(EFE).- El controvertido programa 287(g), de cooperación entre policías locales y agentes de inmigración, supone la mejor oportunidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. para cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump: las deportaciones masivas.
La Casa Blanca ha mostrado una creciente frustración con el ICE por el lento ritmo de deportaciones. El descontento es tal que, a finales de febrero, esto le costó el puesto a su director interino, Caleb Vitello, y a importantes cargos, todos ellos fichas del Gobierno Trump.
Las expulsiones de inmigrantes no han podido llegar a los niveles de la Administración de Joe Biden (2021 – 2025), a pesar que las cárceles del ICE tiene a más de 46.000 extranjeros en custodia.
La agencia migratoria ha tenido que lidiar con la falta de agentes y de presupuesto para elevar su capacidad de arresto y por eso ha buscado refrendar la 287(g) que permite la colaboración de la policía con el ICE.
El eco del pacto 287(g) en EEUU
El llamado a la multiplicación de las fuerzas locales con objetivos migratorios ha tenido eco en gobiernos estatales republicanos.
Por ejemplo, el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, pidió la semana pasada que el ICE capacitará a 1.100 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS) para ayudar a identificar y detener a indocumentados que puedan ser un riesgo para la seguridad pública en el estado, según dijo el republicano.
«Si se encuentra en nuestro país ilegalmente y comete delitos, no tiene cabida en Georgia», advirtió Kemp.
El Departamento Correccional de Georgia (GDC) también reforzará su partición en este programa. Actualmente tiene asignado específicamente a esta labor a un sargento y tres oficiales.
Bajo este acuerdo, se han logrado identificar a 1.730 personas con órdenes de detención del ICE que se encuentran en las cárceles de ese estado.
En esa misma línea, la Asociación de Alguaciles de Florida (FSA) anunció recientemente que las oficina de alguaciles de todos los 67 condados del estado han firmado un acuerdo para garantizar que se cumplan los requisitos del programa 287(g).
Al menos 360 agencias policiales en todo EE.UU. colaboran bajo la 287(g), según los últimos datos del ICE, y otros se están moviendo en esta dirección, como el alguacil del condado de Carroll, Jim DeWees, que ha abogado por la implementación del programa en esta zona de Maryland, dominada por los demócratas.
Una medida controvertida y costosa
Incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, la 287(g) permite capacitar a los agentes locales -policía, alguaciles y guardias carcelarios- para interrogar a inmigrantes bajo su custodia, determinar si están en EE.UU. de forma indocumentada y entregarlos a las autoridades de Inmigración.
Sin embargo, su implementación ha causado amplios debates sobre la posible discriminación racial y el daño a la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía.
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Los problemas del pacto 287(g) en EEUU
En el primer mandato de Trump (2017 – 2021) se recuperaron en un 300 % los acuerdos en mención. Sin embargo, su política alentó a que estados como California, Oregon, Washington e Illinois, impulsaran leyes estatales, muchas de ellas llamadas santuario, que impiden la colaboración de la policía con las autoridades migratorias.
Pero el ICE tiene un problema de falta de fondos para sacar adelante más acuerdos. Las mismas localidades han advertido que la implementación eleva sus apretados presupuestos.
