Redacción (ALN).- La oposición al chavismo parece dispuesta a negociar acuerdos sobre la flexibilización de sanciones económicas, mejores condiciones electorales y pactos de convivencia, pero no parece mostrar la misma apertura ante la iniciativa de retirar una millonaria recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.
Fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien propuso la idea tras participar en una reunión privada en París con los jefes de las delegaciones para la negociación entre el chavismo y la oposición, los presidentes de Argentina y Francia, así como la canciller de Noruega, país garante de los diálogos.
Según el mandatario colombiano, EEUU “tiene unas variables que jugar” para fomentar acuerdos políticos en Venezuela y es quien debe, a su juicio, rectificar los procedimientos contra Maduro de cara a una elección presidencial justa en 2024.
“¿Cómo se puede hacer una elección libre si hay un precio sobre tu cabeza medido en millones de dólares para que te maten?”, reclamó el presidente colombiano. Petro también propuso una amnistía general y el “desbloqueo” de la economía venezolana.
Dos meses después de que la oposición venezolana, la Casa Blanca y otros 50 gobiernos del mundo desconocieran a Maduro como presidente legítimo, el Departamento de Estado norteamericano publicó en marzo de 2020 una oferta de recompensa de 15 millones de dólares por información que derivara en la captura del dirigente chavista.
“El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o la condena de Maduro”, comunicó. El gobierno, en su comunicado, invitó hace dos años y medio a contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano o a la oficina de la DEA en su país.
El entonces secretario Mike Pompeo acusó a Maduro y a otros 14 funcionarios de su gobierno por “narcoterrorismo, corrupción, tráfico de droga y otros cargos criminales”.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, hizo el mismo anuncio en una conferencia de prensa donde le acompañaron miembros del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y fiscales de Nueva York y Florida.
El aviso de recompensa sigue vigente y está aún publicado en las páginas de organismos del gobierno federal norteamericano, como la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, mejor conocida como la DEA, por sus siglas en inglés.
La ficha de Maduro lo describe todavía como “expresidente de Venezuela” y denuncia su “usurpación del poder”. También, lo señala como líder de un cartel de drogas identificado como Los Soles y de estar asociado a grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las acusaciones contra el mandatario venezolano no son retóricas. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó en marzo de 2020 una acusación en su contra por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos y conspiración para poseerlos, recordó el Departamento de Estado.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como el embajador ante Venezuela James Story, han reivindicado la separación e independencia de los poderes en su nación y han recordado que el presidente no puede dar instrucciones a otras instituciones.
Voceros del gobierno estadounidense han acotado, sin embargo, que la mesa de diálogo en Ciudad de México es el escenario ideal para debatir acuerdos. El memorando firmado en agosto de 2021 por oficialismo y oposición, con la facilitación de Noruega, incluye como quinto punto de su agenda la “convivencia política y social” en Venezuela.
A pesar de las acusaciones penales y esas ofertas de recompensa en su contra en Estados Unidos, Maduro ha viajado al exterior en dos oportunidades: en septiembre de 2021, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en México; y este mes, para sumarse a la cumbre del clima en Egipto.
Maduro, mientras, sigue adelantando sus esfuerzos en ganar reconocimiento internacional como presidente “de hecho y de derecho”, según han destacado analistas a la Voz de América.
La Interpol, como se conoce a la organización internacional de Policía Criminal, con 194 países miembro, no tiene publicada ficha alguna para la detención de Maduro.
Nada es gratis
Lauren Caballero, experto en relaciones internacionales y derechos humanos, afirma que la propuesta de Petro “puede resultar polémica bajo la lupa de sectores maximalistas de la oposición venezolana”, pero acota que “no es en sí una propuesta descabellada”.
El también especialista en ciencias de gobierno apunta que los procesos de transición pacífica a la democracia suelen ser el resultado de “negociaciones que acercan a las partes en conflicto mediante acuerdos que les ofrecen garantías a miembros del régimen”.
“Nadie va a entregar voluntariamente el poder si de ello depende la propia supervivencia, es hasta un asunto de sentido común”, comenta en entrevista con la VOA.
Caballero citó un viejo tratado sobre el arte de la guerra para advertir que no es sabio acorralar a un ejército enemigo para poner a sus hombres en una situación donde deba pelear para salvaguardar su propia existencia, pues, allí, “se vuelven feroces e impredecibles”.
“La propuesta de distensión formulada por el presidente colombiano tiene un sentido estratégico interesante si se logra implementar de manera inteligente”, opina.
Caballero recuerda que las transiciones en países como Chile, España y Polonia demandaron “grandes sacrificios” por parte de los actores involucrados.
Alberto Pinochet, dictador chileno, se mantuvo como jefe del Ejército tras dejar la presidencia, o la coalición polaca debió aceptar unas parlamentarias donde el comunismo se había reservado la mayoría de los escaños, pone de ejemplos.
“En Venezuela ha quedado claro que el maximalismo y la fórmula de presión total, no han servido sino para incrementar la conflictividad política y cerrarle las puertas a una posible transición negociada. Tal vez cambiar el esquema pueda ser más útil a tales fines”, observa.
En Venezuela, algunos líderes opositores cuestionan que Maduro aspire a que se le suspendan las sanciones económicas o la acusación penal en su contra sin dar concesiones que redunden en la redemocratización y la reinstitucionalización.
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