Oscar Medina (ALN).- El gobernante Partido Colorado intentó forzar la aprobación de un proyecto de enmienda que permita la reelección presidencial. Y los paraguayos salieron a las calles a rechazarlo. Ahora, el Presidente impulsa una mesa de diálogo a la que la oposición ha puesto condiciones. En Venezuela se podrían aprender unas cuantas cosas. Un líder conservador quiere reelegirse presidente. Y otro de izquierda quiere lo mismo. ¿Qué hacen? Coinciden en sus ansias de poder y hacen que las organizaciones políticas pacten y desarrollen una maniobra en el Parlamento para hacer avanzar lo que ya había sido rechazado antes: la propuesta de una enmienda constitucional que les permita optar por un nuevo periodo. ¿Y a qué condujo esto? A que unos cuantos miles de ciudadanos salieran a protestar a las calles, a la represión policial y a que parte del Congreso terminara en llamas. El mensaje fue claro: no nos van a meter esa trampa así nomás.
Hubo heridos, por supuesto. Más de 200 detenidos y un joven asesinado por disparos de la policía durante un allanamiento ilegal a la sede del partido que se ha opuesto con mayor ahínco a la reforma, el Liberal.
Los paraguayos no quieren reelección para que no se les atornille algo semejante al chavismo
Eso es Paraguay, claro. Sucedió el 31 de marzo y durante la madrugada del 1º de abril. A todos sorprendieron esas imágenes de fuego y desmanes. Y los venezolanos, que creemos que nuestra desgracia política es la medida de las desgracias de la región, quisimos ver en ello el mal ejemplo que hemos dado: los paraguayos no quieren reelección para que no se les atornille algo semejante al chavismo. Pero en realidad hay que leer mejor el caso de Paraguay, porque más bien podríamos recibir lecciones. Todos.
La reelección en ese país está prohibida por la Constitución aprobada en 1992 con el regreso de la democracia al finalizar la dictadura bestial de Alfredo Stroessner, el militar que gobernó con el Partido Colorado desde 1954 y hasta 1989. Por tanto, los paraguayos conocen bien estos asuntos. Ahora el mismo Partido Colorado -del cual forma parte el presidente Horacio Cartes– intenta impulsar una reforma en alianza con sus rivales del izquierdista Frente Guasú, que quiere hacer retornar a la Presidencia al defenestrado Fernando Lugo, destituido en 2012. Es decir, cuando las ganas se juntan, no importan las posiciones ideológicas: las elecciones son el año próximo y la tentación de poder es mucha.
La reelección está prohibida por la Constitución aprobada en 1992, tras la dictadura bestial de Alfredo Stroessner / Wikipedia
Lo más llamativo de la respuesta ciudadana no fue su virulencia. Lo que de verdad resulta interesante fue la rapidez, lo temprano de la reacción. La gente de Cartes y de Lugo pactaron para forzar la aprobación del proyecto en el Senado, pero eso no implica que ya estuviera listo para ejecutarse. Fue el primero de tres pasos. El segundo trámite lo tiene controlado el presidente Cartes: debe ser ratificado en la Cámara de Diputados donde el Partido Colorado es mayoría. Y de ahí tiene que ser sometido a consulta en un referendo. Es decir, el pueblo tendrá la última palabra.
Para muchos, como ya se ha visto, lo indicado fue actuar sin demora. Dar un mensaje inmediato. Con todo y el hecho de que lo que se propone es apenas la posibilidad de optar por un segundo mandato, no por la reelección indefinida. Ya la clase política no puede tener dudas sobre lo que piensa una cantidad importante de ciudadanos.
La posición inicial del gobierno de Cartes fue la clásica de los bandidos: todo es culpa de la oposición, todo es culpa de los medios. De manual. Pero tal parece que escuchó la voz del Papa. Francisco abogó por una solución negociada a esta crisis. ¿Vio Cartes la posibilidad de ganar tiempo y calmar los ánimos? Es posible. ¿O reevalúa si es conveniente o no forzar a una nueva explosión civil? También es posible.
Condiciones para el diálogo
Cartes convocó a una mesa de diálogo que -de momento- luce como una puesta en escena para explicar mejor la intención del proyecto y sus alcances y limitaciones. ¿Y la oposición se desmovilizó? ¿Aceptaron ir sin condiciones? No. El Partido Liberal no acudió a la cita: para ellos la enmienda aprobada por los senadores debe ser anulada antes de sentarse a hablar. El miércoles 5 se hizo la primera reunión. A ella asistió el presidente del Senado, el liberal Roberto Acevedo, quien luego de escuchar dejó el mensaje: no acudirá a la segunda cita -pautada para este viernes 7- si no se cumple con esa exigencia y se esclarece el asesinato del joven militante liberal.
El Gobierno hizo más. Lejos de excusar y defender a los funcionarios responsables de la represión de la protesta, rápidamente fueron destituidos el ministro de Interior y el jefe de la Policía. También hay un agente acusado por el homicidio. No se ha dado el caso, a diferencia de lo que se ve en Venezuela a diario, de representantes del Gobierno o de los colorados insultando o descalificando a los opositores ni a la gente que participó en las manifestaciones. Al menos no en los términos en los que se hace en Venezuela: nada de apátridas, ni golpistas, ni descalificativos cargados de homofobia y desprecio.
Para la oposición la enmienda aprobada por los senadores debe ser anulada antes de sentarse a hablar
¿Han intentado llevar la enmienda a su segundo paso en la Cámara de Diputados para aprovechar su mayoría? No. El oficialismo decidió que no se discutirá el proyecto mientras se mantenga el diálogo y se llegue a una solución de consenso.
¿Y la gente que protestó se ha quedado conforme y en silencio? Tampoco. Podría decirse que ha habido una suerte de reflexión colectiva después de la rabia inicial. Y por eso las reseñas de la prensa ya no reflejan titulares de alarma. El 3 de abril hubo otra protesta en la que participaron miles de personas muy cerca del Congreso, pero esta vez sin violencia y con el firme propósito de recolectar firmas para solicitar al Gobierno que desista del proyecto de enmienda. La policía, por su parte, estuvo presente pero sin reprimir a los manifestantes. No hubo motivo alguno: la gente tiene el derecho -aunque los gobernantes suelen olvidarlo- a expresar su descontento en las calles.
Tal parece que esta historia podría -podría- tener un buen final y que serán los ciudadanos y no la ambición de la clase política quienes decidan, como debe ser en democracia. Eso está por verse.
