Pedro Benítez (ALN).- Muchos de los niños de la calle que hace 20 años Hugo Chávez prometió rescatar han terminado asesinados o como miembros y jefes de bandas armadas que controlan barrios o recintos penitenciarios. Son el hombre nuevo de la revolución chavista. Producto de sus políticas y nuevas condiciones sociales. Ahora son los pranes que desafían o apoyan a Nicolás Maduro. Otra de las promesas de Chávez que ha acabado en pesadilla.
En mayo de 2016, José Antonio Tovar Colina, alías “El Picure”, fue abatido por los órganos de seguridad del Estado venezolano. En ese momento tenía 27 años de edad y como jefe de una de las bandas delictivas más peligrosas de Venezuela, desde 2008 venía operando con bastante impunidad en dos estados gobernados por el chavismo, Aragua y Guárico, en el centro del país.
En 1998 era un niño de solo 9 años. Por lo tanto creció y se hizo adulto en la Venezuela de Hugo Chávez. El mismo presidente que la noche en que fue elegido prometió que se cambiaría el nombre si no ponía fin al triste drama de los “niños de la calle”; esa infancia en pobreza extrema que pululaba por las calles de la Caracas así como en otras ciudades latinoamericanas.
Chávez señaló un drama social que testimoniaba el fracaso de los gobiernos que le precedieron. Prometió que su revolución pacífica resolvería ese y otros graves problemas que heredaba.
Dos décadas después, con 11 años de por medio del mayor boom de ingresos petrolero de la historia del país, ese es un problema (como muchos otros) que la revolución chavista no solo no resolvió sino que además agravó a extremos casi impensables en su momento.
Por dónde van los tiros de la rebelión de Wilexis y el contraataque de Maduro
Porque muchos de esos niños que Chávez prometió sacar de la situación de calle, no solo nunca la abandonaron, sino que crecieron, se armaron (muchas veces con la complicidad del mismo régimen chavista) para transformarse en peligrosos jefes de bandas que han pasado a controlar muchos barrios e incluso cárceles del país. Ahora se les denomina en la jerga suburbana como pranes.
La lista es ya larga. Cada cierto tiempo alguno salta a la fama. Han llegado a operar en territorios “liberados” desde donde realizan negocios ilícitos de todo tipo que por supuesto incluyen el tráfico de drogas y los secuestros.
En el caso de “El Picure” era abiertamente conocido su vinculación con el mundo político oficialista por medio de contratos de obras públicas con alcaldías chavistas, e incluso hubo razonables sospechas de que llegó a ser protegido del gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín.
Con él se cumplió un patrón en el cual primero el chavismo lo tenía (aunque parezca increíble) como un aliado de la causa, razón por la cual se le toleraba, hasta que en algún momento o llamaba mucho la atención, o tenía mucho poder, o se le pasaba la mano. Por algún motivo entraba en conflicto con sus protectores. Entonces venia la guerra a muerte en su contra.
¿El colofón de esa historia?: El gobernador Rodríguez Chacín acusó a los partidos de oposición de haber estado detrás de la carrera del fenecido delincuente. Nicolás Maduro por su parte acusó al paramilitarismo colombiano de haberse infiltrado en el país para ese auge de la violencia criminal.
El caso de Wilexis en Caracas
El caso más reciente de este patrón acaba de conmocionar al este de Caracas. Durante seis días con sus seis noches hubo un enfrentamiento con armas de alta potencia entre bandas en la barriada José Félix Ribas de Petare, la más grande de Venezuela.
Una de ellas está encabezada por Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, que según la información que se conoce es un hombre que no llega a los 30 años de edad. Otro de los niños que creció en la era Chávez. Que además pasó por su sistema penitenciario imputado por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo.
De allí salió para ser designado como juez de paz de la barriada por el alcalde chavista del municipio (y ex viceministro de Seguridad Ciudadana) José Vicente Rangel Ávalos en 2017. Es decir, le hizo entrega de la barriada.
Al frente de 200 hombre armados impuso su ley en una de las zonas más violentas de Venezuela, acabando con sus rivales, bajando los homicidios y cobrando vacuna a los comerciantes.
Su historia dio un giro cuando habitantes del barrio manifestaron su apoyo a la proclamación de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019. Cuando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entraron a reprimir, justo como lo estaban haciendo en otras zonas de la ciudad, terminó enfrentada con la banda de Wilexis.
Ésta incluso estaría intentando coordinarse con otro grupo que opera en la Cota 905, otra peligrosísima zona de la ciudad que la policía tampoco ha podido controlar.
Un año después el gobierno de Maduro ha recurrido a otra banda para sacar el juego a la anterior. Al no conseguirlo ha decidido actuar directamente mediante los cuerpos policiales y en esta estamos.
De modo que se cumple nuevamente el mismo patrón. Incluida las acusaciones a la oposición, a la que se señala de estar detrás de este nuevo capítulo de violencia, junto con un nuevo actor en el reparto: la DEA. Sí, Maduro acusa a la agencia antinarcóticos norteamericana de apoyar a Wilexis Acevedo para desestabilizar el país.
Como se podrá apreciar, la guerra entre bandas por el control de territorios y del narcotráfico, e incluso la actitud permisiva de los gobiernos ocurre (y ha ocurrido) en otros países latinoamericanos.
Pero la diferencia crucial con el caso de la Venezuela chavista es que la colusión del régimen con esos grupos es abierta. Sin ningún disimulo.
El chavismo empezó por hacer ese tipo experimento social que a la izquierda mundial fascinan. Prometió que el socialismo y las políticas anti neoliberales pondrían fin a siglos de injusticas capitalistas sanando la exclusión social que originan el crimen y el delito.
Después de todo, según el Plan de la Patria 2013-2019 el modelo que se ponía en práctica en Venezuela salvaría a la humanidad. Estableció zonas de paz, como un acuerdo público de buena fe en el que los delincuentes se comprometían a colaborar con las autoridades suspendiendo sus actividades violentas a cambio de la impunidad y compresión oficial. Se hizo con El Picure y con Wilexis.
El ejecutor y promotor más conocido de esa política ha sido la misma persona: Rangel Ávalos. Hijo de José Vicente Rangel, un ex vicepresidente y ex canciller de Chávez y viejo dirigente de la izquierda venezolana.
Poner en práctica la romántica idea de la bondad natural del hombre según la cual el criminal es producto de las condiciones sociales que le rodean, y si cambia la actitud violenta del Estado hacia él, este cambiará. Por supuesto que eso no funcionó. Las zonas de paz en Venezuela se transformaron rápidamente en zonas liberadas para el delito.
La retórica oficialista indica que las causas del crimen son el capitalismo y la exclusión. Pero precisamente lo que ha crecido en los últimos años en Venezuela ha sido el crimen, pese a que el Socialismo del Siglo XXI le declaró la guerra al capitalismo y a la exclusión social.
Pero este fracaso le permitió al régimen de Maduro pasar a una fase más siniestra. Usar a esos grupos criminales como aliados para el control social.
