ese país.
De modo que ya por aquí la reforma es mala para el consumidor mexicano, que tendrá que pagar tarifas más altas o mayores impuestos para subsidiar esas tarifas y cumplir así la promesa presidencial de no incrementarlas. Y sin que eso sea garantía de que el servicio mejore en el futuro. Suficientes experiencias hay al respecto en el resto del continente.
Por otro lado, este cambio de reglas es otro golpe a la confianza del sector privado en la economía mexicana (ya AMLO ha dado otros), justo cuando más lo necesita para recuperarse de la recesión provocada por la caída de las actividades productivas en 2020, como consecuencia de la pandemia de covid-19. Las disputas legales se asoman en el horizonte por parte de empresas que invirtieron confiadas en las oportunidades que la legislación vigente les dio.
Por lo pronto, no han faltado las críticas de algunos líderes empresariales y desde la oposición, como el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018, Ricardo Anaya, que vaticinan lo peor con esta iniciativa de AMLO.
Pero además hay un aspecto en particular que hace esta reforma inconveniente para México. Sus relaciones con Estados Unidos, su principal cliente y proveedor.
Al abocarse a generar electricidad con tecnología más cara, dándole preferencia a los combustibles fósiles, México estará en contravía con la política medioambiental de la administración del nuevo presidente, Joe Biden, y con el cambio tecnológico que está ocurriendo en la industria automotriz, uno de los puntales de su economía.
Este sector de su industria de exportación está totalmente integrado a la cadena de valor de su vecino del norte, genera miles de puestos de trabajo, millones de dólares en ingresos, y está girando hacia la producción de autos eléctricos.
No luce inteligente dificultarle las cosas a la pujante industria automotriz mexicana, ni a la competitividad del país, en una nueva sucesión de disputas por razones medioambientales con su primer socio comercial.
Un hecho curioso
He aquí un hecho curioso. En estos momentos en México es la izquierda la que está defendiendo el uso de energías fósiles y la oposición de “derecha” la que defiende la generación de las llamadas limpias. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos.
Así como Biden y su equipo tienen una obsesión ideológica con el cambio climático, López Obrador tiene su propia obsesión, pero con el nacionalismo de izquierda mexicano de hace medio siglo. Aquí el choque parece casi inevitable. Resultaría paradójico que AMLO termine teniendo malas relaciones con Biden, luego de sus buenas relaciones personales y políticas con Donald Trump. La política siempre sorprende.
Sin embargo, López Obrador está decidido a llevar adelante su reforma eléctrica. “Necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo”, ha dicho hace pocos días al inaugurar una planta de la CFE. Antes había advertido que no le cambiaría “ni una coma” y acaba de acusar a los abogados que defienden a las empresas eléctricas de traición a la patria.
Eso, pese a que se había comprometido a no reformar la legislación de electricidad en los primeros tres años de su gobierno.
Pero López Obrador se está aprovechando de una circunstancia natural sobrevenida. La gigantesca y atípica tormenta invernal que afectó al estado de Texas al norte de la frontera, la más severa en 30 años, cortó el suministro de gas, una de las principales fuentes para generar electricidad en México, y dejó a millones de personas sin energía en los dos países.
Aunque México se beneficia al proveerse de la zona más eficiente del mundo en producción de energía (el estado de Texas), para AMLO esta es una dependencia inaceptable que amenaza la soberanía nacional. Depender del sector privado y Estados Unidos (el modelo neoliberal) son dos cosas que no le gustan y que pretende corregir en la medida de lo posible.
Como un nostálgico del nacionalismo de izquierda, quiere un monopolio estatal sobre la electricidad, como el que se instauró con la nacionalización del sector a inicios de los años 60 del siglo pasado por el presidente Adolfo López Mateos. También quiere que Petróleos Mexicanos (Pemex) conserve su monopolio de la industria y que su combustible de mala calidad se consuma. Es un hombre al que le pesa todo lo que ha cambiado en México en los últimos 30 años. Es lo que quiere revertir.
Su Cuarta Transformación consiste en eso. Volver al viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI). No por casualidad designó a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Uno de los viejos dinosaurios priistas que lo fue casi todo en el antiguo régimen.
