(EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propuso este miércoles al Congreso un plan de «regeneración democrática» para mejorar, dijo, la transparencia informativa de los medios y conocer sus propietarios y fuentes de financiación, pero la oposición conservadora mayoritaria consideró que intenta así la censura y el control de la prensa.
El Plan de Acción por la Democracia, que será negociado con los grupos parlamentarios y hablado con representantes de los medios, según Sánchez, pretende más independencia y pluralismo informativos y protección de la democracia, y también incluye medidas que afectan al Gobierno, los parlamentarios y el sistema electoral.
Sánchez puso como referencia el reglamento de libertad de medios aprobado por el Parlamento Europeo, apoyado por todos los grupos de la Eurocámara, menos la ultraderecha, recordó.
En consonancia con el mismo, que debe trasponerse a la legislación española, Sánchez defendió fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios privados españoles.
«Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencias de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria», comentó Pedro Sánchez, que gobierna en coalición con Sumar (izquierda) y sin mayoría parlamentaria.
Reforzar el derecho al honor
Antes, había insistido en la necesidad de limitar la financiación que las administraciones públicas dedican a los medios.
El objetivo es evitar medios que tengan «más financiadores públicos que lectores» y partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los impuestos, y apuntó una actualización de la ley de publicidad institucional.
Abogó por acabar con presiones de partidos y empresas a los medios, y planteó cambios legislativos para reforzar los derechos al honor y de rectificación.
Los medios tienen que ser libres, con su propia línea editorial, pero los ciudadanos también pueden defenderse si son injuriados, según la Constitución, argumentó.
Sánchez se comprometió el 29 de abril a «trabajar sin descanso (…) por la regeneración pendiente» de la democracia española y el avance y consolidación de libertades.
El líder socialista decidió seguir al frente del Ejecutivo después de cinco días de reflexión sobre lo que consideró campaña de «fango» y «descrédito», «acoso y derribo» contra él y su esposa, Begoña Gómez, por parte de la oposición conservadora (Partido Popular, PP) y de extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha.
Un juzgado de Madrid investiga desde abril a Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, y que la Fiscalía pidió archivar.
«El mayor ataque a la libertad de información»
El líder opositor Alberto Núñez Feijóo, del PP, acusó a Sánchez de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos debido a las investigaciones por supuesta corrupción que afectan a su esposa y su hermano, David Sánchez, y por un supuesto cobro de comisiones ilegales en el suministro de mascarillas a varias administraciones públicas.
«Esto puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española», advirtió el líder opositor a Sánchez sobre el plan.
Y le pidió explicaciones sobre sus reuniones con su mujer y un empresario, según declaró este ante un juez, en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo las consideran en la normalidad de una ronda de contactos de Sánchez con empresarios.
El líder de Vox, Santiago Abascal, opinó que a Sánchez no le preocupa la calidad democrática, solo comprar líneas editoriales de medios y promover la «persecución ideológica».
Según Sánchez, «no es intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad» entre medios. El problema de una democracia no es la discrepancia ni la crítica, sino la mentira, consideró, y las medidas propuestas no son buena noticia para quienes «han convertido la mentira en un negocio rentable».
El plan también prevé ampliar y mejorar la cantidad y la calidad de la información gubernamental. En ese contexto, la ciudad española de Vitoria acogerá en otoño de 2025 la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Igualmente, una reforma para endurecer las sanciones para diputados y senadores que no presenten, falseen o recorten su declaración de bienes y actividades.
Y otra para hacer obligatorios los debates electorales y que las encuestas publicadas incorporen todos los datos y el método de estimación de resultados.
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