Leticia Núñez (ALN).- El presidente electo de México cierra las puertas del país a Odebrecht. Es su forma de “desterrar la corrupción”. No confía en la constructora brasileña, protagonista del mayor escándalo de sobornos en América Latina. En México, tres exdirectivos reconocieron que habían pagado 10,5 millones de dólares en coimas a funcionarios, pero el caso permanece estancado judicialmente. Nadie ha sido acusado ni sancionado. López Obrador promete cero tolerancia.
“Desterrar la corrupción”. Fueron las tres palabras que resonaron con mayor fuerza en el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador tras ganar las elecciones presidenciales. Era 1 de julio. También dijo que “todo el mundo será susceptible de ser castigado”. Hoy, dos meses después, reafirma aquella postura. Y lo hace con un tema espinoso para México: el caso Odebrecht.
El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, dijo a la agencia Reuters que el gigante brasileño de la construcción no será invitado a participar en las obras públicas planeadas por el gobierno de López Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.
El veto se produce por estar Odebrecht envuelta en el mayor escándalo de sobornos en América Latina. Una trama que ha hecho temblar a la clase política y empresarial latinoamericana y que se extendió por Brasil, Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela.
Casi dos años después de que estallara el escándalo, en México apenas ha habido avances en materia judicial. Esta falta de progreso se ha convertido en un asunto peliagudo para el país desde que tres exdirectivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses que la compañía había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de licitaciones, tal como desveló el periódico brasileño O Globo (Ver más: ¿Qué pasa con el escándalo Odebrecht en México?).
“En el próximo gobierno, Odebrecht seguramente no tendrá ninguna invitación para participar en las obras públicas del país”
Pero en México todo sigue igual. Ningún funcionario ha sido acusado ni sancionado. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en México los dos próximos años y se le impuso una multa de 55,4 millones de dólares. Eso fue todo.
Es más, han pasado 10 meses desde que el exprocurador Raúl Cervantes Andrade y el actual responsable de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguraron que las investigaciones sobre el caso Odebrecht ya estaban concluidas y, sin embargo, el caso está reservado.
Prevalece la opacidad. De hecho, la Procuraduría General notificó en abril al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Ricardo Salgado, que está impedida legalmente para detallar el contenido de la investigación.
En este contexto se produce el veto del gobierno de López Obrador a Odebrecht. “En el próximo gobierno, Odebrecht seguramente no tendrá ninguna invitación para participar en las obras públicas del país”, dijo Jiménez a Reuters, para después sentenciar: “Habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Quien haya caído o caiga en esto no tendrá, de ninguna manera, forma de participar en la cosa pública”.
3 proyectos a los que Odebrecht no podría optar
De cumplirse la afirmación de Javier Jiménez, ¿a qué obras no podría optar Odebrecht en México? Hay tres proyectos importantes.
El primero es la construcción del Tren Maya, una de las grandes promesas electorales de López Obrador. Tendrá un costo entre 120.000 y 150.000 millones de pesos (entre 6.259 y 7.824 millones de dólares) y servirá para potenciar el turismo en la Península de Yucatán (Leer más: México invertirá más de 6.000 millones de dólares en un tren para impulsar el turismo).
El segundo es el tren interurbano Toluca-Ciudad de México, la obra vial más emblemática del gobierno de Enrique Peña Nietoy que López Obrador se ha comprometido a terminar. El costo es de 3.200 millones de dólares.
Después está el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, cuya construcción quiere someter a una consulta popular el presidente electo. De 2014 hasta hoy, el nuevo aeropuerto ha suscrito 321 contratos, que suman 7.800 millones de dólares de un total de 13.000 millones, por lo que aún hay muchos proyectos a los que optar.
“No estamos pensando en obras enormes, sino en obras eficientes, en darle prioridad a la conservación de lo que tenemos y a resolver algunos cuellos de botella. Más que una obra magna queremos hacer de la infraestructura un territorio eficiente”, zanjó Jiménez.
