Ysrrael Camero (ALN).- En medio de una pandemia mundial la llegada de una nueva vacuna, desarrollada en un tiempo récord, ha despertado sentimientos encontrados y agrias polémicas, que se han vinculado a un polarizado ambiente político. La propaganda negacionista y las teorías de la conspiración sembraron miedo en la población. Sin embargo, la decisión de algunos cargos de inyectarse antes de lo que indicaban los protocolos puede reforzar la actitud proclive a la vacunación.
La estrategia de vacunación en España fue explicada por el presidente Pedro Sánchez en noviembre, y fue actualizada días antes de que empezaran a llegar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer.
Se definían grupos prioritarios, a ser vacunados en un orden específico, empezando por los adultos mayores que estuvieran en residencias para ancianos, así como el personal sanitario que los atendía. Se privilegiaba a los mayores por su vulnerabilidad, y al personal sanitario, tanto por su alta exposición como por la importancia de su acción para atender a las víctimas del coronavirus.
En la medida que las vacunas fueron distribuyéndose por las Comunidades Autónomas para que fueran inyectadas, de acuerdo a los protocolos de actuación, empezaron a emerger nuevos escándalos, vinculados ahora a aquellos que, saltándose las reglas, decidieron adelantarse, haciéndose inyectar la dosis de la vacuna sin ser parte del grupo definido previamente.
Esta polémica tiene varios niveles. Empezó por el Consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, pero pronto se evidenció que la práctica era recurrente: para el 22 de enero ya se habían vacunado seis cargos políticos en la Comunidad Valenciana, cuatro en Andalucía, tres en Murcia, dos en Cataluña y en el País Vasco.
Pronto los casos tocaron a la institución militar. Aplicando unos protocolos especiales, propios de la fuerza armada, habían sido vacunados algunos miembros del Alto Mando, incluyendo al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Aire, Miguel Ángel Villarroya, quien tomó la decisión de solicitar su cese, para evitar que el escándalo afectara a la institución.
La reacción pública mayoritaria ha sido pedir la salida de los políticos que hayan violentado las reglas: desde Podemos hasta Ciudadanos, se ha exigido la dimisión de quienes, en un ejercicio de picaresca, y aprovechando su cargo público, se vacunaron por delante de otras personas, definidas reglamentariamente como prioritarias.
Sin embargo, al ser consultado respecto a la vacunación del Jemad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que los servicios que prestan los altos cargos de gobierno, y los castrenses también, ameritaban su acceso a una vacunación previa.
Esto debe llamarnos la atención, hay dos maneras de encarar la polémica. Lo primero, es la vulneración de la estrategia acordada y de los protocolos decididos, lo que debería tener consecuencias. Lo segundo, es la posibilidad de hacer una evaluación de la necesidad de incorporar a los decisores y responsables públicos en los protocolos futuros.
Nos enfrentamos acá a una decisión de trascendental importancia, y que no es un problema exclusivamente español. En el momento de llegada de las vacunas, en muchos países altos cargos políticos, presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, empezaron a vacunarse públicamente.
En principio, el objetivo comunicacional parecía claro: existe una necesidad de incrementar la confianza en la vacuna, y nada mejor que hacerlo a través del ejemplo. Era una manera de responder a las campañas de desinformación que negacionistas y antivacunas habían difundido a través de las redes.
Una larga lista de responsables de alta política empezaron a dar el ejemplo. Benjamín Netanyahu en Israel. En Estados Unidos, desde el vicepresidente Mike Pence, el presidente electo Joe Biden, su vicepresidenta Kamala Harris, hasta el mismo Anthony Fauci se vacunaron en acto público. En Argentina lo hizo Alberto Fernández, pero con la Sputnik V, de fabricación rusa.
Otra lógica distinta se expresó cuando se le ofreció al primer ministro canadiense, el joven Justin Trudeau, la opción de vacunarse. Este se negó, señalando que esperaría su turno reglamentario, de acuerdo a los protocolos definidos sanitariamente. Interesante que sea Canadá, país donde el liderazgo político funciona como puente entre América y Europa.
Porque en Europa los esquemas de protección a altos cargos no parecen implicar privilegios epidemiológicos ni incorporación prioritaria en procesos de vacunación. Por ejemplo, no hemos visto a Emmanuel Macron ni a Angela Merkel vacunarse, a pesar de ser defensores del proceso.
Una decisión compleja
Nos enfrentamos a una decisión compleja, que implica definir prioridades en momentos de crisis. Por un lado se dedica especial atención a la población que es más vulnerable, bien sea por su fragilidad biológica, los adultos mayores, o por su mayor exposición, el personal sanitario, quien además es imprescindible para atender el impacto de la misma pandemia.
Pero, toca también preguntarse sobre la necesidad de proteger a los grandes decisores. Me explico, a aquellos a los que, por razón de su lugar en una cadena pública de mando determinada, civil o militar, sea imprescindible mantener tomando decisiones que afectan el funcionamiento del gobierno y del Estado.
En los sistemas democráticos hay protocolos especiales para proteger a las autoridades electas, porque es una manera de proteger a la misma democracia. Hay necesidad de proteger a los grandes decisores, lo que implica la presidencia, junto con su gabinete, y podría extenderse a los presidentes de las Comunidades Autónomas, es decir, a todos aquellos que tienen que estar en las condiciones óptimas para tomar decisiones de trascendental importancia para la vida de las personas, especialmente en situaciones de emergencia, como lo es una pandemia. Siendo España un régimen parlamentario, la protección también podría extenderse a la mesa directiva del Congreso.
En el mismo sentido, los miembros del personal de seguridad y defensa son igualmente esenciales para el manejo de una situación de crisis. No debemos olvidar el rol que ha cumplido la Unidad Militar de Emergencias (UME) para atender situaciones catastróficas, como la que se presentó hace pocos días con la borrasca Filomena. El Alto Mando militar, así como las unidades operativas deben estar en plena capacidad de funcionamiento.
Por último, darle prioridad al personal cuya labor es esencial para el funcionamiento cotidiano de los servicios esenciales, como el personal de los servicios públicos que tenga contacto regular con la población, también podría considerarse una decisión correcta. Equilibrar los criterios de vulnerabilidad y de funcionalidad puede ser clave para el diseño de estrategias y protocolos futuros, para las pandemias que vengan.
Lo que queda claro es que la decisión de varios políticos, incluyendo secretarios de salud de las Autonomías, de saltar los protocolos para colocarse las vacunas, ratifica algo trascendental: es la confianza que tienen las autoridades en la efectividad de la vacunación para enfrentarse al coronavirus, lo que debilita aún más la insensata retórica de negacionistas y antivacunas. Un efecto colateral positivo de una conducta reprochable.
