(EFE).- El Gobierno de Perú endureció este jueves las medidas contra los migrantes que intentan ingresar a su territorio de manera irregular, con la entrada en vigencia del estado de emergencia decretado en todas las zonas de frontera después de que la presidenta, Dina Boluarte, responsabilizara a la migración del incremento de la criminalidad en su país.
Mientras que la medida no suscitó críticas internas, sino más bien apoyos ciudadanos y políticos, la situación en las diferentes fronteras se mantuvo en tranquilidad, con excepción de la sureña Tacna, en el límite con Chile, donde decenas de migrantes, en su mayoría de Haití, Colombia y Venezuela, protagonizaron trifulcas con agentes de la Policía Nacional.
En el momento de mayor tensión, lograron rebasar los controles de seguridad e ingresaron en el territorio peruano, donde la mayoría fueron detenidos por un contingente de agentes antidisturbios que llegó para reforzar al pequeño grupo que vigilaba el paso fronterizo.
Imágenes difundidas por el Canal N mostraron que en la zona, ubicada en medio del desierto costero atravesado solo por la carretera Panamericana, un grupo de mujeres haitianas reclamó a los miembros de la Policía por bloquearles el paso en cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Gobierno.
Posteriormente, ciudadanos colombianos y venezolanos arrojaron piedras y objetos contra los agentes, mientras al otro lado de la línea fronteriza un contingente de los carabineros de Chile impedía que regresen hacia su país.
PRIMER DÍA DE ESTADO DE EMERGENCIA
Los incidentes ocurrieron en el primer día del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en distritos de departamentos fronterizos con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile con el objetivo de incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros», según anunció el miércoles la presidenta Boluarte.
Durante el estado de emergencia, que se extenderá al menos por 60 días, la PNP vigilará el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se restringirá el ejercicio de derechos constitucionales relativos a las libertades de tránsito, de reunión y a la libertad y seguridad personales.
Boluarte informó, además, que el Ejecutivo planteará al Congreso una «reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera» y responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.
UN PROBLEMA SURAMERICANO
Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, afirmó este jueves que los países suramericanos deben «trabajar en conjunto» para afrontar la crisis migratoria y agregó que el Legislativo «va a estar atento a las iniciativas» que presente el Gobierno para controlar el ingreso ilegal de personas a su país.
Williams, un excomandante de las Fuerzas Armadas que representa al partido conservador Avanza País, remarcó que debe quedar «bien claro» que no se puede permitir la permanencia en su país de «aquellos extranjeros que están contra la ley».
«Pienso que las fronteras son porosas, se necesita más presencia del Estado», sostuvo antes de remarcar que se trata de «un problema que no es de corto plazo».
Por su parte, el Superintendente de Migraciones, Armando García, declaró que unos 100.000 extranjeros que no han prorrogado su residencia podrán regularizar su situación gracias a una amnistía aprobada por el Ejecutivo.
«Hoy ha salido una norma que permite la amnistía de multas para ciudadanos que no prorrogaron la residencia»,señaló antes de anunciar que también se habilitará un nuevo permiso temporal de permanencia para que, en un periodo de 6 meses, se regularicen los extranjeros en situación irregular en el país.
