Rogelio Núñez (ALN).- Los gobiernos de Haití, Colombia, Chile y Ecuador que, a diferencia del gobierno de Bolivia, sobrevivieron a los estallidos sociales de finales de 2019, están tratando de volver a recuperar la iniciativa política perdida a raíz de aquellos sucesos.
Esta vuelta a la normalidad, sin embargo, está siendo bastante compleja y diferente en cada país porque el viento económico de cola ha desaparecido y porque el contexto político está marcado por la fragmentación y la polarización que se han convertido en obstáculos para avanzar.
Los diferentes Ejecutivos han pasado de la parálisis de finales de 2019 a un intento de retomar el control de la agenda en este arranque de 2020.
La crisis institucional de Haití
Haití sufre desde hace más de un año una profunda crisis institucional que se agudizó en el último trimestre del pasado año. La nación caribeña asistió a multitudinarias manifestaciones que reclamaban la renuncia del presidente Jovenel Moise, disturbios que se cobraron la vida de decenas de personas. Quienes salieron a las calles exigían la renuncia del presidente Moïse acusado de desviar miles de millones de dólares de apoyo internacional a cuentas bancarias en el extranjero.
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El nuevo año ha traído un compás de espera: representantes del gobierno y la oposición de Haití reanudaron este mes, entre el 7 y el 9 de febrero, el diálogo para llegar a una solución a la crisis. Ya ha habido otra tanda de diálogo entre el 29 y el 31 de enero.
Desde marzo de 2019 Haití no tiene primer ministro y cuenta con un gobierno en funciones, tras la destitución por parte del Parlamento del entonces jefe del Ejecutivo, Jean Henry Céant. Desde enero no hay Parlamento al terminar la legislatura sin elecciones para renovar la Cámara de los Diputados y el Senado.
Por eso, el presidente haitiano lleva un mes gobernando por decreto luego de no haberse celebrado las previstas elecciones parlamentarias y de renovación de los dos tercios del Senado. Una situación que el mandatario ha aprovechado para promover un cambio de modelo institucional ya que ve en ese vacío “una oportunidad histórica para que los actores se unan para emprender reformas que deberían conducir a un Estado servidor que pueda poner fin a la crisis permanente que pone en peligro el futuro del país”.
Unas reformas de la Carta Magna que buscarían mejorar la gobernabilidad pero también abren un hueco para aumentar el poder presidencial, que es lo que busca Moise: “La Constitución de 1987 le quitó todo el poder al presidente. El presidente no tiene poder, y el pueblo le exige todo al presidente de la República”.
En medio de esta incertidumbre Moise trata de ganar apoyo desencadenando la Operación Cortina de Hierro contra la inseguridad a través de la Policía Nacional de Haití (PNH), que se ha saldado con un centenar de arrestados. Una operación espectacular por la cual trata de reconquistar respaldo ciudadano.
Los cambios en el gabinete de Iván Duque
En Colombia, las protestas y movilizaciones de finales de 2019 obligaron al gobierno de Iván Duque a replantearse sus estrategias y la columna vertebral de su proyecto.
Esta vuelta a la normalidad, sin embargo, está siendo bastante compleja y diferente en cada país porque el viento económico de cola ha desaparecido y porque el contexto político está marcado por la fragmentación y la polarización que se han convertido en obstáculos para avanzar.
Por ejemplo, abandonó su deseo de que el gabinete durara intocado un cuatrienio. De hecho, hay desde hace un par de semanas una nueva ministra de Interior, Alicia Arango, quien viene del Ministerio de Trabajo y Protección Social. Ha reemplazado a Nancy Patricia Gutiérrez, quien, a su vez, releva como consejera presidencial de derechos humanos a Francisco Barbosa
Además, en noviembre, Duque nombró al canciller Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de Defensa, después de la renuncia de Guillermo Botero ante una inminente moción de censura en el Congreso. Y al frente de la diplomacia colombiana designó a la exsenadora Claudia Blum, una figura vinculada, como Arango, con Álvaro Uribe. De la primigenia columna vertebral del gobierno (conformada por los ministerios de Hacienda, Interior, Defensa y Exteriores), sólo sobrevive Alberto Carrasquilla, en la primera cartera.
Asimismo, Duque parece que ha decidido romper con otra de sus ideas fuerza del inicio, la de no contar con los partidos para integrar su gabinete. Tras 17 meses de gobierno supera el 60% de opinión en contra que, en parte, se debe a una extendida sensación de falta de gobernabilidad al no contar con unas mayorías parlamentarias que lo respalden.
Es en ese contexto en el que se entiende el cambio de gabinete: aunque las carteras más determinantes se mantienen en manos de los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) -como es el caso de Alicia Arango-, los nuevos ministros suponen un gesto de apertura a otras fuerzas. En concreto a los conservadores, al Partido de la U y a Cambio Radical. Ninguna de esas tres fuerzas había tenido hasta ahora una representación significativa en el gobierno del uribista Centro Democrático.
Duque situó a Ángel Custodio Cabrera, un excongresista del Partido de la U, como cabeza del Ministerio de Trabajo y Protección Social en reemplazo de Alicia Arango. La cartera de Trabajo es decisiva porque el gobierno planea reformas en el ámbito laboral y de pensiones.
En Salud, la otra cartera vacante, el presidente decidió incorporar a Fernando Ruiz Gómez, figura vinculada a Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que hasta ahora había sido contrario al actual mandatario. Duque designó también al economista Rodolfo Enrique Zea, cercano al Partido Conservador, como ministro de Agricultura, en reemplazo de Andrés Valencia.
El último capítulo en su afán por recuperar el control ha sido reunir a todo su nuevo gabinete durante dos días en un taller de revisión estratégica para aunar criterios y avanzar de forma coordinada.
La agenda de Sebastián Piñera
En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, pese a no contar ni con un 10% de apoyo ciudadano, también lucha por retomar la iniciativa. Por ejemplo, ha logrado que el Senado apruebe una Reforma Tributaria que busca recaudar 2.200 millones de dólares.
Además, Piñera ha dado a conocer los cuatro pilares fundamentales de su gestión a medio plazo, la conocida como “hoja de ruta 2020” donde el mandatario trata de retomar el control de la agenda definiendo con sus ministros la hoja de ruta del gobierno para este año.
El primer pilar persigue impulsar con urgencia la agenda social, la que tendrá como prioridad mejorar las pensiones. “Ya están vigentes las mejoras de pensiones, reajustadas en hasta un 50%, del Pilar Solidario, lo que beneficiará a 1,6 millones de pensionados chilenos, los más vulnerables”, anunció Piñera. Luego entrará en juego la elevación de las pensiones de la clase media y de las mujeres, lo que beneficiará a 850.000 personas.
Además, dentro de este pilar social se encuentra el objetivo de mejorar la calidad de la salud, garantizar plazos máximos de espera para enfermedades, crear un Plan de Salud Universal garantizado, bajar el precio de los medicamentos, crear el seguro catastrófico de salud y terminar con las preexistencias y las diferencias de precios entre hombres y mujeres en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Dentro de la misma agenda social, el presidente informó que la idea también es mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables, a través del Ingreso Mínimo Garantizado.
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El segundo pilar, más político, tiene que ver con respaldar los cambios a la Constitución que tienen como primer capítulo el plebiscito de abril de este año sobre el “sí o no” a la convocatoria de una Constituyente.
El tercer pilar es recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. A juicio de Piñera, “el crecimiento crea empleos y oportunidades, mejora los salarios, potencia las pymes y genera recursos para financiar el gasto social”.
Finalmente, el cuarto pilar, pasa por recuperar el orden público y la paz social. En palabras del mandatario, “condenar con fuerza y claridad a la violencia y violentistas, fortalecer a Carabineros y devolverles a todos los chilenos su derecho a vivir sus vidas con libertad, seguridad y paz”.
Piñera ya ha anunciado en ese sentido la inyección de 475 millones de dólares en vivienda e infraestructura urbana que permitirán desarrollar 10.000 viviendas del Programa de Integración Social y Territorial, además de incorporar 5.000 unidades para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Gracias a esta nueva inyección en 2020 comenzarán a construirse más de 100.000 nuevas viviendas.
“Esta es nuestra hoja de ruta para el año 2020 y en su impulso y desarrollo pondremos nuestra alma, corazón y nuestros mejores esfuerzos. Pero también requerimos el aporte y colaboración de Chile Vamos, de la oposición y de todos los chilenos y chilenas de buena voluntad que quieren a Chile con pasión”, concluyó Piñera.
La recuperación de la tranquilidad social -aunque persiste la preocupación en torno a lo que pueda ocurrir a partir de marzo- y esta mayor actividad del gobierno han provocado un repunte en la imagen presidencial. Respecto a la gestión del presidente Sebastián Piñera, ahora un 13% la aprueba (4 puntos porcentuales más que la semana anterior) y un 78% la desaprueba (6 puntos menos), según la encuestadora de Cadem (9%).
Ecuador busca apoyo internacional
Lenín Moreno, tras el estallido social de octubre, ha visto muy reducido su margen de acción para recortar gastos y llevar a cabo reformas. Por eso su actual estrategia pasa por presentar a Ecuador como un lugar adecuado para la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) gracias a la Ley de Fomento Productivo, que entró en vigor en agosto de 2018. Moreno ha lanzado repetidos llamamientos a empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el país, aprovechando la seguridad jurídica e incentivos tributarios que tiene la nación: “Es tan positiva la ley, que desde su aprobación aumentó en 130% el número de los contratos de inversión. Eso significa confianza”.
Pese a todos estos esfuerzos, sin embargo, el margen de acción del gobierno sigue siendo muy pequeño como se ha podido comprobar recientemente: la calificadora Moody’s ha decidido rebajar la nota a la economía ecuatoriana -de B3 a Caa1-. Esto coloca a los papeles de la deuda soberana de Ecuador en el terreno de los bonos basura.
Se trata de un duro golpe para el gobierno de Lenín Moreno, que aspiraba a que las agencias de calificación de riesgo mejoraran el rating de Ecuador, tras haber logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a inicios de 2019.
Ecuador queda así en la periferia del mercado internacional de capitales en el momento en el que el país tiene que afrontar un cronograma de vencimientos de la deuda externa en 2022.
