Redacción (ALN).- Tras la caída de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios cuya megabanda homónima tenía el control de la mayor parte de las zonas del barrio José Félix Ribas, de Petare, muchos de sus habitantes se preguntan si realmente se acabó la delincuencia en su comunidad.
Saben que, además de Wilexis y sus lugartenientes, otras bandas que operan en el sector y barrios aledaños se disputan el control del territorio, cuyos vecinos han sido víctimas durante años de actos violentos que han obligado a familias enteras a abandonar sus hogares.
Mientras tanto, los organismos de seguridad permanecen haciendo patrullajes e inspección en las casas para dar con los integrantes que quedan. Pero, además de ordenar estos despliegues ¿qué papel juega el Estado para lograr que esto se cumpla de la mejor forma durante y después de los operativos?
La Constitución venezolana establece en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Es por ello que Fermín Mármol García, abogado criminalista, indica que cuando hay megabandas que controlan territorios y a la población, el Gobierno está en el deber de perseguir y rescatar el área dominada por el crimen.
“Tiene que colocar todos sus recursos necesarios para eso: temas de inteligencia, contrainteligencia, de investigación criminal, para lograr extirpar ese tumor de violencia”, expone.
En su opinión, buscar estrategias para renovar el tejido social de la comunidad perjudicada, es la fórmula para lograr que esta pueda vivir nuevamente en tranquilidad.
Los operativos policiales
Vecinos de José Félix Ribas contaron a Crónica Uno que algunos de los operativos policiales son ejecutados de una manera que fomenta el miedo en la comunidad.
Tener una noticia en los teléfonos celulares relacionada con Wilexis, o mencionar su nombre a través de una llamada telefónica genera pánico entre algunos habitantes. Muchos prefieren no salir de sus viviendas a menos que sea necesario.
Entre las estrategias de los organismos de seguridad está la revisión de celulares, así como búsqueda de integrantes de la banda de Wilexis en las casas de las distintas zonas de José Félix Ribas.
Sobre los operativos, Fermín Mármol, recalcó que deben hacerse en el marco de la ley.
“Nadie que represente la ley y el orden puede luchar contra el mal y el delito violando la ley. Así no se construye evidentemente un binomio extraordinario de ciudadanía y autoridad”, subraya.
Asegura que el trabajo de represión, que es necesario y un deber constitucional de los Estados, proporcionarlo. Sin embargo, es una represión en el ámbito legal.
La otra cara
Para otros habitantes del barrio perteneciente a la parroquia petareña, Wilexis, uno de los delincuentes más buscados del país y cuya captura tenía una recompensa fijada por el Gobierno en $150.000, era quien llevaba la tranquilidad al barrio.
El mismo Gobierno estuvo de su lado, cuando en el primer mandato de José Vicente Rangél Ávalos, en el año 2000, fue puesto por éste como juez de paz.
Vecinos cuentan que Wilexis repartía regalos a los niños y niñas, brindaba ayudas sociales y organizaba actividades para la comunidad. Algunos habitantes de José Félix Ribas lo vieron como quien “acabó” con la inseguridad en el barrio.
También era visto por algunos como la persona que evitaba robos dentro del mismo barrio.
¿Qué viene después?
Fermín Mármol Garcia afirma que se debe regresar a la necesidad de comprender que algo no funciona como Estado.
“¿Por qué no hay prevención social? ¿Por qué los niños, los adolescentes y adultos jóvenes ven en el crimen algo rentable y de poco riesgo? ¿Cómo romper esa ecuación?”, plantea el también director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María.
En ese sentido, propone varias fórmulas en donde la invasión del tejido social, es la clave para hacer que los habitantes puedan sentir tranquilidad:
“Invadir el tejido social que tenía incrustada a una banda criminal. El Estado nacional, estadal, municipal tiene que desconcentrarse e invadir las zonas populares con una pequeña oficina del Saime, registros, notaría, INTT, un dispensario medico, una pequeña biblioteca pública, una estación de policía, para que detrás del impulso, el sector privado se sienta tranquilo de estar allí”.
“Hacer una inteligencia urbana. Empezar a poner una plaza pública, canchas deportivas. Llevar progreso y bienestar con zonas de WiFi, en donde la comunidad pueda sentirse cómoda a la hora que sea. La única manera de posterior al desmontaje de una banda criminal es la invasión del tejido social”.
Tarea de la sociedad
El especialista enfatizó en que el Estado debe impulsar la creación de infraestructura educativa, productiva y recreativa en todo el país. Esto implica desde la creación de empresas hasta escuelas técnicas y parques.
“En lo macro, se debe llenar al país de empresas, industrias, comercios, escuelas, liceos, institutos universitarios, escuelas técnicas, bibliotecas, parques, canchas deportivas. No puede ver el Estado moderno ver en el sector privado un enemigo, ni en cualquier manifestación social organizada, como un enemigo”.
Recordó que los diversos actores sociales como instituciones educativas, organizaciones civiles y religiosas juegan un rol clave en formar ciudadanos que respeten las normas y valores de convivencia. La educación y la cultura son pilares fundamentales para construir una sociedad más ética, subrayó.
“Las universidades, los gremios, las ONG, las iglesias de los distintos cultos son parte de la solución para construir a una mujer y un hombre respetuosos de la ley, la autoridad, las buenas costumbres y la convivencia ciudadana. Es la fusión de la cultura y la buena educación”.
Tomado de Crónica Uno.
Síguenos en nuestro canal de Telegram aquí
