Raquel Pestana y José Antonio Carrero (CarreroAbogados/ALN).- Se repiten, ad infinitum, las amenazas de los arrendadores. No hay desahucios, les decimos, pero la presión de los caseros es mucha. Sin techo y con hambre. Combinación explosiva.
No solo de estupor vive el hombre en los tiempos de coronavirus. La vida en un país de primer mundo como España llevaba aparejada certezas, y detrás las cuales llegaron los migrantes. El éxodo venezolano solo ha dejado de entrar a España por el cierre de fronteras, y no por otra cosa. Pero es como si no pasara nada. Se siguen recibiendo llamadas de gente que espera que la crisis amaine. Pero hay problemas de fondo.
Hoy nos preocupan los que están aquí. Los que tenían citas, certezas, para realizar los trámites ante la Policía Nacional y las oficinas de Extranjería. Y los que sabían, también con certeza, que iban a solicitar citas para darle curso a sus trámites, y de alguna forma u otra, regularizarse.
El cierre de todas las oficinas de las administraciones públicas y la anulación de todas las citas, no hace más que sumirlos en la más absoluta incertidumbre.
Se han adoptado dos medidas básicas, más o menos a trancas y barrancas, pero que persiguen formar un piso de certezas. Movedizas, parecieran, pero certezas:
1- Las Tarjetas de Identificación de Extranjero se consideran como no caducadas. No están prorrogadas.
2- A los que se les cumplen seis meses durante el Estado de Alarma, después de la entrevista de solicitud de protección internacional, se entenderá que ya tienen autorización de trabajo.
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Pero ahora comienzan los agujeros negros, y para ello debemos considerar el alcance de la suspensión de todos los plazos administrativos, donde debería estar el comienzo de la respuesta.
Si consideramos que esa suspensión es absoluta, el tiempo transcurrido entre el 14 de marzo y el día que cese el Estado de Alarma no existe. Y es que ésta, y no otra, debería ser la solución más justa para todos. Es decir, que ese período debería sumarse tanto a los tiempos de caducidad de todos y cada uno de los documentos de identificación como a los plazos para su renovación. No consideramos aceptable la casuística individual en este aspecto: la solución debe ser universal, y en tal sentido debe legislarse.
La promesa básica es que las citas serán reprogramadas, pero nadie sabe cómo ni cuándo.
¿Y los que solicitaron asilo?
Especial atención merecen, en este momento, los venezolanos solicitantes de asilo que tienen ya resolución sobre su caso. Ha sido práctica administrativa de este gobierno establecer una discriminación positiva a su favor, aparejando a la denegatoria la concesión de una autorización de residencia y trabajo por un año de régimen general, por la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjeros, prorrogable por un año o dos, dependiendo de la circunstancia.
El problema específico en este caso es que el trámite de asilo es llevado por la Policía Nacional, que sirve de vaso comunicador entre el interesado y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) y su órgano instructor, la Oficina de Asilo y Refugio, dependientes ambas del Ministerio del Interior.
En este sentido, se han delegado enteramente en ese cuerpo de seguridad del Estado todas las interrelaciones administrado-administración, y es aquí donde surge el problema: A cada solicitante de protección internacional se le indica que debe acudir, previa cita, a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que le corresponda, cada 6 meses después de la entrevista, con el fin de enterarse del estado de su trámite.
Pero es que la CIAR produce decisiones todos los días, no cada seis meses, y ninguna de estas decisiones son oportunamente notificadas a los interesados, tal y como lo ordena la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Así, a día de hoy hay decenas de venezolanos que se quedaron en esa situación intermedia de “estás denegado”, y les retiraron las Tarjetas Rojas. Es decir, la crisis del coronavirus los dejó en el aire. Sin identificación cierta. Y en la mayoría de los casos, sin resolución, sin tarjeta y sin pasaporte.
Problemas cotidianos, problemas que aprietan
Y esto solo en lo que atañe a los que están más o menos con papeles. Pasándola mal, como estamos los casi 50 millones de habitantes de España. Y peor aún los irregulares. Pensando cómo van a llenar la nevera el día siguiente.
Se repiten, ad infinitum, las amenazas de los arrendadores. No hay desahucios, les decimos, pero la presión de los caseros es mucha. Sin techo y con hambre. Combinación explosiva.
Nos topamos aquí con la data de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos que prestaban, y que siguen intentando prestar las ayudas que el estado de bienestar obliga. Y de las Oenegés que eran sus auxiliares. Sus presupuestos están más que desbordados, y ya han agotado las partidas correspondientes a 2020.
Y añadimos algo más al caldo. Los que trabajan en negro, bien por no poder conseguir un contrato de trabajo en forma, bien por carecer de autorización de trabajo.
Aun así, cuando le preguntas a un venezolano ¿cómo estás?, la respuesta invariable es “echando palante”. Todos tenemos ganas de trabajar. Que este país nos brinde una oportunidad.
Nosotros no estamos pendientes de ayudas, a muchas de las cuales no podemos acceder, ni sabemos lo que es un ERTE, ni un cese de actividad. Simplemente, lo que queremos es trabajar y echarle ganas. Legales, eso sí.
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Los venezolanos no queremos ir a Oenegés. Nuestra vergüenza no nos permite pedir ayudas. Muchos elegimos a España como nuestro primer destino, y esta tierra nos ha acogido. Mal o bien, pero aquí estamos, y por España apostamos. Ya no queremos (y tampoco podemos) irnos a ningún lado.
En un eterno esperar, aquí estamos. Regularización para muchos, oportunidades para todos. Que las ganas de trabajar, de aportar, son muchas.
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