Juan Francisco Alonso (ALN).- La decisión de Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente, de presentar una demanda por “delitos de lesa humanidad” contra el mandatario de Venezuela y cuatro altos oficiales militares no fue algo sobrevenido, sino bien pensado y meditado. Así lo prueba el extenso documento que terminó llevando a la corte el pasado 15 de noviembre y al que ALnavío tuvo acceso.
Mucho antes de que la Asamblea Nacional Constituyente la despojara del cargo de Fiscal General de la República y de que la Guardia Nacional le impidiera ingresar al que fue su despacho durante casi una década, Luisa Ortega Díaz venía estudiando la posibilidad de presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia por delitos de “lesa humanidad” contra el presidente Nicolás Maduro y varios miembros de su Gobierno.
Casi tres meses después de su cuestionada destitución, la ahora disidente del chavismo dio el paso, sin precedentes hasta ahora. ¿En qué se sustenta esta acción? ¿Cuáles son las razones por las cuales cree que el mandatario venezolano debe terminar como el exvicepresidente del Congo, Jean Pierre Bemba, condenado por crímenes contra los Derechos Humanos? La jurista guariqueña expuso tres motivos en su extensa querella, de 495 páginas de extensión, a la cual tuvo acceso el diario ALnavío.
El primero, es que los delitos que están ocurriendo en Venezuela son “sistemáticos y generalizados”, pues denunció que “no se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos”.
Así se cumple, a juicio de Ortega Díaz y sus colaboradores, el primer extremo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual creó el juzgado internacional y que establece que “se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada de personas; el crimen de ´apartheid´ y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Cinco delitos de lesa humanidad
De acuerdo a Ortega Díaz, de los 11 delitos que el artículo 7 del Estatuto considera como de “lesa humanidad” el mandatario y sus ministros de la Defensa e Interior, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el excomandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides, han planificado y ordenado cinco. Esta es la segunda razón.
“Con la consolidación de este plan, se masificó la violación de Derechos Humanos y la persecución política”, dice Ortega Díaz
La Fiscal General en el exilio, en su demanda, informó a la Corte de La Haya que en Venezuela “existe una política oficial de asesinatos sistemáticos de personas, que son ordenados y ejecutados desde el ejercicio del Poder Público” para crear “un Estado de Terror” y así asegurar “el mantenimiento en el poder por parte de quienes actualmente lo detentan”.
Para probar su señalamiento Ortega Díaz echó mano de lo ocurrido en los operativos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), el último plan de seguridad puesto en marcha por el Gobierno y el cual es ejecutado por miles de militares junto a policías. Según las cifras que tiene la funcionaria, 505 personas fueron ajusticiadas desde julio de 2015 hasta marzo de 2017. La Fiscal no sólo incluyó la cifra en su querella sino también presentó el hombre, sexo, edad y lugar de residencia de cada una de las víctimas.
“La OLP se convirtió (…) en el mecanismo de terror por excelencia implementado por el Estado”, aseveró la jurista, quien achacó a esta iniciativa el incremento en el número de ejecuciones extrajudiciales registradas en el país, la cual pasó de 1.777, en 2015, a 4.667, en 2016. ¿La razón? “El discurso oficial del Presidente de la República y de sus ministros, quienes emitieron mensajes claramente autoritarios, de acuerdo con los cuales el Estado se maneja sin ningún tipo de límites y consecuencias (influyó en el accionar de los funcionarios, pues) conforme a estos mensajes, el Gobierno puede disponer de la vida y de la libertad de las personas sin ningún tipo de responsabilidad posterior, y sin que medie ningún control legal ni institucional. Con la consolidación de este plan, se masificó la violación de Derechos Humanos y la persecución política. Los funcionarios policiales y militares actuaron contra la población civil sin temor alguno de sufrir las consecuencias de sus actos, debido a que las instrucciones de sus superiores jerárquicos claramente los cobijaban bajo un manto de impunidad”, remató.
Aunque Ortega Díaz no lo mencionó expresamente, en su escrito dejó en claro que también consideraba que Maduro y los cuatro generales incurrieron en el delito de exterminio con la OLP, por cuanto pusieron en marcha “un agresivo proceso de señalamiento público y de criminalización de ciertos grupos humanos, a quienes se les acusaba de desestabilización económica, bachaqueo, violencia paramilitar, entre otros apelativos, que debían ser combatidos con el uso de la fuerza gubernamental”, para así justificar el uso de “la fuerza desmedida contra aquellos que fueron etiquetados como enemigos de la población y que por ende merecían ser exterminados”.
El ideólogo de la OLP fue el general González López durante el tiempo que ocupó el Ministerio del Interior, pero su sucesor, el también general Reverol Torres, la continuó. Por su parte, Benavides la ejecutó desde la jefatura de la Guardia Nacional, mientras que el Padrino López y el mandatario la defendieron de toda crítica.
Un ensayo para perseguir las protestas
Ortega Díaz también informó a la Corte que este cuestionado plan de seguridad sirvió de ensayo para responder y perseguir a la creciente protesta social y a ello atribuyó no sólo las 131 muertes ocurridas durante la ola de manifestaciones que sacudió al país entre abril y julio pasado, sino también a acciones como los cientos allanamientos simultáneos de residencias y las miles de detenciones ilegales.
“El aparato represivo del Estado fue implementando diversos mecanismos para neutralizar la protesta ciudadana, impedir el disenso de las organizaciones civiles y de corte político, e ir neutralizando a los liderazgos regionales, todo lo cual es cónsono con el modelo político hegemónico que se ha venido consolidando en el país, en contra de cualquier principio democrático”, explicó a la instancia internacional.
La Fiscal no sólo acusa al organismo de inteligencia de perseguir a la disidencia, también de cometer los delitos de encarcelación y de tortura
En este punto Ortega Díaz aseguró tener constancia de decenas de casos de aprehensiones de dirigentes opositores sin motivos o con pruebas forjadas, la mayoría de las cuales dijo fueron ejecutadas por el Sebin. Como ejemplo mencionó el caso del dirigente hispano-venezolano Yon Goicoechea, quien fue aprehendido en septiembre de 2016 y permaneció más de año y medio detenido, bajo la acusación de que tenía explosivos en su vehículo. Esto, a su juicio, probaría que el delito de persecución también se ha producido en Venezuela.
Pero la Fiscal no sólo acusó al organismo de inteligencia de perseguir a la disidencia sino también de cometer los delitos de encarcelación y de tortura. Para probar el primero presentó el caso de los 22 venezolanos que hasta noviembre pasado permanecían en los calabozos de ese cuerpo, pese a que distintos jueces del país habían ordenado su liberación, pero además informó que decenas de personas más en los últimos años vivieron situaciones similares con la anuencia del Poder Judicial.
Varios de los mencionados por la ahora disidente fueron excarcelados en víspera de Navidad a petición de la Constituyente.
Respecto al delito de tortura, Ortega Díaz llevó a la Corte cinco casos. Uno de ellos de la joven Evaluz Suárez Villarroel, quien fue detenida el 16 de mayo pasado por agentes de la Guardia Nacional en el estado Sucre, al oriente del país, cerca de una manifestación. Los uniformados, según el relato que figura en la querella, subieron a la muchacha un camión donde la rociaron de gas lacrimógeno y la golpearon con sus cascos, al igual que otros detenidos, al tiempo que la amenazaban e insultaban. La chica presentó quemaduras de primero y segundo grado, según los exámenes que le practicó la Fiscalía.
La Fiscal también aseguró a la instancia internacional que en Venezuela se ejecutan malos tratos y para probarlo llevó dos casos que conoció durante la reciente ola de protestas. Uno de ellos el del joven Pedro Yamine, quien el pasado 3 de mayo fue atropellado por una tanqueta de la Guardia Nacional mientras protestaba contra el Gobierno en las inmediaciones de la plaza Altamira.
Ortega Díaz aseguró que este caso, así como otros donde su despacho comprobó que la policía y los militares modificaron o alteraron el material antidisturbios demuestra “la ejecución de un plan gubernamental para causar el mayor daño posible a la ciudadanía y de esta forma sembrar miedo en la población para desalentar la protesta”.
Un manto de impunidad
La tercera y última razón por la que Ortega Díaz considera que es necesario que la Corte debe procesar a Maduro y a los cuatro generales es que en Venezuela no habrá justicia y estos crímenes quedarán impunes y como prueba de ello señaló su propia remoción.
El juzgado con sede en La Haya sólo puede actuar cuando los tribunales nacionales no lo han hecho
“El gobierno a cargo de Nicolás Maduro Moros utilizó al Poder Judicial para iniciar una causa ante el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual procurar la destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y hacerse del control del Ministerio Público, para así impedir el desarrollo de las investigaciones que se venían adelantando”, denunció.
El juzgado con sede en La Haya, como las demás instancias internacionales, sólo puede actuar cuando los tribunales nacionales no lo han hecho.
Aunque al momento de presentar su querella la Fiscal en el exilio ya entregó 39 carpetas y 12 CD con pruebas para sus sustentar sus afirmaciones y dijo que presentaría más, Ortega Díaz pidió a la Corte que solicite al Ministerio Público toda la información que tiene sobre los casos que ella presentó para evitar que sean “desaparecidas o inutilizadas con el propósito de procurar garantizar la impunidad de los autores”.
Ahora toca esperar la respuesta que dará La Haya.
