(EFE).- El yacimiento petrolero Lote 95, escenario en la Amazonía peruana de la muerte de tres indígenas en medio de una protesta por la falta de fluido eléctrico en sus comunidades, es uno de los primeros proyectos donde el nuevo Gobierno del presidente Pedro Castillo quiere aplicar su concepto de «rentabilidad social».
Como ya lo anticipó el nuevo mandatario de Perú en su reciente discurso de investidura, su administración apoyará la inversión privada en minería e hidrocarburos siempre que sea no solo rentable económicamente, sino que también lo sea socialmente para las comunidades aledañas, con el fin de evitar conflictos.
En ese sentido, la petrolera canadiense PetroTal, operadora del Lote 95, se comprometió a apoyar un plan piloto de desarrollo con «enfoque territorial» en las comunidades próximas a sus operaciones, según informó este martes en un comunicado el Ministerio de Energía y Minas tras una reunión sostenida con su titular, Iván Merino.
El Lote 95 es escenario de uno de los 193 conflictos sociales que tiene actualmente Perú, según el último informe a cargo de la Defensoría del Pueblo.
En este caso, las comunidades nativas del municipio de Puinahua, en la amazónica región de Loreto, la más extensa del país, demandan la titulación de todas las comunidades, la construcción de un hospital y el manejo de recursos del canon petrolero que ingresa a la municipalidad.
ACUERDOS POR SUSCRIBIR
Está pendiente de suscribir un acuerdo de la compañía con las comunidades indígenas que contempla, entre otras cuestiones, un incremento del canon petrolero para el municipio y para la provincia, que pasarían a recibir el 30 % y el 20 %, respectivamente.
También se contempla en ese acuerdo proyectos básicos en inmediatos de electrificación, agua y saneamiento, parques y un local comunal, así como la defensa legal a los deudos de los fallecidos y heridos en la protesta ocurrida en julio del año pasado.
En ese sentido, el ministro Merino reconoció la labor realizada por PetroTal como operadora del Lote 95 y sostuvo que su gestión buscará que el Estado intervenga para armonizar las relaciones entre los operadores y las comunidades directamente involucradas en los proyectos de inversión.
«PAZ SOCIAL» ES PRIORIDAD
El ministro señaló que «el Ministerio de Energía y Minas impulsará el criterio de rentabilidad social en el sector minero y energético para asegurar el desarrollo de las regiones donde se realiza la actividad extractiva».
Asimismo, anticipó que esta línea más social se basará en buscar «el progreso y protagonismo de la población, así como un clima de paz social».
Para ello, el Ministerio «convocará a los actores directamente involucrados en los proyectos de inversión, evitando intermediarios, con el objetivo de reducir la conflictividad social».
En ese encuentro, los gerentes de PetroTal ratificaron los planes de la compañía de aumentar su producción de crudo con la apertura de nuevos pozos que entrarán en funcionamiento en enero de 2022.
PetroTal espera alcanzar en los próximos meses una producción diaria de entre 11.000 y 12.000 barriles en el campo Bretaña del Lote 95, lo que anualmente arrojaría una producción de unos 4 millones de barriles, que dejarían en concepto de canon para la región unos 100 millones de soles (cerca de 25 millones de dólares).
