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Operativo policial en barrio del oeste de Caracas será «insuficiente» para reducir inseguridad, dice director de ONG

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Redacción (ALN).- Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), consideró que el operativo policial realizado hace una semana en el barrio caraqueño Cota 905, en busca de las cabecillas que tienen azotado el oeste de la capital, será «insuficiente» para reducir la inseguridad, ya que debe estar acompañado por políticas públicas de «naturaleza democrática».

Durante una entrevista con Al Navío, también reveló que la ONG ha recibido denuncias sobre el operativo y de «discriminación» en el proceso de vacunación anticovid en el país.

– ¿Cómo califica el operativo de hace días en la Cota 905? ¿Tienen información de alrededor cuántas personas fueron desplazadas? El Gobierno dice que el operativo estuvo apegado a las leyes y DDHH…

Cómo organización de DDHH hemos reiterado que en Venezuela no existen políticas públicas de naturaleza democrática para atender la situación de inseguridad ciudadana. Hay que recordar que las políticas públicas en esta materia no significan realizar operativos puntuales de naturaleza policial, que seguramente serán necesarios en territorios que han sido tomado por grupos delincuenciales, sino que esto tiene que ir acompañado por políticas sustentables y de largo plazo para poder reducir las causas de esta situación; en primer lugar, la reforma del sistema de administración de justicia, que existan tribunales, fiscales, jueces, que realicen de manera independiente y apegados al debido proceso diferentes actividades. En segundo lugar tener un sistema penitenciario que efectivamente rehabilite a las personas que están allí privados de libertad, lamentablemente como sabemos nuestros recintos penitenciarios, ahora son las principales universidades del crimen y del delito y en tercer lugar, realizar todas las labores importantes para que los cuerpos policiales puedan tener el debido entrenamiento, las debidas condiciones que se aplican, también revisar y mejorar sus nivel de ingresos, remuneración, sus condiciones en las cuales realizan su labor para que puedan trabajar de la manera más profesional posible y por supuesto este trabajo tiene que estar apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Así que este operativo nos parece que será insuficiente para reducir el delito. Ya han comenzado aparecer denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, sobre allanamientos de vivienda sin orden judicial en las cuales se han destrozado las casas y se han robado los diferentes enseres, electrodomésticos que ahí se encontraban, lamentablemente este es un patrón recurrente en los últimos años en este tipo de operativos, y finalmente hay que recordar que el alto comisionado de la ONU ha solicitado la disolución de las FAES precisamente por pasar su actuación en este tipo de actuaciones de alta letalidad que genera violaciones a los derechos humanos y finalmente no resuelve la situación de inseguridad ciudadana; así que estamos ya comenzando a recibir las primeras denuncias, los primeros testimonios sobre robo, excesos policiales y hay una información del Monitor de Víctimas que establece que apenas 4 presuntos miembros de la banda antisocial del ‘koki’ habrían perdido la vida y que hay un número importante de 12 personas que lamentablemente fallecieron como consecuencia de las balas perdidas.

Este tipo de operativos ya no se realiza en otras regiones de diferentes partes del mundo para combatir la inseguridad ciudadana, porque son efectistas, son mediáticos, generan un efecto a corto plazo, pero no van a disminuir las causas que hacen ocurran estas situaciones de inseguridad ciudadana, no solamente tiene que haber políticas preventivas, normativas, sino también políticas efectivas de rehabilitación de las personas que han pertenecido a este tipo de grupo delincuencial.

En las últimas horas se han visto detenciones de políticos. Bachelet hace menos de dos semanas renovó sus denuncias sobre Venezuela. Algunos consideran que su postura ha sido un poco tibia ¿Qué cree usted?

Lamentablemente en Venezuela existen graves amenazas contra los derechos de libertad de asociación y reunión, con los derechos de libertad de expresión, manifestación pacífica, amenazas que se han agravado en este contexto de pandemia y esto ha sido debidamente documentado por organismos internacionales, la gravedad de la situación venezolana ha hecho que 5 importantes de mecanismo de protección internacional se hayan activado; uno de ellos es la presencia de oficiales de altos comisionados de la ONU en Venezuela que tiene la misión de mantener diálogo con las autoridades para intentar generar políticas que beneficien la situación de DDHH en Venezuela, entonces ese mandato hace que tenga un lenguaje diplomático, que se cuide muchísimo de las formas para intentar mantener ese canal abierto con las autoridades venezolanas. Sin embargo, esos informes son muy contundentes, el último por ejemplo que está enfocado en la reducción del espacio cívico y la situación del derecho a la justicia, y que refleja muy fielmente lo que está sucediendo en esas dos dimensiones.

Hay otro mecanismo de protección internacional que son mucho más contundentes porque tienen otro mandato, uno de ellos es la misión independiente de determinación de hechos, que su objetivo es clarificar y establecer si han ocurrido dentro de Venezuela delitos contra la humanidad y es por eso que sus informes tienen un tipo de lenguaje que es mucho más contundente porque señala la presunta responsabilidad no solamente de los autores materiales-intelectual. Otro mecanismo que tiene una contundencia mucho mayor es el examen preliminar dentro de la CPI para ver si sobre Venezuela se abre finalmente investigación formal sobre alguna de las situaciones denunciadas a partir de 2014.

Estos mecanismos tienen abordaje diferente sobre la violación de DDHH y hay que seguir apostando a que esa presencia se mantenga dentro de nuestro país y que sigan realizando una importante labor de contención y disuasión para la violación de DDHH, es decir nosotros ratificamos solamente gracias a la presión de estos organismos internacionales es que no tenemos situaciones mayores de autoritarismo de poder.

– ¿Cómo ve el tema del acceso a las vacunas en el país?

Lamentablemente toda la información pública sobre el covid-19 se ha convertido en un secreto de Estado. No tenemos información confiable, datos transparentes de cuántas personas se habrían enfermado ni cuántas habrían fallecido en nuestro país, y ese tipo de opacidad también está interviniendo en que no sepamos un cronograma sobre la campaña de vacunación y cuáles son los criterios para priorizar a las comunidades mucho más vulnerables.

Hay diferentes denuncias que hemos recibido que sugieren que en cada centro de vacunación hay criterios diferentes, hay sitios donde solamente convocan por el carnet de la patria y otros son más flexibles para aceptar a cualquiera que haga una cola y otros que solo vacunan a personas de la tercera edad; hay otros centros que están vacunando a cualquiera que se acerque y que haga una cola. Además. este proceso de vacunación se realiza en unas condiciones que aumentan las probabilidad que las personas se enfermen debido a la aglomeración y las largas horas que tienen que esperar para poder recibir la primer dosis. Y también hay personas que han denunciado que no se ha cumplido el cronograma para ser inmunizado con la segunda dosis (…) En tercer lugar una situación grave, el uso de vacunas que no han sido aprobadas por la OMS, es decir esta vacuna de procedencia cubana, la Abdala, que está todavía en una situación de prueba, las personas que reciban esa vacuna tienen que dar su consentimiento de que aprueban recibir ese tipo de inmunización que no ha pasado los estándares internacionales de la OMS.

Aquí hay situaciones de discriminación, no se están cumpliendo criterios técnicos y científicos sino políticos. Además hay denuncias que hay mayor cantidad de vacunas disponibles en Caracas con respecto a otras regiones del país, con lo cual también hay una discriminación territorial y además el gobierno ha anunciado que se va a vacunar al 70 % de la población, eso implicaría tener un ritmo importante de dosis al día, Médicos Unidos de Venezuela ha planteado entre 200 y 300 mil vacunas diariamente se deberían aplicar para poder llegar a esa meta y creemos que no se están aplicando esas vacunas en esa cantidad.

Entonces no tenemos información confiable y la ausencia de esa vacunación confiable hace que aumente el nerviosismo y la desesperación de la población por intentar acceder a un tipo de vacuna, ya también tenemos las primeras denuncias sobre cobros en el mercado Negro de vacunas, o incluso de fraude de vacunas que no eran reales contra el coronavirus. Hay toda una serie de irregularidades alrededor del proceso de vacunación que forma parte de este cuadro de opacidad y secretismo con el cual el Gobierno ha enfrentado la situación del covid-19 en Venezuela.

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