(EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que defenderá «la dignidad de las víctimas del franquismo» frente al «retroceso» que representan los gobiernos autonómicos del conservador PP y el ultraderechista Vox, tras la petición de tres relatores especiales de la ONU.
Los relatores pidieron a España que adopte «todas las medidas necesarias» sobre las llamadas «leyes de la concordia» impulsadas en tres regiones españolas por gobiernos de ambos partidos, al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
«El retroceso que representan los gobiernos autonómicos de (Alberto Núñez) Feijóo y (Santiago) Abascal (los líderes de PP y Vox respectivamente) no son una amenaza sino una realidad», alerta Sánchez en la red social X, en la que reitera el compromiso del Ejecutivo central con la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo.
Equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia.
Igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad.
El retroceso que representan los gobiernos autonómicos de Feijóo y Abascal no son una amenaza sino una realidad.
El Gobierno de España defenderá la…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 3, 2024
En su mensaje, el presidente del Gobierno español recrimina al PP y Vox: «Equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia. Igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad».
La petición de la ONU al Gobierno español
Este viernes se conoció una comunicación conjunta de la ONU, elaborada por tres relatores especiales a petición del Gobierno español, en el que instan a España a adoptar medidas encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las «graves violaciones de los derechos humanos» y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas.
La ONU entiende que las leyes denominadas «de concordia» que se tramitan en los parlamentos de tres comunidades autónomas – Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, gobernadas por PP y Vox- obstaculizarían el derecho a conocer la verdad sobre la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
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El pronunciamiento de la ONU se recoge en una comunicación conjunta de los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea Bissau.
El informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos» y que no hacerlo compromete la responsabilidad de España.
