Ysrrael Camero (ALN).- El 7 de octubre Pedro Sánchez presentó las líneas generales para impulsar la recuperación de la economía tras la pandemia. La noticia quedó oculta bajo el ruido de las decisiones judiciales y del conflicto con Madrid.
Los anuncios de Pedro Sánchez se ajustan al debate global y europeo. En la incertidumbre parece abrirse paso un consenso, en organismos internacionales, en las comunidades académicas y políticas, de que se requerirá de la acción expansiva del Estado.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, así como las instituciones europeas, promueven la movilización de recursos públicos para reactivar una economía que retrocede en 2020 en proporciones no vistas desde la Gran Depresión.
La oportunidad histórica de darle forma al futuro
Eso genera una oportunidad histórica a las coaliciones gobernantes, sobre todo en aquellos países que disponen de recursos. Como ocurrió en Estados Unidos durante la depresión, que colocó a Franklin D. Roosevelt en la oportunidad de ofrecer un Nuevo Trato en 1933, o como ocurrió a los gobiernos europeos tras 1945, que definieron la reconstrucción de una Europa social y democrática.
Evitar la depresión y la guerra era la obsesión de los decisores en 1945, ese compromiso se expresó en el orden mundial establecido. Hoy es evitar una reversión de la globalización, con la generalización de políticas autárquicas, así como evitar el retorno a la pobreza.
La respuesta europea presiona a España
La economía europea retrocederá 8,7% durante 2020, y para 2021 se espera un crecimiento de 6,1%, por lo que sólo podría recuperarse el nivel previo a la pandemia en 2022. Las exigencias sobre Europa derivaron en una decisión inédita, posible por la activación del eje franco-alemán, de aprobar 750.000 millones de euros en un fondo extraordinario para la recuperación, con un endeudamiento común.
Para acceder a los fondos la Unión Europea (UE) exige a los Estados líneas generales antes del 15 de octubre, esta presión se trasladó a la dividida política española. El anuncio de Pedro Sánchez del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece este marco.
España prepara un tercer salto
La economía española recibe la crisis con una deuda que supera el 110% de su PIB, y con un déficit público del 9,5%. El margen de maniobra, sin reformas fiscales y tributarias, parece escaso para ejecutar un plan de estímulo. Eso hace imprescindible el acceso a fondos europeos.
La oportunidad histórica está allí. Hay dos precedentes de reformas. Durante la dictadura franquista el Plan de Estabilización de 1959 contribuyó a modernizar la economía, aún lastrada por las cicatrices de la guerra y la austeridad de la posguerra, poniendo énfasis en la inserción en la economía mundial, atrayendo capitales, acercándose a Europa y a América. La apertura al turismo con su influencia cultural, contribuyó a generar un nuevo aire que precedió a la transición.
En los años 80 España vivió otro gran salto. Su incorporación a las Comunidades Europeas en 1986, vino acompañada con procesos de reconversión industrial y con fondos europeos que permitieron construir una infraestructura de comunicaciones que la colocaron a la vanguardia regional. Autopistas, aeropuertos, así como la expansión de la red de ferrocarriles cambiaron la fisonomía española, integrándola en Europa.
Un paquete keynesiano y verde impulsado desde Moncloa
El gobierno ofrece impulsar, con recursos europeos, una España cohesionada y verde, incorporada al mundo digital y sin brechas de género. Esfuerzo realizado en colaboración entre sector público y privado, con los agentes sociales, en cogobernanza con las autonomías, las municipalidades y la academia.
El anuncio de Pedro Sánchez del 7 de octubre coloca la transición ecológica en un lugar central, lo que podría contribuir a definir este impulso como un Green New Deal español, tomando el nombre de lo que algunos demócratas impulsan en EEUU.
Los recursos europeos supondrían para España 140.000 millones de euros, fondos Next Generation EU, a ser ejecutados en seis años. Sánchez acortó el tiempo a lo que le queda de legislatura, es decir, a los próximos tres años, invirtiendo 72.000 millones de euros y prometiendo crear 800.000 empleos.
Define una decena de políticas tractoras, que se articulan con lo discutido en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica. En primer lugar una agenda territorial, tanto urbana como rural, en respuesta a la España vaciada, promoviendo agricultura ecológica y actividad en el entorno rural.
En segundo lugar resiliencia ecológica, con preservación de los ecosistemas, y reducción de las tensiones generadas sobre los recursos hídricos para hacer frente al cambio climático. El impulso a una transición energética hacia un patrón de generación y consumo descarbonizado y renovable es anunciado como tercera línea.
La modernización de la administración estaría dirigida a su digitalización, incrementando la ciberseguridad. Los cambios en el tejido productivo, con la recuperación del turismo, combinan la economía verde con la digitalización. Educación y salud pública son pilares fundamentales del Estado social, y recibirían entre ambos un tercio de la inversión derivada de este plan.
Durante la pandemia también se ha visibilizado la importancia de la estructura y economía de cuidados, articulada con la política de empleo, buscando dinamizar el mercado laboral para hacerlo menos vulnerable. Esta línea recibiría 17,6% de los fondos.
La clave de esta lista de buenos deseos no se encuentra sólo en los fondos europeos, sino en la reforma estructural de todo el sistema fiscal y tributario de España. Esta es la décima política tractora pero se coloca en el centro de toda reforma.
Buenos deseos, duras realidades
El anuncio de este inmenso paquete se vio silenciado por la diatriba política y el conflicto entre administraciones, así como por la decisión de un juez contra uno de los vicepresidentes, Pablo Iglesias.
Varios retos políticos debe enfrentar este plan para tener viabilidad. Primero, no puede ser el plan de un partido, sino una empresa común y transversal de la sociedad. Esto obliga a restablecer la convivencia fracturada. En segundo lugar, la coordinación con los niveles autonómicos y municipales, vital para la cogobernanza de los fondos europeos, también parece frágil. En tercer lugar, la construcción de amplios consensos sobre la reforma fiscal y tributaria, que debe implicar a los agentes sociales, empresarios y trabajadores.
Sin esto la noticia no sólo desaparecerá de los telediarios, sino también de los libros de historia.
