(EFE).- El acuerdo entre un sindicato conservador de la policía española y una empresa de desalojos extrajudiciales cercana a movimientos ultraconservadores ha desatado una polémica en España que ha llegado hasta el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
El conflicto saltó este fin de semana, cuando el propietario de ‘Desokupa’, Daniel Estévez, y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciaron un acuerdo para formar a «miles» de agentes -la cifra podría llegar a los 30.000- en defensa personal, cursos que inicialmente se publicitaron como «homologables» y «puntuables» en la formación oficial.
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Fuentes del Ministerio del Interior español, a cargo de las fuerzas de seguridad del país, salieron rápidamente al paso para frenar lo que se intuía como una crisis de imagen y reputacional de la Policía, con la unión de uno de los sindicatos más importantes con un grupo con historial de extorsión y actividades extrajudiciales relacionadas con desalojos de viviendas.
La Dirección General de la Policía aclaró «que la formación impartida en el marco de ese acuerdo no es homologable ni baremable» y no tiene su respaldo.
El SUP es uno de los mayores grupos sindicales de la policía española, el segundo más votado en las elecciones sindicales y de ideología conservadora.
Desokupa, conflictiva empresa dedicada al desalojo forzoso y a la amenaza de inquilinos morosos, es un grupo cercano al partido ultraconservador y reaccionario ‘Se acabó la fiesta’, aunque también ha mostrado ciertas simpatías con el ultraderechisa Vox.
Atenuar el alcance del acuerdo
Ante la polémica, tanto el SUP como Desokupa matizaron su acuerdo asegurando que se trata de dar «formación complementaria» y «extracurricular» a sus afiliados, con cursos que quieren «complementar y reforzar» la «muy buena» formación de los agentes.
El portavoz del sindicato, Carlos Prieto, dijo a EFE que no existe ningún interés en «manchar la imagen de la Policía ni que se piense que son policías formados por matones» y aclaró que el acuerdo de colaboración «se limita al ámbito personal y extracurricular de los afiliados».
El Ministerio de Interior estudia impugnar el curso
No es extraño que un sindicato policial ofrezca cursos de formación a sus afiliados, explicó a EFE Ibón Domínguez, portavoz de otro sindicato, Jupol, pero siempre que los conocimientos sean homologables para ser incluidos en el expediente policial. Su crítica es que una compañía «sin experiencia en la materia» sea quien forme a los agentes.
Además de Jupol, otros sindicatos se han desmarcado del acuerdo para evitar «injerencias externas no deseables» en la formación de la policía.
La polémica ha llevado al Ministerio del Interior español a anunciar que estudia abrir un expediente para comprobar si este convenio conculca los valores democráticos y, en su caso, impugnarlo.
Mientras, la formación de izquierdas Sumar, socio del Gobierno, pidió ilegalizar Desokupa, que califica de «grupo violento» y que ha sido denunciado «por realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos».
