Redacción (ALN).- La Justicia de EEUU ha aceptado el acuerdo ofrecido por la brasileña Petrobras para evitar un juicio en Nueva York. La petrolera pagará 2.950 millones de dólares de indemnización a los accionistas que llevaron a la compañía ante los tribunales estadounidenses. La petrolera brasileña Petrobras informó este jueves de que la Corte Federal de Nueva York aprobó el miércoles el acuerdo por el que, a cambio de evitar un juicio, se comprometió a pagar 2.950 millones de dólares de indemnización a accionistas que presentaron denuncias en su contra en Estados Unidos. El acuerdo busca poner fin al proceso colectivo abierto por varios accionistas de la petrolera, en el que dijeron sentirse perjudicados debido a que invirtieron en una compañía cuyos títulos se desplomaron tras la revelación de que era usada por una red de corrupción para desviar recursos públicos, según ha informado la agencia EFE. La decisión, aún preliminar, «representa un paso importante para resolver los procesos contra Petrobras en la Corte Federal de Nueva York relacionados con delitos practicados contra la compañía que fueron descubiertos por la Operación Lava Jato» (investigación que destapó el gigantesco escándalo de corrupción), informó Petrobras en un comunicado. De acuerdo con la compañía, el acuerdo pondrá fin a todas las demandas pendientes y a otras eventuales denuncias de compradores de papeles de Petrobras en Estados Unidos. La empresa agregó que el juez del caso aún analizará posibles objeciones que presenten los demandantes y realizará una audiencia el 1 de junio próximo para determinar «si el acuerdo es justo y razonable», tras lo cual se pronunciará de forma definitiva sobre la propuesta. Petrobras insistió en su comunicado en que su propuesta para indemnizar a los inversores en Estados Unidos no representa un reconocimiento de culpa o de práctica de actos irregulares. El valor de la indemnización propuesta a los accionistas estadounidenses equivale a casi dos veces todos los beneficios que la empresa obtuvo en los nueve primeros meses de 2017. Se trata de un acuerdo judicial histórico para una compañía brasileña y del quinto mayor de una empresa para evitar que sus accionistas la lleven a juicio en Estados Unidos.
