Ysrrael Camero (ALN).- A mediados de año todo parecía cocinado, la voluntad aquiescente del principal partido de oposición parecía estar ratificada en un mensaje de Whatsapp de Pablo Casado a Pedro Sánchez, señalando su disposición a renovar los poderes, con un acuerdo entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP). Hoy, todo parece haber saltado por los aires. ¿Qué se encuentra por debajo de este nuevo bloqueo?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el cuerpo colegiado autónomo que administra al Poder Judicial, es decir, es el gobierno de los jueces en España, para garantizar su independencia. Está conformado por 20 vocales, nombrados por el Rey, pero elegidos por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, por votación calificada.
Son electos por cinco años, pero en diciembre cumplirán un septenio en sus cargos. Los vocales actuales han culminado el período para el que fueron designados, por lo que su sustitución es obligatoria. Pero, en estos momentos, se encuentra bloqueada su renovación. No es la primera vez, Mariano Rajoy bloqueó su renovación cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, tal como Pablo Casado lo hace ahora, en ambos casos eso permitió la pervivencia de una mayoría más conservadora en este cuerpo.
La Constitución obliga a que su nombramiento sea fruto de la votación de una mayoría calificada de tres quintos del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista (PSOE), que encabeza un gobierno de coalición estructurado de manera endeble, está muy lejos de encontrar los votos necesarios, siendo imprescindibles los votos del Partido Popular (PP).
En 2019 estuvo cerca de alcanzarse un acuerdo, que hubiera elevado, por consenso, al juez Manuel Marchena a la presidencia del CGPJ, pero la publicación de un mensaje de Ignacio Cosidó, portavoz del PP, afirmando que controlaría a la Sala Segunda “por detrás”, destruyó el pacto antes de consumarse. Todo parecía volver al punto inicial.
A finales del mes de julio y principios de agosto de este año se venía adelantando un nuevo acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar la cúpula del Poder Judicial, pero las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo al salir de la vocería del PP, fueron ocasión para que Casado detuviera cualquier concreción, alegando que mientras Unidas Podemos (UP) se encontrará compartiendo gobierno con el Partido Socialista no podrían avanzar.
Casado alega que UP está sometido a averiguación por financiamiento ilegal, y que el partido del vicepresidente Pablo Iglesias ataca la jefatura del Estado pidiendo un referéndum sobre la Monarquía.
Lo cierto es que la decisión del PP y de Pablo Casado puede tener una interpretación de largo aliento más consistente. En lo que se refiere al nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ, así como los del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, el tiempo podría llegar a beneficiar al Partido Popular.
Las perspectivas económicas tras el duro impacto del coronavirus podrían arrastrar al endeble gobierno de PSOE-UP en unas futuras elecciones generales. El giro hacia el centro que Casado está dando al Partido Popular parece estar teniendo un efecto consistente en las encuestas, en la medida en que pasa el tiempo el apoyo a los populares se incrementa, y las perspectivas de Vox, su competidor interno, se difuminan. Es lógico que Casado espere una mayoría de derecha en unas próximas generales, eso cambiaría el marco para avanzar a un acuerdo de renovación del Poder Judicial.
En ese momento una negociación para renovar estas estructuras consolidaría una mayoría conservadora en este cuerpo colegiado. Pero incluso, si esa negociación no es posible, la actual estructura, heredada de la época de Rajoy, sigue contando con una mayoría conservadora.
Por su parte, Ciudadanos ha dado un paso a un lado, sosteniendo que es necesario cambiar las reglas de selección, sacándolas del control parlamentario, para colocarlas íntegramente en manos de sus pares, de los jueces.
UP, que también ha sido recurrentemente crítico sobre la independencia del Poder Judicial, podría haberse beneficiado con dos vocales dentro del CGPJ en esta ocasión, por lo que son menos vehementes en cualquier exigencia de separar la selección de los miembros del cuerpo a las Cortes.
Las huellas de la Transición
Acá también podemos detectar cómo España ha venido cambiando desde que se inició la transición a la democracia, y cómo los debates de 1978 siguen teniendo repercusiones hoy.
En el centro del debate se encuentra una de las máximas dificultades del diseño institucional de las democracias liberales contemporáneas, la preservación de la independencia de los tribunales y del Poder Judicial. Si no hay tribunales independientes todo el andamiaje del Estado de derecho puede llegar a entrar en crisis.
En la Constitución de 1978 está consagrada la independencia del Poder Judicial, estableciendo las garantías de inamovilidad e independencia de sus miembros, así como la necesidad de legitimidad democrática de los mismos, y la creación de un órgano colegiado, de parcial elección parlamentaria, para el gobierno de los jueces. Cuando decimos elección parlamentaria calificada, de tres quintos, nos referimos a una obligación del constituyente de establecer acuerdos entre los representantes del pueblo, entre los diputados, finalmente, entre los partidos.
Uno de los problemas más difíciles de enfrentar durante un proceso de transición a la democracia, como lo fue el que se inició en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975, es la pervivencia, tanto de instituciones como de personal, provenientes del Estado autoritario, en el marco de una nueva legalidad derivada de la legitimidad popular, que proviene de la libre expresión de la voluntad popular: de la democracia recién estrenada.
Sin duda alguna las instituciones, el Estado, los jueces y los tribunales, formaban parte de una realidad heredada de 40 años de un régimen autoritario sui generis, y la iniciativa de la democratización de los poderes públicos se había generado desde dentro de las mismas estructuras del Estado. Por ende, en materia de administración y de instituciones judiciales, privó la continuidad en vez de la ruptura.
Aquellos que impulsaban, desde afuera, la democratización del Estado, tuvieron la oportunidad de influir a través del debate generado en las Cortes Constituyentes, es decir, en la redacción de la Constitución, que sería aprobada el 6 de diciembre de 1978.
Un aspecto central para lograr que la renovación del Poder Judicial lo alejara de su pasado franquista, fue pasar del gobierno ministerial de los jueces, que los hacía dependientes del Poder Ejecutivo, a la creación de un gobierno autónomo, a través de un Consejo colegiado. Entonces, en la elección de este Consejo General del Poder Judicial, en sus mecanismos de renovación y de dirección interna, y en la relación que este tiene con los jueces está la médula del sostenimiento de la independencia. Los diputados constituyentes de 1978 tomaron como ejemplo el Consiglio consagrado en la Constitución italiana de 1947.
Con el acceso a la carrera judicial organizado a través del sistema de concurso de oposiciones la nueva sociedad democrática iría transformando desde abajo la administración de justicia. Pero la selección de los miembros del Consejo debía vincularse, de manera más cercana, con la nueva institucionalidad democrática que recién se inauguraba, y que se expresaba claramente en la configuración de unas Cortes electas democráticamente por el pueblo español.
En esos momentos de euforia democrática, los partidos gozaban de prestigio y popularidad, no sólo por ser expresión de la voluntad de los españoles, sino porque la credibilidad de sus líderes se encontraba vinculada a una perspectiva esperanzadora respecto al futuro.
El control parlamentario, negociado y pactado entre los representantes de la soberanía popular, era garantía democrática. Los socialistas harán hincapié en incrementar el número de vocales electos por el Parlamento. Cuatro vocales serían electos por el Congreso, y otros cuatro por el Senado. Quedando los otros 12 electos por los propios jueces y magistrados.
Bajo la democracia
Tras la victoria del PSOE con Felipe González en 1982, sigue cambiando la configuración. Con la Ley Orgánica 1/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, pasan todos a ser electos por las Cortes, 12 entre jueces y magistrados, ocho entre juristas de reconocida trayectoria.
En 2001 se realizó un Pacto de Estado entre el PP y el PSOE para la reforma de la Justicia, por el que las asociaciones judiciales propondrían una lista al Congreso con hasta 36 candidatos, de donde el Congreso elegiría los vocales de procedencia judicial.
Eso no impidió que el Partido Popular, con Mariano Rajoy, bloqueara la renovación de los órganos constitucionales en 2004, tras la victoria de Rodríguez Zapatero. Bajo el impulso de Alberto Ruiz Gallardón, del PP, en 2013, se mantuvo el nombramiento parlamentario, luego de haberlo criticado.
Hasta ahora, el consenso en mantener el control parlamentario sobre el Consejo se mantiene, pero los partidos no gozan del prestigio que alguna vez tuvieron ante la opinión pública. Y la posición de Ciudadanos apunta a ese déficit de la confianza pública en la élite política.
La apuesta de Pablo Casado puede estarse basando en esperar que el tiempo saque a Sánchez y a Iglesias de Moncloa, para ser nuevamente un gobierno del Partido Popular, el que impulse una renovación que garantice, nuevamente, la continuidad.
