María Rodríguez (ALN).- Desde hace más de 10 años la ONG Un Salvavidas para Venezuela canaliza las reivindicaciones sociales y demandas legales de la comunidad venezolana en España. Ahora tienen una misión de alto voltaje: lograr que el gobierno de Pedro Sánchez conceda la protección temporal al éxodo venezolano. “Es una decisión política en manos de un gobierno que ha demostrado sensibilidad especial con el problema migratorio”, dice William Cárdenas, director de la ONG, en esta entrevista con el diario ALnavío.
La ONG Un Salvavidas para Venezuela solicitó hace unas semanas al gobierno de Pedro Sánchez que conceda a los venezolanos que se encuentran en España el estatus de Protección Temporal, que les permitiría residir y trabajar legalmente en el país al menos un año. Se trata de una fórmula que también reivindica a través de la plataforma change.org Cristina Isacura, directora de la firma Isacura Asociados.
El objetivo es sacarlos de la situación “absolutamente precaria” en la que se encuentran, tal como denuncia esta ONG. William Cárdenas, experto en temas internacionales, abogado y dirigente de Un Salvavidas para Venezuela, explica al diario ALnavío por qué este estatus puede mejorar la vida de los venezolanos que huyeron de su país de origen y llegan a España.
“Es una decisión política que está en manos de un gobierno [el de Sánchez] que ha demostrado una sensibilidad especial con el problema migratorio”, afirma Cárdenas, e insiste: “El Ministerio del Interior ya tomó conocimiento de nuestra petición”.
– Desde la ONG Un Salvavidas para Venezuela solicitaron al gobierno de Sánchez el estatus de Protección Temporal. ¿Por qué esta figura puede ser un salvavidas para los venezolanos?
– En efecto, la ONG formalizó esta petición al gobierno de Mariano Rajoy, que como todos sabemos, por la moción de censura interpuesta, ahora está en manos de Pedro Sánchez. Un Salvavidas para Venezuela es una ONG creada hace más de 10 años con la pretensión de canalizar las reivindicaciones sociales y demandas legales de los venezolanos que han arribado a España, huyendo de la tiranía que rige en Venezuela. En este sentido, nuestra misión es ser un paraguas, debajo del cual se colocan muchas otras organizaciones que reivindican los derechos colectivos de personas en situación de riesgo que, por no tener acceso a la residencia legal en el país de acogida, se ven expuestas a situaciones de precariedad, exclusión y en algunos casos hasta explotación.
“Nuestra misión es ser un paraguas para reivindicar los derechos colectivos de personas en situación de riesgo”
– ¿Cómo llegan a la conclusión de que la petición de la Protección Temporal puede ayudar?
– Llevamos muchos años trabajando esta materia; de hecho, con la Asociación Venezolana de Desplazados (AVD), creada en 2004, hemos formado parte del Observatorio de Inmigración – Centro de Estudios y Datos de la Comunidad de Madrid. Y desde entonces hemos acumulado experiencia y conocimientos suficientes para realizar este tipo de actividades, siempre dirigidas de manera altruista, a colectivos expuestos y afectados por situaciones de desigualdad. Con esa base sólida conocimos que las oficinas de asilo y refugio eran insuficientes para atender la gran demanda de asilo y refugio de ciudadanos venezolanos (al punto de que en 2016, de 4.500 peticiones sólo cuatro fueron resueltas favorablemente; y que en 2017, de 10.350, sólo 15 tuvieron un resultado positivo), que decidimos buscar una solución eficaz a este problema, que no afecta sólo a los venezolanos, sino cuyas consecuencias también reflejan resultados negativos para la sociedad española. Entonces apelamos a las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, regulador del régimen de protección temporal, dictado justo para enfrentar situaciones de emergencia como esta, en las que miles de personas desplazadas llegan a las fronteras españolas buscando refugio. Huyen de países en situaciones de conflicto armado o violencia permanente y que estén en peligro de verse expuestos a una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Llegan con tal magnitud al país de destino que desbordan y hacen insuficiente la capacidad de respuesta de la Administración.
– Y eso es lo que ha ocurrido con los venezolanos que llegan a España…
– No obstante, era necesario que organizaciones internacionales calificaran la situación de los venezolanos e hicieran recomendaciones de acogida y aplicación de este tipo de medidas de protección temporal. Esto ocurrió este primer semestre de 2018, con las resoluciones emitidas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); y especialmente por el propio Parlamento Europeo (PE), que finalmente instó a los países de la Unión Europea a la aplicación de este tipo de medidas de emergencia. Asimismo, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, después de una ardua investigación sobre lo ocurrido recientemente en Venezuela, emitió el informe en el que tres expertos concluyeron que en Venezuela se han estado cometiendo de manera sistemática y generalizada violaciones a los derechos humanos, específicamente, crímenes de lesa humanidad (Leer más: 14 pruebas que implican al régimen de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad). Esto no dejaba ninguna duda acerca de la condición de desplazados de los venezolanos que huyen de su país, y prefigura las exigencias contenidas en el Real Decreto 1325/2003. Pero es que, asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, para solicitar que les fuera reconocida la condición de refugiados.
– ¿Han obtenido alguna respuesta del Ejecutivo español?
– Este es un reglamento previsto justamente para abordar esta situación, que ofrece una salida muy ágil a la Administración española con miras a solucionar un desajuste social que afecta a miles de ciudadanos y a la propia Administración por el atasco que presentan hoy sus oficinas de asilo y refugio. De ahí que confiamos en que al final se dé una respuesta que favorezca al colectivo de venezolanos en España, que les permita obtener con esta Protección Temporal su permiso de residencia por un año, prorrogable a otro; el permiso de trabajo, que es lo que más necesitan para poder ganarse válidamente la vida; la asistencia sanitaria; la libre circulación, etc, que son las bondades que ofrece este régimen especial.
– Entonces esperan obtener respuesta afirmativa…
– Es una decisión política que está en manos de un gobierno que ha demostrado una sensibilidad especial con el problema migratorio. Ya vimos lo del buque Acuarius (con unas 639 personas a bordo), acogido por Pedro Sánchez. Ahora se trata de más de 20 Acuarius, más de 13.000 personas, que están en España esperando una solución. La competencia la tiene el Consejo de Ministros, previo informe del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior ya tomó conocimiento de nuestra petición.
– ¿Está vinculada su petición con la que hace Cristina Isacura en Change.org?
– Entiendo que se trata de buscar el mismo objetivo por diferentes vías. Nuestra ONG hizo pública su petición en un acto en el que estuvieron representantes de organizaciones sociales y políticas de venezolanos, entre ellos Leopoldo López Gil, padre del líder político venezolano Leopoldo López, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y muchas otras personalidades. Nosotros no recogemos firmas, presentamos denuncias y peticiones ante órganos jurisdiccionales o administrativos competentes para dar soluciones a los problemas que afectan a los venezolanos.
La Protección Temporal otorga permisos de residencia y trabajo por un año, prorrogables
– Cristina Isacura afirmó al diario ALnavío que descubrió esta posibilidad (Protección Temporal) investigando para una tesis universitaria y que a la hora de buscar alianzas para fortalecer la propuesta sintió que de alguna forma intentaron arrebatarle la propuesta (aunque matiza que ella no inventó la ley, sólo la leyó detenidamente y encontró esta posibilidad). ¿Qué piensa al respecto?
– Nosotros fuimos los primeros que denunciamos a Hugo Chávez por crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, hace ya 15 años. También a Nicolás Maduro. Ahora hay muchas personas, grupos, organizaciones e incluso instituciones que también lo han hecho. Nos parece muy bien que se hayan sumado y que hayan hecho suya nuestra iniciativa. El Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, está publicado en el BOE desde ese año, así que mal puede pensarse que quienes trabajamos en esto desde entonces lo ignoráramos.
– ¿Cree que la petición de firmas en Change.org ayudará a obtener alguna respuesta por parte del gobierno de Sánchez a su petición?
– Si es así, ¡estaríamos encantados!
– ¿Firmaría la petición?
– Nosotros ya firmamos ante quien consideramos que teníamos que hacerlo, pero si nos lo piden, con mucho gusto lo hacemos.
