(EFE).- Representantes legales pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenar la liberación de los expolicías y hermanos Rolando, Juan y Otoniel Guevara, condenados en 2005 a prisión por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, pues afirman que el caso se trató de un montaje con testigos falsos y lleno de irregularidades procesales.
«Solicitamos a esta Corte que condene y sancione al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos y solicite al Estado la libertad inmediata e incondicional de Rolando, Otoniel y Juan Guevara, e inste al Estado a brindar una reparación integral», declaró en una audiencia ante la CorteIDH, Jackeline Sandoval, representante de la Fundación para el Debido Proceso y esposa de Rolando Guevara.
Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, mientras que Juan Guevara fue condenado a 30 años de prisión por el mismo delito y además por porte ilícito de armas. Todos permanecen en prisión cumpliendo las condenas.
Sandoval denunció que los Guevara han sufrido delitos de lesa humanidad, torturas, privación arbitraria de la libertad, y que el proceso penal en su contra se caracterizó por «perturbaciones procesales graves», incluidos «testigos pagados» para lograr las condenas, lo que se constituye en un «fraude procesal».
Además, recordó que durante el proceso penal los Guevara fueron objeto de «declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios», entre ellos el entonces presidente Hugo Chávez.
Al momento de su detención, los Guevara, que no eran afines a Chávez, ya no trabajaban como policías, relató Sandoval.
Acusados por la muerte del fiscal Danilo Anderson
La coordinadora de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María del Pilar Gutiérrez, recordó que en noviembre de 2004 los Guevara fueron detenidos sin que se les mostrara orden judicial y se les sometió a torturas mientras se les interrogaba por el atentado con bomba que mató al fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre 2004.
La acusación contra el Estado indica que el proceso penal desconoció el derecho a la defensa y el principio de inocencia, pues las autoridades judiciales basaron las condenadas exclusivamente en los testimonios de dos personas sin sustentar de forma autónoma y razonada todos los elementos probatorios.
En la audiencia declaró como testigo la comunicadora María Angélica Correa, quien realizó una investigación respecto al caso y afirmó haber descubierto un «engranaje» entre la Fiscalía, jueces, magistrados y la inteligencia militar, mediante el cual crearon un «guión» y contrataron testigos falsos.
De esta forma, «ocultaron a los verdaderos autores intelectuales» que se encontraban en altas esferas del poder, afirmó Correa, quien recordó que los Guevara fueron policías de alto nivel antes de la llegada al poder de Hugo Chávez.
Testigo asegura que le pagaron
Una de las pruebas conseguidas por la periodista fue una entrevista en la que el testigo clave Giovanni Vázquez reconoció haber sido contratado para declarar contra los Guevara.
También declaró ante la CorteIDH como testigo Hernando Contreras, fiscal entre 2000 y 2008 que participó en el equipo que investigó el asesinato del fiscal Anderson, y que luego denunció irregularidades y violaciones al derecho a la defensa durante el proceso.
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Contreras vive en el exilio desde que comenzó a sufrir represalias, acusaciones penales y amenazas contra su vida a raíz de las denuncias de irregularidades que presentó, según dijo.
«Pude haber sido liquidado porque este régimen no perdona nada», apuntó el exfiscal Contreras, y luego agregó que en Venezuela impera «un sistema de terror de los más eficaces y terribles del mundo» y que «por eso tienen tantos años en el poder».
El Estado venezolano no acreditó representantes para la audiencia de este martes ante la CorteIDH, como ya es usual en los últimos años.
Tras la audiencia, la CorteIDH emitirá una fallo en los próximos meses.
