Redacción (ALN).- Los empresarios de Venezuela han visto afectados sus negocios tras la activación de la batería de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el Gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro, se desprende de un reciente estudio aplicado a medio centenar de líderes industriales.
Los resultados de la encuesta, adelantada por el economista local Víctor Álvarez, señalan que el 60 % de las empresas han perdido los negocios que tenían con socios estadounidenses. Mientras que un 14,3 % de las industrias vio esfumarse sus contactos con pares europeos.
Con este panorama, los empresarios venezolanos han recurrido a lejanos exóticos socios de China, Rusia, Irán y Turquía. Según el estudio, el 50 % de las empresas venezolanas tiene como clientes o proveedores a industrias chinas.
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Asimismo, casi 7 de cada 10 empresas venezolanas han visto como las sanciones disminuyeron el valor de sus activos. Esto viene sucediendo con casi todos los inmuebles de Venezuela, donde es posible comprar un apartamento, en una buena zona, por menos de 20.000 dólares.
Sanciones y dificultades financieras
El estudio concluye que las sanciones crearon severas dificultades financieras a las empresas de Venezuela. Además, muchos han tenido dificultades para hacer pagos o tenido que aclarar con detalles extremos el origen de sus recursos.
Con estos datos, el 68 % de las empresas no duda en afirmar que las sanciones; que estaban destinadas a debilitar a Maduro, han terminado por afectar negativamente al tejido empresarial.
Recientemente, un grupo de académicos, investigadores, empresarios y activistas envió una carta al presidente de EE.UU., Joe Biden, en la que pidieron que continuara con «negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana», enfocadas al levantamiento de las sanciones, que «no lograron su objetivo» de sacar del poder a Nicolás Maduro.
El propio Víctor Álvarez explicó a Efe hace semanas que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho «un tremendo daño a la economía y a la sociedad» por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.
