Ysrrael Camero (ALN).- La pandemia global del Covid-19 ha golpeado simultáneamente a tres niveles los sistemas de organización social: A la sanidad pública sobre la que recae la respuesta concreta, a la economía que lanzó a la hibernación, y a la política que está obligada a reordenar las relaciones entre Estado y sociedad, para limitar la propagación, proteger a los vulnerables y organizar la reconstrucción. En España se ha incrementado la tensión sobre un gobierno de coalición que nació endeble, en un ambiente crispado y polarizado, y con un margen de maniobra muy limitado.
El carácter inédito de la pandemia, para la cual no existía una planificación específica, ha significado una cadena de difíciles decisiones, tanto técnicas como políticas, que requerían más capacidad para generar consensos que la que han demostrado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Ambos líderes han construido su carrera creciendo en medio de polarizaciones y de conflictos. Esta es la prueba de fuego para demostrar su capacidad para dialogar, negociar y consensuar con fuerzas distintas, más allá de aquellas que los respaldaron para llegar y mantenerse en Moncloa.
Frente a una crisis de estas proporciones, grande era el campo para el error y estrecho el margen para el acierto. Por eso resulta tan importante la comunicación entre los sectores técnicos y políticos, así como los puentes de coordinación y cooperación con los actores políticos, nacionales y autonómicos. Es probable que el grueso de los errores en la gestión del gobierno derive justamente de su escasa capacidad para construir ese diálogo.
El manejo que el gobierno ha realizado de la epidemia ha estado sometido a duras polémicas con la oposición, desde aquella que cuestiona el inicio mismo del confinamiento, tras los eventos del 8 de marzo, hasta las que derivaron de la adquisición de pruebas y de material sanitario con deficiencias, así como la vulnerabilidad con la que el personal sanitario ha enfrentado la pandemia.
Así Pablo Iglesias paga el costo de madurar en política y en el poder
Las estructuras de respuesta sanitaria dependen fundamentalmente de las Comunidades Autónomas, muchas de las cuales están gestionadas por líderes provenientes de fuerzas distintas a las del PSOE-Podemos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es del Partido Popular, y Quim Torra, President del Govern catalán, es de Junts per Cat, siendo Madrid y Cataluña las autonomías que concentran la mayor afectación por la enfermedad.
La corresponsabilidad entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos es una exigencia que se desprende de la manera en que se organizaron las competencias de las instituciones. El Estado de Alarma ha derivado en un mando único centralizado en Moncloa, pero la gestión política de la crisis seguía obligando la creación de un amplio frente unido, y esa era una responsabilidad primordial del gobierno central.
La cogobernanza ha sido débil porque el gobierno central ha descuidado la comunicación cotidiana con la oposición, con Pablo Casado especialmente, y con las Autonomías. Es imprescindible la creación de una línea permanente de comunicación entre Moncloa y Génova, la sede del PP, así como entre Moncloa y Ferraz, para fortalecer el rol del PSOE, más allá del carácter ejecutivo con que Sánchez maneja la política.
Las ruedas de prensa diarias y las video-llamadas con los Presidentes de las Comunidades Autónomas no sustituye una política de comunicación corresponsable, que implique a los otros en los niveles de decisión y en el acceso a los datos técnicos que sostienen cada movimiento. Ha faltado transparencia justamente porque el gobierno ha estado tratando de proteger su propia fragilidad, y esa opacidad lo ha vuelto aún más frágil.
Esto se ha reflejado en la última discusión realizada en el Parlamento para aprobar una nueva prórroga del Estado de Alarma. Los argumentos técnicos son sólidos, pero la confianza política sobre la que debe sostenerse una política está más débil que nunca antes. Nunca ha estado más cerca una derrota del gobierno de Sánchez que sea más costosa para la sociedad española. El levantamiento del Estado de Alarma, por razones políticas y no técnicas, hubiera sido grave para la gestión de la pandemia.
En el debate, precedido por campañas implacables, no solo se ha contado con la mirada crítica del Partido Popular y de Vox, lo que se daba por descontado, sino que se ha sumado Esquerra, cuya abstención fue clave para la investidura del actual gobierno.
La crítica, incluso de aliados como Más País, pero también la del PNV, apuntaban en el mismo sentido, la exigencia de que el gobierno escuche a los otros actores, que descentralice la administración de la desescalada, y que amplíe el consenso de su coalición, al menos a efectos de la gestión de la epidemia y de la recuperación económica posterior.
Finalmente, la continuidad del Estado de Alarma ha contado con el apoyo de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, quienes recuperaron algo del sentido común que parecía caracterizarlos en sus inicios, y del apoyo de la diputada de Coalición Canaria, quien señaló la importancia que una llamada de José Luis Ábalos tuvo para que cambiara su posición de abstenerse al voto a favor.
A pesar de la crisis, al gobierno de coalición de Pedro Sánchez lo salva que las elecciones generales parecen encontrarse lejanas, que una moción de censura en España requiere una candidatura alterna, y ninguno de los actores que podría tener deseos de descolgar a Sánchez de La Moncloa, tiene interés en ver a Pablo Casado a la cabeza de un gobierno del Partido Popular con los ultras de Vox.
Paradójicamente, la retórica implacable de la oposición que mantiene al gobierno contra las cuerdas, en las redes sociales y en los titulares de prensa, es el cemento que mantiene a sus apoyos políticos concentrados en sostener a Pedro Sánchez como Presidente, convencidos de que es la mejor alternativa posible, respecto a su sustitución.
