Ernesto J. Tovar (ALN) .- En declaraciones al diario ALnavío, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, expone que “Perú se ha estancado desde hace una década, estamos con una nota desaprobatoria, como casi toda la región latinoamericana” en materia de corrupción.
Presidentes destituidos, exmandatarios encarcelados, políticos relacionados con empresas trasnacionales y acusados de lavado de dinero por miles de millones de dólares. Ese es el cuadro que refleja el estado de la corrupción en la región suramericana, donde según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional ha habido tímidos avances.
Es así como Perú, Brasil y Colombia se clasifican en el puesto 96 entre 180 países, con apenas 37 puntos de 100 posibles. Uruguay y Chile son los mejor valorados con 70 y 67 puntos, para alcanzar los lugares 23 y 26, respectivamente.
Por el contrario, Venezuela, sumergida en la dictadura de Nicolás Maduro, con acusaciones de corrupción desde el Alto Gobierno, logra el puesto 169 del mundo, con 18 puntos de 100.
“La mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción”, según Transparencia Internacional
Transparencia Internacional afirma que “es un dato perturbador que, a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos”.
Se percibe que no hay avances contra la corrupción, pese a que se reconocen logros como las investigaciones a funcionarios de alto perfil, como en Perú, donde los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala han sido requeridos por la justicia para rendir cuentas por el origen de sus financiamientos, y donde el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski está por enfrentar el vendaval que puede significar la declaración del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y que podría relacionarlo directamente con los pagos ilegales que hizo la constructora brasileña desde 2004.
Pero la sensación es que el esfuerzo contra la corrupción se ha estancado, según lo afirma el abogado José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y quien fuera procurador especial del caso Vladimiro Montesinos-Alberto Fujimori en Perú.
En declaraciones al diario ALnavío, Ugaz expone que “Perú se ha estancado desde hace una década, estamos con una nota desaprobatoria, como casi toda la región latinoamericana, salvo Chile, Uruguay y Costa Rica”.
Del Índice 2017 se extrae que la puntuación promedio en América fue de 44 puntos, mientras que la media global fue de 43 puntos. Más de dos tercios de los países del mundo (70%) obtuvieron menos de 50 puntos.
Ugaz, también exprocurador anticorrupción, confirma que con Perú ha habida una ligera mejora respecto al resultado de 2016 (35 puntos) por la actuación de los fiscales en la investigación del caso Lava Jato sobre la corrupción de Odebrecht o porque se han tomado “decisiones judiciales importantes” contra expresidentes y empresarios.
Pero advierte que “esto no quiere decir que la corrupción no está siendo un problema grave. Desde Proética (el capítulo peruano de Transparencia Internacional) se ha denunciado que la corrupción es sistemática. Y en Perú confluyen las dos formas, la llamada gran corrupción, con financiamiento ilegal a políticos, el caso Lava Jato; y la corrupción cotidiana (el pago a funcionarios para conseguir resultados). Y algo que da complejidad es que la corrupción se ha normalizado, es la forma de conseguir resultados en el Estado”.
Una cumbre contra la corrupción
Perú recibirá a los presidentes y jefes de Estado del continente en la VIII Cumbre de las Américas, cuyo eje central será “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. El cónclave ocurre en un momento en que la corrupción de Odebrecht, con ramificaciones en Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá, entre otros países, sacude a la clase política y empresarial del hemisferio, amenazando incluso la Presidencia de Kuczynski, que debe enfrentar una dura investigación del Congreso, que de nuevo podría someterlo a una votación para destituirlo.
“La corrupción se ha normalizado, es la forma de conseguir resultados en el Estado”, dice José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional
José Ugaz plantea que “ha sido un gran acierto elegir este tema y ojalá los países estén a la altura”, puesto que a su juicio se está “haciendo un esfuerzo para que no sea tan sólo una cumbre con declaración de buena voluntad sino con un programa de cambios. Y esto ocurre en un momento álgido”.
El panorama general, señala, “es bastante negativo, y esperemos que los Estados puedan reconocer que están frente a un problema sistémico y estructural: tenemos la situación en Honduras (puesto 135), Guatemala (143) y el caso de Venezuela, que detrás del autoritarismo presenta una corrupción muy importante”, por ejemplo, la denuncia del Parlamento venezolano que informó la pérdida de 11.000 millones de dólares sólo de la petrolera estatal PDVSA, en una auditoría realizada por legisladores opositores.
Agenda pendiente
Una agenda de acciones contra las prácticas corruptas también debe incorporar decisiones sobre cómo controlar el financiamiento de los políticos, en sociedades donde el crimen organizado (narcotráfico, lavado de activos, contrabando) está presente. Igualmente debe considerarse cómo establecer rendición de cuentas en áreas de compra y procura en el sector público, y en las licitaciones de inversiones de alto nivel, precisamente el nicho donde Odebrecht desarrolló su trama corrupta.
Transparencia Internacional también apunta que “la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción”, en palabras de su directora ejecutiva, Patricia Moreira.
Y en este sentido Ugaz cree que hay razones para ser optimistas. “Hay movilizaciones ciudadanas para reclamar cambios de fondo. Esta grave crisis da una gran oportunidad, pero no se puede ser ilusos”, señala. Cualquier avance contra la corrupción sólo podrá darse si ocurre sobre bases concretas, a través de un liderazgo en la clase política que tenga integridad y probidad.