Antonio José Chinchetru (ALN).- El aislamiento internacional del presidente venezolano ha aumentado tras las elecciones del domingo, cuya legitimidad ha sido rechazada por la mayor parte de la comunidad internacional. La práctica totalidad de los países democráticos de cuatro continentes está elevando la presión sobre el régimen chavista, y las sanciones se van a multiplicar.
Las elecciones presidenciales del domingo, organizadas para perpetuar en el poder a Nicolás Maduro y afianzar su régimen, se han vuelto contra el sistema chavista y su actual líder. A raíz de los comicios, ha aumentado la presión internacional sobre el autócrata. Llega desde cuatro de los cinco continentes habitados. La posibilidad de nuevas sanciones ya es una realidad para EEUU (que las ha reforzado), la Unión Europea, los 14 miembros del Grupo de Lima y Australia. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado que no concederá nuevos préstamos a Venezuela.
Donald Trump ha tomado personalmente el liderazgo de la respuesta estadounidense a Maduro, que tradicionalmente estaba en manos del vicepresidente, Mike Pence (Ver más: Donald Trump se pone al frente de la operación contra Nicolás Maduro). El régimen chavista respondió expulsando al encargado de negocios y al jefe de la sección política de la embajada de EEUU en Caracas (Ver más: ¿Hasta dónde puede llegar la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro?).
En reciprocidad, el Departamento de Estado de EEUU ha tomado la misma medida con el máximo responsable de la representación diplomática venezolana en Washington D.C. y a la vicecónsul general de Venezuela en Houston.
Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México anunciaron de forma conjunta posibles medidas políticas y sanciones financieras
En su estrategia de redoblar el cerco sobre el régimen chavista, el Gobierno de EEUU encargó al vicesecretario de Estado, John Sullivan, que tratara esta cuestión en la reunión de cancilleres del G-20 celebrada en Buenos Aires a principios de esta semana. Como resultado de estos oficios, seis países firmaron una declaración conjunta. En ella, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México anunciaron que “considerarán posibles medidas políticas y económico-financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro”.
Varios de los gobiernos firmantes de esta declaración están adquiriendo un gran protagonismo en la reacción internacional frente a Maduro. Es el caso de Canadá. En los últimos días ha suscrito tres comunicados diferentes en esta línea (incluyendo el firmado en la capital argentina), por su pertenencia a tres conjuntos de países distintos.
Es uno de los 14 miembros del Grupo de Lima, que en su comunicado de este fin de semana abre la puerta al establecimiento de sanciones financieras contra el régimen chavista (Ver más: El Grupo de Lima anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Maduro).
Canadá también es uno de los firmantes de la nota conjunta del G-7 (formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EEUU) y la Unión Europea en la que se rechazan los comicios y se exige la restauración de la “democracia constitucional”). Un punto común en esos tres posicionamientos es la exigencia de que el gobierno de Maduro permita la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela.
Al igual que Canadá, Argentina, Chile y México forman parte del Grupo de Lima (que también integra a Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía). Todos los miembros de esta agrupación acordaron reducir el nivel de sus representaciones diplomáticas en Caracas. Aunque no se llegue a la ruptura total de relaciones, una retirada masiva de embajadores representa una fuerte medida de presión internacional que deja en evidencia el aislamiento creciente del régimen chavista. Chile ya ha anunciado que no enviará embajador a Venezuela.
México toma medidas concretas
Por su parte, México ha dado un paso adelante que va más allá de la reducción de la representación diplomática. Las máximas autoridades financieras han advertido a las entidades que operen desde el país “sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela reputados como inválidos por los organismos internacionales”. La Secretaría de Hacienda y las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas (CNSF) y del Sistema de Ahorro para el Retiro han informado además que “están evaluando las medidas” que se adoptarán sobre quienes operen con organismos públicos venezolanos. De esta manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto comienza a aplicar sanciones financieras concretas contra el chavismo.
En el Viejo Continente la presión sobre el chavismo no es menor que en América
En el Viejo Continente la presión sobre el chavismo no es menor que en América. Además de firmar la declaración conjunta con el G-7, la Unión Europea está estudiando aplicar nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. El primero en anunciarlo fue el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que lo comunicó de forma pública el lunes. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se expresó en términos similares dos días después. Las nuevas medidas concretas de la UE, que ya ha sancionado a numerosos dirigentes chavistas, se decidirán el próximo lunes en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembro.
Al margen de países, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya ha tomado medidas concretas, si bien en el comunicado en el que informa sobre ellas no las vincula de forma explícita con la situación política. El organismo ha anunciado que no volverá a hacer préstamos a Venezuela mientras este país no pague la parte de la deuda contraída que tendría que haber cancelado ya. El régimen chavista debe al BID más de 2.000 millones de dólares, de los que tendría que haber pagado ya 212,4 millones.
