Ysrrael Camero (ALN).- En medio de negociaciones para conseguir la aprobación de los presupuestos, con una mesa de diálogo establecida con el independentismo, e impulsando una desescalada de la disputa catalana, el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso aprobó una enmienda en el proyecto de reforma educativa de la ministra Isabel Celaá, eliminando el carácter vehicular del idioma castellano en todo el territorio español. ¿Adónde conduce esta decisión?
La Comisión de Educación del Congreso aprobó una enmienda en el proyecto de reforma educativa de la ministra Isabel Celaá, eliminando el carácter vehicular del idioma castellano en todo el territorio español. Esto ha sido fruto de una negociación entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, que derivó en 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Ciudadanos, el Partido Popular y Vox han señalado que es inconstitucional.
Este nuevo debate mezcla, por un lado, la dificultad de la democracia española para generar una legislación educativa estable, que pueda superar la volatilidad de las mayorías parlamentarias, y por el otro, la afirmación que los nacionalismos periféricos han venido haciendo de la disputa por el idioma como signo identitario.
El disenso educativo de la democracia
Durante la democracia la educación ha estado cruzada por disputas políticas, y su marco legal ha sido tan inestable como las mayorías parlamentarias, con lo que se han tenido tantas leyes como gobiernos.
Tras heredar la Ley General de Educación de 1970, el gobierno de Adolfo Suárez aprobó en 1980 una legislación para regular los centros escolares, impugnada por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que emitió una sentencia definiendo los términos de libertad de enseñanza y derecho a la educación.
Bajo el gobierno de Felipe González se impulsó una modernización en la legislación educativa, en 1985 con la LODE, y en 1990 con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). La LOGSE tuvo una duración dilatada, dando forma a la expansión descentralizada y a la modernización educativa de la democracia, reconociendo la existencia de una educación pública, una privada y una concertada, privada con financiamiento público. Con ella las Comunidades Autónomas empezaron a gestionar la educación.
Bajo el gobierno de José María Aznar se promulgó, en diciembre de 2002, una Ley Orgánica de Calidad de la Educación, cuya ejecución se paralizó tras la victoria del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004. Con este último se aprobó, en 2006, la LOE, que levantó polémicas al igualar la religión católica a otras religiones organizadas, e incorporar una Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que la oposición tildó de manipulación ideológica, motivando una fuerte oposición y movilizaciones.
Mariano Rajoy impulsó la LOMCE, denominada Ley Wert, aprobada con los votos del PP en 2013. Ratificó la obligación de garantizar la educación en castellano, restableció la religión y amplió las competencias del director frente al Consejo Escolar. Permitió entregar terrenos públicos a iniciativas privadas-concertadas. Esta ley fue recibida con movilizaciones, incluyendo una huelga general.
La Ley Celaá
Durante el actual gobierno, Isabel Celaá, ministra de Educación, ha impulsado esta nueva reforma, cuya sola iniciativa levantó alarmas en la oposición. Dependiendo de una mayoría tan diversa y endeble, y debatiéndose en un ambiente polarizado, necesitando el apoyo de los partidos nacionalistas para los presupuestos, el debate se ha visto intervenido por las disputas tácticas de la política.
Dos aspectos han generado polémica, la eliminación de la obligación de considerar al castellano como lengua vehicular de todos los centros educativos y la mayor restricción a la educación concertada.
Lo primero puede ser interpretado como una concesión al nacionalismo catalán, el PNV no lo votó, y lo segundo es parte de la agenda de los sectores más a la izquierda, críticos a colocar dinero público en la concertada, a la que consideran otra educación privada.
La disputa identitaria y la lengua castellana
Prestemos atención a la desaparición de la obligación de emplear el idioma castellano como lengua vehicular en todo el territorio. Esta disposición responde a la reivindicación que el nacionalismo catalán ha venido haciendo, desde los inicios de la democracia, para proteger la lengua catalana.
Durante la dictadura el catalán fue llevado a la periferia, imponiéndose el castellano como única lengua. Sobre la diversidad que históricamente se había formado, con una lengua catalana que había vivido su renacimiento desde finales del siglo XIX, se impuso la uniformidad.
Con la democracia se restituyó la diversidad. El artículo tercero de la Constitución privilegia el castellano, dando cooficialidad autonómica a los otros idiomas, al afirmar que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
La reaparición pública del catalán vino con la democracia. Pero el catalanismo político se enfrentaba al cambio social. El dinamismo económico atrajo miles de migrantes procedentes de todas partes de España y el mapa lingüístico distaba mucho del de 1939. El castellano era reconocido como propio por muchos ciudadanos de Cataluña.
Ante esto la inmersión lingüística se convirtió en seña de identidad del catalanismo político desde que Jordi Pujol la implantó en 1983, con el programa de normalización lingüística, que parecía pretender que Cataluña avanzara, desde la escuela pública y desde la administración autonómica, hacia un pleno bilingüismo donde convivieran, en igualdad de condiciones, castellano y catalán.
En Cataluña se habla fluidamente en ambos idiomas, y se pasa del catalán al castellano con normalidad. Pero la administración autonómica, en recurrentes momentos, ha privilegiado al catalán por encima del castellano, al considerar que el primero corre peligro de desaparecer si no se le protege. El catalán es hoy el lenguaje dominante en la administración pública catalana, desde la escuela hasta el Govern.
Esto generó resistencia, lo que explica, en parte, la aparición de Ciutadans como fenómeno catalán, para proteger los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. La fisura entre ERC y Ciudadanos pasa por este tema lingüístico. También ha escalado a los tribunales, donde diversas sentencias han definido los márgenes entre ambos idiomas.
Esta decisión está lejos de convertirse en Ley, debiendo aprobarse en el Congreso de los Diputados, y deberá sortear demandas ante los tribunales. A pesar de esto, será presentada por ERC como un triunfo del catalanismo identitario. No parece haber sido fruto de un debate centrado en el proyecto educativo común, sino una transacción política en medio de una táctica de supervivencia. ¿Superará esta legislación educativa a la legislatura de Pedro Sánchez?
