Daniel Gómez (ALN).- La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución son cuatro aseguradoras de venezolanos intervenidas en Panamá en los últimos años. Estos casos ocurrieron antes de que los reguladores del país intervinieran el banco de Víctor Vargas, AllBank, a principios de septiembre.
AllBank, entidad del Grupo Financiero BOD de Víctor Vargas, es la más reciente firma de capital venezolano intervenida en Panamá, pero no la primera. La decisión sobre AllBank tuvo lugar el 9 de septiembre y fue motivada por su débil cartera de préstamos, así como por sus vínculos con otra institución intervenida propiedad de Víctor Vargas, el Banco del Orinoco en Curazao.
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Antes del caso AllBank, cuatro aseguradoras de capital venezolano fueron intervenidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Los motivos que alega se repiten: denuncias de clientes, irregularidades en los pagos y falta de transparencia.
También hay un nombre que se repite: el del venezolano Leopoldo Castillo Bozo, quien era el principal accionista de dos de las cuatro empresas intervenidas. Los otros dos son Omar Faría y Oswaldo Karam. Este último es el protagonista de la intervención más reciente.
Otras aseguradoras de venezolanos están operando en Panamá: Banesco Seguros, del magnate y banquero Juan Carlos Escotet, La Regional de Seguros, Mercantil Panamá Seguros, y Aseguradora Ancon. Esta última, además, ocupa el sexto puesto en el ranking de aseguradoras de Panamá que elabora la Superintendencia, acumulando el 3,4% de las pólizas, de acuerdo con la última actualización. La cuota de los otros bancos ronda el 1%. Banesco ocupa el puesto 13, La Regional el 17 y Mercantil el 18.
La Floresta de Seguros y Vida
“La toma de control administrativa y operativa” de La Floresta de Seguros y Vida por parte de la Superintendencia ocurrió el 27 de junio de 2019. Los motivos fueron:
– “Errores e inconsistencias” en el plan de regularización.
– “Insuficiente” liquidez.
– No cumplir con el capital mínimo exigido de cinco millones de dólares.
– No mantener contrato de reaseguro “para la mayoría de líneas de seguro”.
– No poder emitir estados financieros “por falta de información que debe suministrar la empresa”.
Ante estas cuestiones, la Superintendencia intervino La Floresta, propiedad del venezolano Oswaldo Karam Maciá, también empresario asegurador en Venezuela y presidente del Instituto Médico La Floresta, uno de los centros médicos más importantes de Caracas y del país.
La cuota de mercado de La Floresta en Panamá era muy baja. Apenas acumulaba el 0,2% de las pólizas.
BBA Corp
Ocho sanciones por quebrantar las normas del sector asegurador en Panamá. Multas que fueron desde los 600 hasta los 250.000 dólares. En las dos últimas ocasiones por “incumplir el régimen de lavado de dinero”. Por estos motivos, el 17 de mayo de 2018, la Superintendencia intervino a BBA Corp.
El máximo accionista de la empresa es el empresario venezolano Leopoldo Castillo Bozo, quien presidió el grupo BanValor de Venezuela y las filiales BBA Bank NV en Aruba, Seguros BBA en Panamá y Seguros BanValor, también en Panamá. Y también intervenida.
Seguros BanValor
La intervención de Seguros BanValor, del venezolano Leopoldo Castillo Bozo, ocurrió el 23 de septiembre de 2010. La falta de pago a los acreedores y la “insuficiencia en la representación de las reservas técnicas”, con un índice de cobertura mínimo, de 0,72%, provocaron la acción del regulador panameño.
Esta fue la primera vez que la Superintendencia intervino una aseguradora de capital venezolano en Panamá. El segundo caso data de 2015.
Seguros Constitución
La liquidaron el 4 de agosto de 2015. Operaba en Panamá desde 2008. Su dueño era el venezolano Omar Faría, dueño en Venezuela de Grupo Seguros Constitución.
En esta ocasión, la Superintendencia ordenó una “liquidación forzosa” porque Seguros Constitución presentaba “irregularidades” en las cuentas, así como “incumplimientos financieros y administrativos”. El diario panameño La Prensa dijo que varios clientes se quejaron ante las autoridades porque muchos reclamos de asegurados y de afectados no se pagaron.
